21 de setembro de 2021

Em Seul, os aplicativos de entrega de comida competem entre si para entregar uma refeição na “velocidade da luz”, enviando entregadores como Jang Hyuk pela cidade, correndo contra o relógio em rotas pré-planejadas por um algoritmo. O mesmo acontece em Bogotá, onde o imigrante venezuelano Lisandro Linarez corre contra o tempo, o crime e alguns cães irritados por $9/dia, se ele tiver sorte, trabalhando para a Rappi, o super aplicativo de entrega de comida.

O trabalho precário mediado digitalmente aumentou ao longo da última década. A Organização Internacional do Trabalho contou 489 plataformas de corridas e entregas ativas  em todo o mundo em 2020, dez vezes o número que existia em 2010. A natureza fluida da força de trabalho significa que há poucas estimativas consistentes de quantas pessoas estão envolvidas nesta categoria de trabalho, mas alguns pesquisadores acreditam que cerca de 10% da força de trabalho global agora se envolve em algum tipo de trabalho precário em plataformas.

Enquanto o modelo de “economia de compartilhamento” realmente começou a decolar nos EUA, as plataformas agora são globais, adaptando — ou não — seus modelos para contextos totalmente diferentes. Para tentar entender como é este tipo de trabalho fora do Ocidente, Rest of World falou com trabalhadores de plataforma em todo o mundo. Através de uma pesquisa com mais de 4.900 trabalhadores, realizada em parceria com a empresa de pesquisa Premise, e de entrevistas com dezenas de outros trabalhadores, temos tentado captar suas experiências. Encontramos grandes semelhanças: o trabalho precário em plataformas é estressante e frágil; paga relativamente bem, mas também tem custos elevados devido aos gastos com combustível, internet e seguros. Os trabalhadores, seja dirigindo um táxi na Etiópia ou um caminhão na Indonésia, não sentem que podem recusar as demandas, o que significa que raramente o trabalho é tão flexível como as empresas dizem.

Os problemas em comum que os trabalhadores precários em plataformas enfrentam, seja em Manhattan ou Mumbai, Joanesburgo ou Londres, estão estimulando a criação de um verdadeiro movimento global. Motoristas e entregadores estão se juntando através das fronteiras, pressionando as empresas e governos a reconhecerem um fato simples: trabalho precário é trabalho, e precisa ser melhor remunerado.

Médicos, motoristas, entregadores: as verdadeiras vozes do trabalho precário em plataformas

Colômbia

53,9 quilômetros

A distância percorrida em um dia por Lisandro Linarez, entregador da Rappi na Colômbia.

Sri Lanka

25%

O valor pago por Nangahami Premawathi, motorista de tuk-tuk, para os aplicativos de corrida no Sri Lanka.

Indonésia

5.0

A avaliação perfeita do motorista de caminhão Apriansa.

Índia

1.000 chamadas

O número de consultas online feitas em um mês pelo médico indiano Girikumar Venati.

Coréia do Sul

21.300 won

Cerca de $18,50. Isso é quanto o entregador Jang Hyuk ganha por hora na Coréia do Sul.

África do Sul

400 rand

Cerca de $28,00. Isso é quanto o faxineiro Nomagugu Sibanda ganha por dia na África do Sul.

Etiópia

13 horas

A jornada de trabalho do motorista Ashenafi Alemseged na Etiópia.

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O trabalho nas plataformas é precário por natureza. Mesmo que mais da metade de todos os trabalhadores dependam dele para a maior parte de sua renda, 40% deles ganham menos do que o salário mínimo. Mas não se trata apenas de dinheiro. É sobre fragilidade e insegurança. Dia a dia, os trabalhadores precários se preocupam com sua saúde, sua segurança, e se eles vão ou não fazer o suficiente para cobrir seus custos. Mais de 60% dos trabalhadores querem desistir dentro de um ano. Esse tipo de trabalho é pior para as mulheres, que ganham menos nas plataformas do que os homens. Enquanto isso, embora as maiores plataformas estejam remodelando a força de trabalho global, poucas dessas empresas mostraram que podem ter lucro de forma sustentável, dependendo de investidores para estimular seu crescimento.

Traduzido por Marco Túlio Vieira.

A la larga tradición de sublevación popular[i] debe sumarse otra línea de tradición de contención contrarevolucionaria[ii], como un hecho característico de la idiosincrasia política colombiana. El modelo atávico de confrontación bélica obedece a esta tensión entre subversión popular y contrainsurgencia oligárquica, dos líneas de tradiciones históricas en una sociedad como la colombiana que ha permanecido en un conflicto armado por más de medio siglo.

Es así que lejos de terminar, el conflicto ha entrado a una nueva fase de desarrollo luego de la firma del acuerdo de paz en 2016 por parte del Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este nuevo ciclo ha implicado una recomposición en los actores, escenarios, recursos, acciones e intenciones, como una actualización de las modalidades de la guerra que se pensaban superadas; a las nuevas modalidades del asesinato “a gota gota” – pero sistemático- de líderes y lideresas sociales ( el número total ya supera los mil), debe sumarse el regreso de los atentados con carros bomba y las masacres (el año pasado se produjeron 76 con un saldo de 272 victimas), además del asesinato también a sistemática “a gota gota” de los firmantes del acuerdo (las cifras muestran un total de 275).

Desde la refrendación (victoria del plebiscito del No con el 50, 2% de los votos) la sociedad colombiana mostró una división frente al contexto de un final del conflicto armado vía negociación política, demostrando así, una fisura entre las burguesías oligárquicas y las clases emergentes narco paramilitares, como una particularización de la dinámica global por la disputa por la hegemonía en las burguesías mundiales por la preservación de los valores tradicionales de la modernidad liberal y sus tendencias más reaccionarias y supremacistas; una división ente civilistas e irracionales en el seno de la clase dominante (los defensores de Trump y los de Biden). Las elecciones del 2018 se vieron enmarcadas por este escenario de fragmentación clasista en la burguesía en medio de una crisis de hegemonía mundial y regional. La victoria de Iván Duque candidato del partido Centro democrático significó la victoria del uribismo y con ella, una clara inclinación hacia la derechización del país en la misma vía política de carácter fascista representada por Donald Trump en los EEUU y por Jair Bolsonaro en el Brasil. Una de sus principales agendas políticas se centró entonces en el saboteo gubernamental de los acuerdos de Paz en lo interior y un ataque sistemático contra el gobierno bolivariano de Venezuela, en lo externo. El gobierno Duque no solamente objetó el trámite de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, sino que al mismo tiempo lideraba el Cerco diplomático y se convertía en el principal aliado regional de la autoproclamación de Juan Guaidó incitando a la rebelión social y a la insurrección militar en Venezuela. La estrategia era construir un golpe de Estado en Venezuela y derribar los acuerdos de Paz en Colombia, para construir las condiciones de la retomada de hegemonía norteamericana en la región latinoamericana.

Sobre este contexto nacional e internacional de crisis de hegemonía, es que en 2019 la primavera latinoaméricana llega a Colombia desatando una serie de movilizaciones que inician el 21 de noviembre, caracterizadas por constantes protestas sociales que reivindicaban problemáticas históricas como la Educación, la restitución de los derechos de las comunidades indígenas, estabilización laboral, como por problemas coyunturales ante la grave situación de orden público (masacres, asesinato de líderes y excombatientes) y el descontento por nombramientos en altos cargos públicos de figuras como Alberto Carrasquilla en el ministerio de hacienda, vinculado con actos de corrupción conocido como bonos de agua[iii], Nestor Humberto Martinez en la fiscalía, vinculado al escándalo de ODEBRECHS y Guillermo Botero en el ministerio de Defensa, que se mostraba legitimador del exterminio de líderes sociales y excombatientes de las FARC. La participación de la población en esta ola de movilizaciones latinoamericanas se motivaba por cuatro dimensiones como lo son la radicación del “paquetazo” -Ley de Crecimiento Económico-, el asesinato sistemático de la oposición (líderes sociales e indígenas, además de los excombatientes), un proyecto de educación gratuita y de calidad, como por el incumplimiento del acuerdo de paz firmado en 2016[iv].

La pandemia de covid-19 declarada el 11 de marzo de 2020 significó un apaciguamiento de la protesta, dada la necesaria medida de impedir todo tipo de aglomeración social. En medio de la declaración de “la emergencia sanitaria por causa del COVID-19” por parte del Ministerio de Salud y Protección Social (mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020), se modificó drásticamente las agendas administrativas y de planeación del Estado, suponiendo un reto doble a las instituciones y los políticos y técnicos que las dirigen: por un lado, realizar un atendimiento inmediato de tal manera que se supere de forma eficaz y eficiente la situación de Emergencia, garantizando el retorno al orden normal del funcionamiento tanto de la economía como de las instituciones y, todavía más de la vida de las personas, con el menor impacto posible; por el otro, no puede modificar la orientación previa de su funcionamiento, esto tanto con ejes estratégicos del Estado como con programas, planes y proyectos en el atendimiento de los principales problemas de la sociedad. El manejo de la pandemia en la administración Duque ha sido uno de las peores, junto con la de Bolsonaro en Brasil. Van más de 80 mil muertes y, hasta el momento sólo se ha logrado vacunar menos del 20 % de la población, en medio de un colapso del sistema de salud. El tema es que el ejecutivo, durante la crisis sanitaria, comenzó un periodo de “uso de sus atribuciones constitucionales y legales”, expidiendo una serie de Decretos a partir de la promulgación del 417 por el cual se declara un “Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”, alterando consustancialmente no sólo el ordenamiento jurídico, la vida de las personas puesta en riesgo por la Pandemia, sino también la correlación de fuerzas en el interior de la disputa por el aparato Estatal, asegurando con esto un control casi total de las decisiones frente al manejo de la contingencia sanitaria y otras eventualidades como la política fiscal o la estructura misma del control político al ejecutivo. Al decir del maestro Salomón Kalmanovitz[v], la no consulta de las implicaciones de tales decretos por los demás poderes públicos y la sociedad como un todo, se construyó una «Dictadura civil», que sólo se vería truncada por la movilización social, hasta el mes de septiembre del mismo año, a raíz del asesinato de Javier Ordóñez en manos de la policía nacional durante un control en medio del aislamiento social[vi], que reactiva nuevamente una ola de protesta social y represión Estatal policial[vii].

El coronavirus es una variable dinámica que logra acelerar o contraer la lucha de clases en el interior de cada formación social. En Colombia ha logrado acelerar la acumulación de estas tensiones sociales, dejando al descubierto tanto el agotamiento del modelo neoliberal como el repliegue hacia al totalitarismo por parte del bloque en el poder. Así mismo, el surgimiento de una clase popular subalterna, movilizada masivamente, ha demostrado una articulación difusa de las organizaciones populares, en la que más que una estrategia unificada de acción colectiva, se presenta una serie de acciones espontaneas, vinculadas a un sentimiento de indignación social y desgaste de las tradicionales organizaciones partidistas y sindicales. Se trata de contra tendencias que condicionan, objetiva y subjetivamente, el desarrollo de este nuevo ciclo de violencia en el país.

Principales acontecimientos entre 28A y 28M

• 28 Abril Inicia Jornada de movilización y protesta nacional luego de que centrales obreras y gremios articulados en el comité del paro declararán el inicio del paro nacional para 01 de mayo. El detonante de la movilización está marcado por el nuevo proyecto de reforma tributaria ante el déficit fiscal que presenta el Estado para hacer frente a la crisis económica y sanitaria agudizada con el coronavirus y que pretende extraer los recursos con impuestos que terminan de asfixiar a la clase más pobre y la clase media. La población civil comienza a demostrar su descontento a través de múltiples manifestaciones y acciones a un nivel local, regional y nacional, que van desde marchas y actos culturales, acciones de la gente del común, sin premeditación y desde la espontaneidad del descontento social, de forma diurna o nocturna en la apropiación del espacio público, hasta el derribamiento de estatuas y símbolos de la dominación colonial en algunas plazas (como fue el caso del monumento a Santiago de Belalcázar en Cali que fue derribada por indígenas Misak). Así mismo, desde el inicio de las jornadas de protesta, la respuesta represiva del Estado ha mostrado completa desproporcionalidad en el uso de la fuerza contra los manifestantes e innumerables violaciones a los derechos humanos [viii].
• 30 abril Twitter suspende cuenta de Álvaro Uribe Vélez por el contenido que incitaba a la violencia. Uribe propiamente instaba a los uniformados de la policía a utilizar sus armas de dotación como instrumentos de autodefensa del ataque de los manifestantes[ix] en medio de las protestas.
• 01 mayo marcha por la dignidad de los y las trabajadoras a lo largo y ancho del país. Continúan sumándose multitud de grupos sociales, desde juventudes urbanas, comunidades de campesinos e indígenas, hasta obreros y trabajadores de la educación y la salud, además de los trabajadores informales y desempleados.
• 02 de mayo se retiró la reforma tributaria por parte del gobierno y se presenta la renuncia del ministro de hacienda Alberto Carrasquilla. La población continúa movilizada.
• 06 de mayo se realiza un Diálogo amplio nacional en audiencia pública sobre situación en Colombia con diferentes actores, gremios y funcionarios del gobierno en la plenaria del senado de república[x]. Ese mismo día civiles armados disparan contra manifestantes en Pereira[xi]
• 07 mayo se reúnen miembros de la coalición de la Esperanza y el gobierno[xii]. Ambos sectores fijaron posiciones y advirtieron los resultados del dialogo se verán reflejados en los avances en las negociaciones con los sectores movilizados. Este encuentro fue duramente criticado por las organizaciones pertenecientes al comité del paro y por otros sectores políticos. Este hecho demuestra que el escenario de las manifestaciones se vincula al escenario de la venidera disputa electoral por la administración del Estado.
• 09 mayo continúan las movilizaciones. Civiles armados atacan a integrantes de la minga indígena y del CRIC en Cali[xiii]. El gobierno militariza la ciudad y llega a la ciudad en la madrugada del 10.
• 10 mayo se reúnen en mesa de diálogo el comité del paro y representantes del gobierno nacional. Aunque se postularon los puntos a ser discutidos, no se llega a un avance claro en las negociaciones. Los representantes del comité del paro consideran los siguientes puntos como los centrales a). Retiro del proyecto de ley reforma a la salud, b). Renta básica por lo menos de un salario mínimo, c). Defensa de la producción nacional, d).   Matricula cero y no alternancia educativa, e). No discriminación de género y sexo f). No privatizaciones y derogación del decreto 1174[xiv].
• 11 mayo muerte de Lucas Villa[xv] activista y manifestante que se ha convertido en un verdadero símbolo de la resistencia de los jóvenes y del accionar desproporcionado y brutal del Estado contra los manifestantes, demostrando la presencia de fuerzas para estatales en los ataques letales con arma de fuego a los manifestantes. Esta muerte exacerba todavía más la indignación de la población en las calles.
• 13 mayo se hace viral el suicidio de la joven Alison Lizeth Salazar Miranda quien había denunciado abuso sexual por parte de agentes del SMAD que la detuvieron en medio de las protestas[xvi]. Este es otro caso emblemático de las actuales manifestaciones, puesto que demuestra el accionar sistemático contra las mujeres y el uso de las violencias sexuales como modo de infligir terror a las manifestantes. Se registran 22 casos de abuso sexual por parte de la fuerza pública según cifras de la ONG TEMBLORES[xvii]. El descontento crece.
• 17 mayo el Gobierno ordena desplegar máxima operacionalizad policial para desarticular los bloqueos. Se hace público en confusos hechos la muerte del guerrillero de las FARC segunda Marquetalia Jesús Santrich. Duque continúa amenazando con el estado de conmoción interno. Siguen las manifestaciones.
• 19 mayo se archiva el proyecto de ley 010 de 2020 reforma a la salud[xviii] y se realiza una modificación en la estructura ministerial al nombrarse como nueva canciller a la también vicepresidenta Marta Lucia Ramírez[xix]. Esta maniobra ministerial busca encubrir la respuesta del Estado ante las manifestaciones en el escenario del seguimiento a los acontecimientos en el ámbito internacional.
• 24 mayo debate de moción de censura contra el ministro de defensa Diego Molano en el senado de la república. Las distintas fuerzas políticas se miden, presentando discursos tanto a favor como en contra del ministro y la respuesta de la fuerza pública frente a las protestas. Ese mismo día inicia una visita de la vicepresidenta y canciller de Colombia a Washington[xx].
• 25 mayo Marchas anti-bloqueos por parte de grupos de la población vinculados a la defensa del gobierno[xxi] y bases electorales del uribismo. Su símbolo es el uso de prendas blancas junto a banderas del mismo color.
• 27 mayo es tomada la decisión de la moción de censura en el senado con un resultado de 69 votos en contra y 31 votos a favor[xxii], el ministro es ratificado en su cargo.
• 28 mayo  retomada de movilizaciones a un mes del inicio de la protesta social. Ese mismo día el gobierno sanciona el decreto 575[xxiii] por medio del cual se define una asistencia militar para la garantía de la democracia a partir del robustecimiento policial y militar en distintas localidades donde persisten los bloqueos.

La militarización ha sido la respuesta del gobierno Duque, una reacción coyuntural y al mismo tiempo significa el retorno de lo reprimido, una condición estructural en la formación del Estado contrainsurgente. La policía construida para afrontar un conflicto interno, ha consolidado también un nuevo frente de batalla en las calles y contra los manifestantes[xxiv] perfilados como el enemigo a exterminar. El prolongado accionar del terrorismo policial y militar, que en lo que va ocurrido deja más de 1133 víctimas de violencia física, más de 60 muertes, 10 de ellas ayer en Cali, 1445 detenciones arbitrarias, 47 víctimas de afectaciones o perdidas oculares, 22 víctimas de violencia sexual, más de 175 casos de disparos de armas de fuego por parte de civiles armados acompañados de la policía nacional[xxv], demuestra que tanto al Estado como al uribismo en su administración, les es inherente, dijéramos, un cierto ludismo sádico, ya que vemos como se construyen los caminos legales para la legitimación del accionar violento del Estado con el decreto 575 y la criminalización de las protestas en el discurso mediático. Así que todo este escenario de movilización, puede entenderse también como una estrategia del bloque en el poder, que, sabiendo de su revés ante el enfrentamiento electoral del 2022, usa la inestabilidad interna para poder activar vías autoritarias y mantener desesperadamente el control del aparato de Estado.

Como bien es analizado por José Luis Romero en su obra clásica “Estudio de la Mentalidad Burguesa” (veáse pp. 34-45), en el seno de la formación de la sociedad burguesa se mezcla una mentalidad tradicionalista – señorial- con una actitud profana y racionalista, producto precisamente al necesario recorrido del desarrollo de la modernidad y el capitalismo sobre la base de una sociedad feudal y agraria. Las actitudes mentales cortesana, baroniales y aristocráticas persisten en contraste con una visión libre pensante e individualista. Estas variantes en el seno de la mentalidad burguesa continuan y es lo que permite comprender la formación de clases reaccionarias, adscritas a un conservadurismo de ultra derecha y clases civilistas en el seno del bloque clasista de la burguesía. En las formaciones sociales latinoamericanas – y del tercer mundo- , la edificación de la sociedad burguesa ha estado marcado por el proceso de dominación colonial, por lo que esta “formación dual” en el interior de la clase burguesa presenta todavía más complejidades en la construcción de sociedades de tipo “barroco”, mezclandose formas de dominación señorial en medio de procesos de modernización de la estructura del poder o la estructura económica. La penetración de la economía del narcotrafico en la estructura clasista y en el poder en las sociedades latinoamericanas, también construye nuevos enlaces en esta “formación dual”, ahora, lo cierto es que, ha ido creciento la tensión entre estas diferentes fracciones, condensandose sobre ambos núcleos de la mentalidad burguesa alrededor de diversos escenarios de confrontación oligarquica.

Es muy complejo caracterizar la formación de clases en una sociedad como la colombiana en la que la construcción de redes de poder local se produce a partir del fenómeno de los clanes políticos, mezclándose no sólo lógicas feudales sino incluso problemas que tienen que ver con las formas del parentesco en algunas regiones del país. Sin embargo, es claro que el aparato del Estado tradicionalmente ha sido construido como una máquina de consolidación de cohesión nacional y dispersión regional interclasista. La primera finalidad, sobre la idea del “proyecto nacional”, consolidó las clases oligárquicas en sus intereses sobre el reparto de las ganancias totales en la riqueza de la nación; mientras que la segunda, construye al Estado como el escenario de la fragmentación oligárquica regional. Este carácter en la formación del Estado y de las oligarquías en Colombia, es por lo que, en el actual contexto, no se trata tanto de una crisis de gobernabilidad (por más que Duque sea uno de los presidentes con más poca credibilidad y popularidad de los últimos tiempos en Colombia), más bien es una crisis de hegemonía al interior de la burguesías y clase política tradicional, contrapuesta en dos bloques, civilistas -santistas e irracionales-uribistas, en la disputa por el control de la maquina burocrática.

El repliegue de las oligarquías narco paramilitares sobre el control autoritario del poder, contrasta con el llamado de las oligarquías civilistas al dialogo y a la construcción de un gran pacto y consenso nacional. La amplia gama de fuerzas del progresismo alternativo (en donde podemos incluir una gran variedad de fuerzas políticas que, desde partidos como el Polo Democrático, Alianza Verde, MAIS, Colombia Humana, llega hasta algunos sectores del liberalismo y el nuevo liberalismo, Dignidad, etc., para mencionar los más masivos) representa el repliegue estrategico de los amplios sectores de las burguesías y pequeñas burguesías que disputan el poder y acumulación de los cargos del Estado. Estos sectores se caracterizan por un llamado al cumplimiento de los acuerdos de paz y por demandar la retomada de las garantías constitucionales y democráticas propias del liberalismo moderno. Se trata de una base social que combina sectores de la clase media ilustrada y urbana, con reductos considerables de las elites de larga tradición en el poder y, absorbe las demandas de nuvo cuño (raciales, de género y el ambientalismo) como las demandas tradionales de gremios como las centrales obreras y campesinas.

La irrupción de una autonomía en la masa popular subalterna se presenta en medio de esta disputa en la clase dominante y, como ha sido tradicional en Colombia, mientras se enfrentan las oligarquías por el poder del Estado, surge la necesidad de articularse en medio de la confrontación, para contener y cooptar la irrupción de la fuerza política de las masas populares. Esta tradicional forma de articularse en medio de la confrontación, es lo que ha garantizado la dominación de las clases oligárquicas como bloque en medio de una disputa bipartidista de larga data y que se expresa ahora en toda una diversidad de partidos y fuerzas políticas. Esta unificación para cerrar las posibilidades políticas de transformación para estos sectores subalternos, es ya una clave explicativa para la propia formación de un Estado contrainsurgente.

Como vemos, de manera permanente y prolongada, desde hace ya un poco más de un mes, desde 28A al 28M, todos los días, de forma local, regional y nacional, se han encontrado ambas tendencias, la subversión popular y la contención policial, construyendo la actualización de ese atavismo del modelo de confrontación bélica en la formación socio-política contemporánea de Colombia.

[i] Desde las movilizaciones de resistencia indígena y campesina durante la dominación colonial, la gesta libertadora que da nacimiento a la vida republicana, pasando por la movilización (anarco) sindicalista de los trabajadores de la united fruit company, el bandolerismo liberal y el surgimiento de los grupos guerrilleros que se conocen, como lo son el EPL, ELN y las desinencias de las FARC, hasta llegar al Paro cívico del 77

[ii] Que inicia con las acciones de dominación colonial y continúan durante el proceso independentista y republicano (eventos como la navidad negra y el genocidio del Putumayo), el periodo de la Regeneración y la hegemonía conservadora, la masacre de las bananeras, la creación de los Pajaros y Chulavitas, la creación del Frente Nacional, hasta llegar a la formación de un ejército contrainsurgente, la creación del paramilitarismo, la práctica de los falsos positivos…. etc.

[iii] Para saber más del escándalo de los bonos de agua ver https://razonpublica.com/paso-los-bonos-carrasquilla/

[iv] Para una ampliación ver https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50503455

[v] Para ver la columna del Maestro  https://www.elespectador.com/opinion/dictadura-civil/

[vi] Para ver la historia del asesinato ir a https://www.eltiempo.com/bogota/javier-ordonez-historia-del-asesinato-bogota-537555 

[vii] Para ver más sobre el asunto remítase https://www.eltiempo.com/bogota/protestas-en-bogota-que-paso-el-9-y-10-de-septiembre-538693

[viii] Para ver un balance detallado de la jornada https://www.infobae.com/america/colombia/2021/04/29/este-es-el-balance-general-de-la-jornada-de-protestas-del-28-de-abril-en-colombia/

[ix] Una nota detallando el evento puede leerse en https://forbes.co/2021/04/30/tecnologia/twitter-elimina-tuit-de-uribe-que-pedia-uso-de-armas-contra-los-vandalos/

[x] Para acceder al documento http://senado.gov.co/index.php/prensa/noticias/2570-dialogo-amplio-nacional-en-audiencia-publica-sobre-situacion-de-orden-publico-en-colombia

[xi]  mayor ilustración en https://co.marca.com/claro/trending/2021/05/06/6093e08a46163fb3828b4612.html

[xii]Sobre la reunión lea más en https://www.eltiempo.com/politica/las-conclusiones-de-la-reunion-duque-y-coalicion-de-la-esperanza-586810

[xiii] Un recuento de los hechos puede leerlo también acá https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/09/terror-en-jamundi-graban-a-varios-civiles-armados-amenazando-y-disparando-contra-la-guardia-indigena/

[xiv] Para ver uno de los comunicados del comité donde queda expuesto

[xv] un recuento de los hechos https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/11/detalles-del-atentado-que-le-causo-la-muerte-a-lucas-villa/

[xvi] Lease una nota crítica sobre lo sucedido https://www.lahaine.org/mm_ss_mundo.php/paro-nacional-en-colombia-frente

[xvii] Ver cifras en https://www.temblores.org/comunicados

[xviii] Sobre este evento  https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210519-reforma-salud-paro-nacional-colombia

[xix] La declaración presidencia puede verse acá https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/presidente-duque-designa-vicepresidenta-marta-lucia-ramirez-ministra-relaciones

[xx] Un pequeño recuento de la agenda de la visita pude leerlo en https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/claves-de-visita-de-marta-lucia-ramirez-a-washington-590648

[xxi] Sobre estas marchas ver más acá http://consorciociudadano.org/la-marcha-anti-bloqueos-de-manana/

[xxii] Para leer una nota sobre esta votación ver https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/27/senado-hundio-la-mocion-de-censura-contra-ministro-de-defensa-diego-molano/

[xxiii] Acceder al documento acá https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20575%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202021.pdf

[xxiv] Una excelente nota sobre esta organización de la policía la puede encontrar en ghttps://www.nytimes.com/es/2021/05/12/espanol/protestas-colombia-policia.html

[xxv] Puede revisarse las cifras de la ONG Temblores acá https://www.temblores.org/comunicados

A imagem que ilustra este artigo é de Eibar Castillo

El 28 de abril hubo un paro general convocado por las centrales sindicales contra la reforma tributaria, que pretendía recaudar 6.500 millones de dólares en impuestos a los sectores populares y clases medias a través del IVA y otros gravámenes al consumo.

La convocatoria abrió una brecha por la que se fue colando la gigantesca rabia acumulada por una juventud que viene sufriendo todas las frustraciones imaginables, desde la precariedad laboral, la pobreza y la falta de perspectivas hasta el permanente acoso de las policías hacia sus modos de vida en las grandes ciudades.

En pocas horas, los sindicatos y las dirigencias de la izquierda fueron desplazadas por la masiva irrupción juvenil que desbordó cualquier posibilidad de canalizar la protesta por los cauces institucionales. El resto lo puso el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad), el más odiado cuerpo represivo encargado de reprimir manifestaciones y concentraciones tanto en las ciudades como en las regiones rurales.

En los siete primeros días de paro y marchas, hubo alrededor de 40 muertos por la policía, más de 1.400 lesionados, una larga decena de mujeres violadas, unos mil detenidos y más de 400 desaparecidos, jóvenes que salieron a protestar y nunca volvieron a sus casas. Día a día las cifras que aportan los organismos de derechos humanos, cuyos activistas son también objeto de la prepotencia policial, crecen y se convierten en datos difíciles de comprobar por la mezquina actitud de las autoridades.

El paro que se inició contra la reforma impositiva, se continuó con la denuncia de la represión pero, a medida que pasaron los días, la demanda central pasó a ser el fin del uribismo (régimen ultraderechista inspirado en el expresidente Álvaro Uribe), sector al que pertenece el presidente Iván Duque. En Colombia, quien dice uribismo está diciendo neoliberalismo liberal y represivo estilo Bolsonaro.

La represión y la militarización de la sociedad es la seña de identidad del uribismo. Desde que se firmaron los acuerdos de paz en 2016, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el asesinato de 1.140 líderes sociales por grupos armados ilegales que cuentan con la protección del Gobierno y de las fuerzas armadas y policiales. La violencia ha erosionado la gobernabilidad, cuando todos los sectores de la sociedad pueden contemplar la impunidad de los asesinos que siempre atacan a las organizaciones sociales.

El pésimo manejo de la pandemia ha sido la gota que colmó la paciencia de las juventudes colombianas. Hasta ahora se ha conseguido vacunar apenas al 10% de la población, mientras la ocupación de las unidades de cuidados intensivos supera el 90%, llegando al 99% en Medellín, 94% en Bogotá y 92% en Cali (https://lasillavacia.com/).

Luego de fracasar en su intento de imponer la militarización, ya que los gobernadores de las tres principales urbes que suman el 40% de la población rechazaron la medida, el gobierno de Duque profundizó la represión, mientras hacía un llamado al “diálogo” con todos los actores políticos y sociales. En los próximos días, quedarán diseñado el fin de la huelga y de la protesta y la salida política a este inédito desafío popular a una de las elites más reaccionarias del continente.

Sin embargo, el movimiento actual tiene antecedentes en la última década. En octubre de 2008 se realizó la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, propuesta por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la principal organización indígena que aglutina a nueve pueblos originarios del sur del país. La Minga llegó a Bogotá luego de recorrer el Valle del Cauca recogiendo el apoyo de los cortadores de caña, casi todos afrocolombianos pobres que estaban en huelga por salario y condiciones de trabajo.

La Minga sedimentó en una de las principales organizaciones político-sociales del país, con la creación del Congreso de los Pueblos en la Universidad Nacional de Bogotá, donde confluyeron pueblos indígenas y negros, estudiantes, campesinos y trabajadores.

En 2013 se realizó un impresionante el paro agrario contra las consecuencias del TLC con Estados Unidos, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, con la creación de las “dignidades” campesinas que fueron un golpe muy duro para la hegemonía terrateniente en las zonas rurales. En 2019 ante un paro convocado en noviembre, se produjo el primer gran desborde juvenil desde abajo, siendo la primera oportunidad en la que los jóvenes toman la iniciativa política a través de su masiva participación en la calle.

El 8 de setiembre de 2020, en plena pandemia que había forzado un repliegue del movimiento de protesta, se produjo una enorme reacción juvenil ante el asesinato por la policía del abogado Javier Ordóñez en Bogotá. Miles de jóvenes atacaron y quemaron decenas de Comandos de Acción Inmediata, instalaciones policiales en los barrios, pero la policía dio muerte a 20 personas y provocó heridas a más de 400.

La enorme movilización actual, representa el pico más alto de un ciclo protesta que puede haberse iniciado hacia fines de 2019, coincidiendo con las movilizaciones en Chile y Ecuador. Colombia se encuentra en un momento decisivo de su historia, que puede desembocar en una dictadura o una guerra civil no declarada, o producirse un quiebre de la dominación oligárquica.

En este punto, debemos recordar que a diferencia de Argentina (donde la oligarquía terrateniente quebró por la irrupción obrera el 17 de octubre de 1945) o de Brasil (donde esa clase fue domesticada por los gobiernos del Getúlio Vargas), en Colombia nunca fue posible promover cambios, ni desde abajo ni desde arriba.

El 9 de abril 1948 fue asesinado el dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán, que encabezada un amplio movimiento popular anti-oligárquico, dando inicio a una larga guerra (conocida como La Violencia), que nunca finalizó pese a los diversos pactos y acuerdos de paz.

En 1972, la misma oligarquía terrateniente boicoteó una tibia reforma agraria del presidente Alfonso López Michelsen, en el marco de la Alianza para el Progreso. Ante los avances reformistas en ancas de un movimiento campesino impulsado inicialmente desde la presidencia, los grandes hacendados firmaron el Pacto de Chicoral, que frenó en seco incluso los cambios más moderados imaginables.

El aspecto más positivo de la actual coyuntura, es que los cientos de miles de jóvenes en las calles no responden a ninguna estructura burocrática, rechazan la dirección de vanguardias y luchan según sus propios criterios. La única referencia que aceptan, es la del mundo nasa/misak del Cauca, que se ha hecho presente en Cali, por ejemplo, a través de la Guardia Indígena que apoya, cuida y acompaña las movilizaciones desde su larga experiencia y potente organización comunitaria.

Las obras que ilustran el artículo son de Oscar Murillo (1986-).

O artigo foi traduzido ao português pelo Passa Palavra: leia aqui (El artículo fue traducido al portugués por Passa Palavra: léalo aquí).

Em 28 de abril houve uma greve geral convocada pelas centrais sindicais contra a reforma tributária, que pretendia arrecadar 6,5 bilhões de dólares em tributos dos setores populares e classes médias através do IVA [Imposto sobre Valor Agregado] e outros impostos sobre o consumo.

A convocatória abriu uma brecha pela qual foi escoando a gigantesca raiva acumulada por uma juventude que vem sofrendo todas as frustrações imagináveis, desde a precarização do trabalho, a pobreza e a falta de perspectivas até o assédio permanente das polícias aos seus modos de vida nas grandes cidades.

Em poucas horas, os sindicatos e os dirigentes de esquerda foram deslocados por uma massa de jovens que extrapolava qualquer possibilidade de canalizar o protesto pelas vias institucionais. O resto foi proporcionado pelo Esquadrão Móvel Antidistúrbios (Esmad), o mais odiado órgão repressivo encarregado de reprimir reuniões e manifestações tanto nas cidades como nas regiões rurais.

Nos sete primeiros dias de greve e passeatas, houve em torno de 40 mortos pela polícia, mais de 1.400 feridos, uma dezena de mulheres estupradas, uns mil detidos e mais de 400 desaparecidos, jovens que saíram para protestar e nunca voltaram para suas casas. A cada dia as cifras que chegam às organizações de direitos humanos, cujos ativistas são também objeto da prepotência policial, crescem e se convertem em dados difíceis de comprovar pela atitude mesquinha das autoridades.

A greve que começou contra a reforma impositiva continuou com a denúncia da repressão mas, na medida em que passavam os dias, a demanda central passava a ser o fim do uribismo (regime ultradireitista inspirado no presidente Álvaro Uribe), setor a que pertence o presidente Iván Duque. Na Colômbia, quem diz uribismo está dizendo neoliberalismo repressivo ao estilo Bolsonaro.

A repressão e a militarização da sociedade é a marca do uribismo. Desde a assinatura dos acordos de paz em 2016, o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento e a Paz (Indepaz) denunciou o assassinato de 1.140 lideranças sociais por grupos armados ilegais que contam com a proteção do Governo e das forças armadas e policiais. A violência tem minado a governabilidade, quando todos os setores da sociedade podem contemplar a impunidade dos assassinos que sempre atacam os movimentos sociais.

A péssima gestão da pandemia tem sido a gota d’água para os jovens colombianos. Até agora conseguiu-se vacinar apenas 10% da população, enquanto a ocupação das unidades de terapia intensiva supera 90%, chegando a 99% em Medellín, 94% em Bogotá e 92% em Cali (https://lasillavacia.com/).

Depois de fracassar em sua tentativa de impor a militarização, já que os prefeitos das três principais cidades que somam 40% da população rechaçaram a medida, o governo de Duque intensificou a repressão, enquanto fazia um chamado ao “diálogo” com todos os atores políticos e sociais. Nos próximos dias, serão arquitetados o fim da greve e dos protestos e uma saída política para esta inédita oposição popular a uma das elites mais reacionárias do continente.

Apesar disso, o movimento atual tem antecedentes na última década. Em outubro de 2009 realizou-se a Marcha de Resistência Social e Comunitária, proposta pelo Conselho Regional Indígena de Cauca (CRIC), a principal organização indígena que aglutina nove povos originários do sul do país. A Marcha chegou a Bogotá depois de percorrer o Vale de Cauca recebendo o apoio dos cortadores de cana, quase todos afrocolombianos pobres que estavam em greve por salário e condições de trabalho.

A Marcha deu corpo a um dos principais movimentos político-sociais do país, com a criação do Congresso dos Povos na Universidade Nacional de Bogotá, onde confluíram povos indígenas e negros, estudantes, camponeses e trabalhadores.

Em 2013 realizou-se uma impressionante greve no campo contra as consequências do TLC [Tratado de Livre Comércio] com os Estados Unidos, durante o governo de Juan Manuel Santos, com a criação das “dignidades” camponesas que foram um golpe muito duro para a hegemonia do latifúndio nas zonas rurais. Em 2019 ante uma paralisação convocada em novembro, produziu-se a primeira grande revolta da juventude pela base, sendo a primeira ocasião em que os jovens tomam a iniciativa política através de sua participação massiva na rua.

Em 8 de setembro de 2020, em plena pandemia que havia forçado um recuo do movimento de protesto, produziu-se uma enorme reação da juventude ao assassinato do advogado Javier Ordónez pela polícia em Bogotá. Milhares de jovens atacaram e queimaram dezenas de Comandos de Ação Imediata, instalações policiais nas favelas, mas a polícia matou 20 pessoas e deixou feridas mais de 400.

A enorme mobilização atual representa o ponto mais alto de um ciclo de protestos que pode ter começado em fins de 2019, coincidindo com as mobilizações no Chile e no Equador. A Colômbia se encontra em um momento decisivo de sua história, que pode desembocar em uma ditadura ou uma guerra civil declarada, ou levar à queda da dominação oligárquica.

Neste ponto, devemos recordar que à diferença da Argentina (onde a oligarquia agrária foi derrubada pelo levante operário de 17 de outubro de 1945) ou do Brasil (onde essa classe foi domesticada pelos governos de Getúlio Vargas), na Colômbia nunca foi possível promover mudanças, nem de cima nem por baixo.

Em 9 de abril de 1948 foi assassinado o dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán, que liderava um amplo movimento popular antioligárquico, dando início a uma longa guerra (conhecida como La Violencia), que nunca terminou em que pesem os diversos pactos e acordos de paz.

Em 1972, a mesma oligarquia agrária boicotou a tímida reforma agrária do presidente Alfonso López Michelsen, nos marcos da Aliança para o Progresso. Ante as investidas reformistas embaladas por um movimento camponês impulsionado inicialmente pela presidência, os grandes latifundiários firmaram o Pacto de Chicoral, que obstruiu inclusive as mudanças mais moderadas que se possa imaginar.

O aspecto mais positivo da atual conjuntura é que as centenas de milhares de jovens nas ruas não respondem a nenhuma estrutura burocrática, rechaçam a direção das vanguardas e lutam segundo seus próprios critérios. A única referência que aceitam é a do mundo nasa/misak de Cauca, que tem marcado presença em Cali, por exemplo, através da Guarda Indígena que apoia, protege e acompanha as mobilizações com sua vasta experiência e forte organização comunitária.

As obras que ilustram este artigo são de Oscar Murillo (1986-).

O artigo foi traduzido do espanhol pelo Passa Palavra: leia o original aqui (El artículo fue traducido del español por Passa Palavra: lea el original aquí).

Cali, Colômbia. Os diálogos de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) estão em etapa de discussão sobre o tema de vítimas. Nesta fase, além da guerrilha e do governo, também farão parte 60 vítimas que viajarão a Havana para apresentar propostas. O desafio que ensombra o processo de paz neste momento é saber quais das vítimas estarão cara a cara com a guerrilha.

Em um país onde existem mais de 6 milhões de vítimas do conflito armado, decidir a quem dar voz é uma tarefa complicada. As diferenças entre as vítimas estão principalmente em quem foi o agressor. Muitas sofreram diversos tipos de violência causados não somente pelas FARC, mas também por outros grupos armados e pelo Estado colombiano. Por isso, foi definido pelos organizadores dos diálogos de paz que todos devem ser incluídos neste processo, não somente os que sofreram violência com as FARC.

“Separar as vítimas por vitimários não nos parece compatível com o fim de apoiar um processo que leva à reconciliação e ao entendimento”, enfatiza Fabrizio Hochschild, coordenador da ONU Colômbia.

Com a intenção de incluir o máximo de pessoas nesta etapa, a Universidade Nacional da Colômbia e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) realizaram fóruns com as vítimas nos meses de julho e agosto. Participaram mais de 1500 vítimas, com o objetivo de consolidar propostas de ressarcimento, além de constituir um espaço para o reconhecimento dos direitos e dignidade dos que sofreram com o conflito armado colombiano. Porém, um embate entre os próprios participantes mostrou que muitos não estão de acordo sobre quem deve ter voz na hora de expor as propostas em Havana.

“Não é um processo de paz com as FARC, é um processo de paz para terminar com o conflito armado colombiano”, explica Alejo Vargas, professor da Universidade Nacional e organizador dos Fóruns de Vítimas.

Esta decisão não foi bem aceita entre as vítimas das FARC, que acreditam que deve participar nos diálogos de paz somente quem foi atingido diretamente por este grupo armado.

“Que seja vítima de verdade. Que não vá uma pessoa que não tenha conhecimento do que é uma guerra”, protesta Jose, que se apresentou com um nome fictício. Ele relata que, por causa das FARC, foi psicologicamente afetado pelas bombas e minas que açoitavam a sua região, no departamento de Magdalena.

“Somos nós que devemos conversar com eles (FARC), para que digam a verdade e nos peçam perdão”, manifesta Juan Carlos, que também não quis revelar seu verdadeiro nome. Apesar de ter seu pai assassinado pelas FARC nos anos 90, ele enfatiza que estaria pronto para perdoar os responsáveis: “se não existe perdão, seguiremos em guerra”.

Por outro lado, as vítimas de outros grupos guerrilheiros e paramilitares defendem que todos que vivenciaram o conflito têm o direito de participar.

“Não são somente as FARC, existem muitas outras formas de violência”, enfatiza a transexual Michel Vasquez Higuera, membro da organização Transpopulares, que dá apoio a transexuais vítimas do conflito armado e de exclusão social. Ela protesta que também se sente vítima e por isso também quer fazer parte dos diálogos de paz, e acrescenta que “não é possível buscar uma paz se a sociedade não aceita as diferenças”.

Um fator que dificulta a categorização entre uma vítima e outra é que muitos colombianos sofreram violências por mais de um tipo de agressor. Gilma Pineda é um exemplo de vítima que vivenciou muitos tipos de hostilidades, por mais de um grupo armado.

“Se estamos pensando na paz, não devemos pensar em guerrilha, em paramilitares, nem nada disso. Queremos a paz para todos, para eles (grupos armados) e para todo mundo, e seguir adiante com nossas vidas”, suplica Pineda, que foi agredida sexualmente, perdeu seu irmão e depois seu esposo assassinados. Para preservar sua vida e de seus filhos, foi obrigada a se mudar para Bogotá.

Os diálogos de paz com as FARC se iniciaram em outubro de 2012, e já está em discussão o quarto ponto dentro de um conjunto de seis. Conta com a participação de Cuba e Noruega como observadores e Venezuela e Chile como países acompanhantes.

Pela primeira vez na história da Colômbia as vítimas do conflito participam de um processo de paz com a guerrilha mais antiga da América Latina. Apesar de discordarem sobre quem deve participar em Havana, as vítimas possuem o sofrimento em comum. Muitos estão ameaçados e por isso não sentem confiança em contar suas histórias facilmente. Por outro lado, também demonstram o desejo de serem ouvidos e compreendidos em um país que muitas vezes os ignorou. Ir a Havana é uma oportunidade de serem escutados, não somente pelas autoridades colombianas, mas também pelo mundo.

Sobre a colaboração colombo-venezuelana, as extradições e o seu significado, podem consultar-se os artigos disponíveis através dos links em seguida indicados, e outros também disponíveis no mesmo site: 1, 2, 3, 4 e 5.

Quando em 2009 comecei a denunciar as extradições dos combatentes colombianos, acusados de serem “guerrilheiros”, me deparei com a indiferença frente ao assunto por parte da maioria da esquerda. A captura e entrega “Express” pela Venezuela (ilegal, segundo a constituição venezuelana e DIH) do jornalista da ANNCOL Joaquín Pérez Becerra, justificada pelo próprio Chávez, fez soar o sinal de alerta. No entanto, nós que escrevemos para denunciar esta entrega, solidarizando-se com a vítima, fomos tratados em certos círculos quase como agentes da CIA, ingênuos utensílios do imperialismo, entre outras maravilhas. Agora, a captura e a eminente extradição de Julián Conrado, o “cantor das FARC”, faz com que os ainda incrédulos constatem que estamos frente a uma prática sistemática, uma “razão de ser do Estado”, como o próprio governo bolivariano denomina. Como corolário, a semana começou com operações militares conjuntas colombo-venezuelanas contra o ELN…

As justificativas destas ações de cooperação da Venezuela, por parte dos chavistas, com o governo que chama a si próprio de Israel da América Latina, mostram que algo está errado: desde aqueles que simplesmente culpavam a vítima por “dar mole”, os que lamentavam a entrega, mas não a criticavam porque criticar seria fazer o jogo do império (?!), até aqueles que aplaudiam a decisão e se uniam ao coro histérico anti-FARC, com um entusiasmo tão grande como qualquer uribista convicto.

Sem dúvida, o típico comunicado utilizado pelo governo venezuelano para anunciar as extradições de “guerrilheiros”, supostos ou de fato, é uma mostra desta falência moral e política:

“O Governo Bolivariano reafirma seu compromisso inabalável na luta contra o terrorismo, a delinquência e o crime organizado, em estrita observância dos compromissos e da cooperação internacional, sob os princípios da paz, solidariedade e respeito aos direitos humanos.”

O oportunismo é caracterizado por sua hesitação em vai e vem (zigue zague). Em alguns anos a insurreição passou de uma “força beligerante”, no jargão chavista, a um “terrorismo delinquente e crime organizado”. Em alguns anos, o companheiro bolivariano deixou as montanhas da Colômbia para ocupar o Palácio de Nariño. A mudança de atitude sobre a insurreição se deu em três medidas: a primeira foi pedir a rendição imediata e incondicional. A segunda foi acusá-la de ser “desculpa” para o Império em seu plano de desestabilização da Venezuela; e a terceira foi trabalhar abertamente com o regime mais sanguinário e curvado ao imperialismo na região – desde 2009 (quer dizer, muito antes de Santos chegar ao poder) foram entregues cerca de 25 colombianos para a tortura e morte certas, sem nenhuma garantia de respeito aos seus direitos, como exige qualquer democracia digna deste nome.

Estas entregas, erroneamente denominadas de “extradições”, são partes de um processo de guerra suja contra a insurreição por parte do Estado colombiano, que desde 2002 decidiu fechar as portas ao diálogo político e optar pelo extermínio das forças guerrilheiras juntamente com o tecido social do qual vivem e se alimentam. Esta guerra não é somente contra a insurreição, e sim contra todos os que, de uma forma ou outra, são favoráveis ou contra o projeto de extermínio. É uma guerra contra a insurreição, contudo afeta todo o povo sob o lema “quem não esta comigo está contra mim”. Esta guerra tem diversos aspectos, incluindo o conceito de Guerra Legal contra quaisquer formas de oposição, defensores dos direitos humanos, jornalistas, juízes, etc., o que está incluído nos documentos políticos da DAS. O conceito de utilizar as extradições como estratégia de guerra, com a aberta intromissão do Executivo em encargos judiciais, é detalhado no terceiro ponto do chamado “Salto Estratégico”, política que define a estratégia militar de contra-insurreição do Estado colombiano desde 2009, com a qual se procura:

“articular o sistema judicial para que se produza resultados exemplares, que reduzam a moral das tropas das FARCs [e do conjunto da insurreição]. A extradição, em particular, é usada como ferramenta deste componente; outro mecanismo muito útil foi evitar o processo por rebelião promovendo a condenação por terrorismo (…) Ao mesmo tempo, procurou-se criar um sistema de proteção jurídica aos efetivos das Forças Militares, com o objetivo de prevenir a desmoralização da tropa frente às condenações eventuais por violações dos direitos humanos” (“La Guerra contra las FARC y la Guerra de las FARC”, Ariel Fernando Ávila Martínez, Revista Arcanos Nº 15, Abril 2010, p. 13.).

Esta política de extradição, como dissemos, não se limita aos guerrilheiros, supostos ou de fato, mas também a civis que incomodam o regime. No começo de 2010, o Estado colombiano traçou uma estratégia para enfrentar as vozes dissidentes no estrangeiro. Nas palavras do então chanceler Bermúdez:

“Temos discutido com todos os embaixadores a importância dos governos estrangeiros estarem atentos a qualquer divulgação que faça apologia ao crime ou terrorismo. Também estabelecemos com os embaixadores pautas para que as comunidades de colombianos no exterior fiquem atentas a este tipo de manifestação”. (“Diseñan estrategia de política exterior en 2010”, El Espectador, 7 de Janeiro de 2010).

As extradições, portanto, cumprem um papel específico nesta internacionalização da guerra suja colombiana: isolar os atores insurgentes colombianos por todos os meios. Conforme expressei em um artigo anterior:

“A guerra suja da Colômbia fez grande parte deste trabalho em casa (genocídio da UP, A Luchar, Frente Popular, diversos movimentos sociais, etc.), por isso, a existência de interlocutores no plano internacional assume uma importância especial. Neste cenário, o assédio judicial (o que no jargão da DAS é conhecido como ‘guerra legal’) aos internacionalistas assume um papel central, mesmo quando não se alcançam todas as extradições solicitadas, consegue que os defensores dos direitos humanos, militantes de esquerda ou simpatizantes ideológicos da insurreição, tenham que passar para a defensiva, entrando no jogo de se defender no lugar de denunciar o regime. Cumpre também um efeito de intimidação, onde o temor da extradição acaba por inibir qualquer sombra de ‘simpatia’ (ou ainda ‘empatia’) com a insurreição, mesmo que seja somente o reconhecimento das origens históricas destas injustiças estruturais da sociedade colombiana. Esta política tem êxito em generalizar um discurso político (acima de tudo no campo das ONGs, que foram atacadas violentamente pelo uribismo) no qual se responsabiliza, acima de tudo, a insurreição por qualquer desgraça que aconteça na Colômbia.” (“De Asilos y Extradiciones: la internacionalización de la guerra sucia colombiana”, 24 de Novembro de 2010).

Agora Chávez, depois de dizer que a insurreição não era terrorista e que buscaria uma saída política, participa com gosto desta política de guerra suja patrocinada pelo “Império”.

Como explicar esta mudança de Chávez? Chávez parece ter-se esgotado como um fator político (como demonstra o fato de Humala, no Peru, fugir dele como se foge da peste), e tem procurado acomodar-se num palco de menor quantidade de mobilizações populares na região, como aquelas que caracterizaram seu primeiro ciclo de governo e, diante de Santos, procura controlar indiretamente o confronto com os EUA. De fato, os EUA, através do subsecretário para assuntos hemisférios Arturo Valenzuela, celebraram como “um passo importante” a extradição de Joaquín Pérez Becerra, mas se apressaram em dizer que continuavam a ver Chávez como um autoritário, continuando assim a isolar a ALBA (o que indica que todas as concessões que Chávez venha a fazer jamais serão suficientes). É assim que podemos ver a mudança para a estreita cooperação contra-insurreição da Venezuela com a Colômbia, com ações militares conjuntas na fronteira, entrega dos combatentes colombianos, ignorando todas as leis internacionais, como prova de amizade.

Mas, é preciso encontrar uma explicação mais profunda, uma vez que a política de Chávez se fundamenta num determinado modelo sócio-econômico, o nacional desenvolvimentismo. Sua intenção em desenvolver políticas soberanas o coloca em contradição com os EUA, mesmo quando afirma que o socialismo nunca questionou as relações de fundo ou a base material que sustenta o sistema imperialista e a oligarquia venezuelana. Então perguntamos: pode existir um anti-imperialismo que não esteja de mãos dadas com o anticapitalismo? Duvidamos disso. Devido ao fato de que o sistema capitalista é dominado pelas potências imperialistas, cedo ou tarde, quem é incapaz de pensar numa alternativa política, social e econômica, ou quem é incapaz de estabelecer as bases de um novo modelo, será obrigado a ceder às regras do jogo de quem está em condições de impô-las. Com isto, o discurso anti-imperialista inevitavelmente acabará cedendo, tal qual Gaddafi, à realpolitik da “coexistência pacífica”.

Portanto, estas extradições não são fatos isolados. Mais que isto, fazem parte de um processo crescente e inegável de degeneração burocrática, de sufocamento da iniciativa, do pouco que existe do poder popular, de direcionamento à direita das políticas e das formas de realizá-las. Em 7 de junho, milhares de venezuelanos, que participam de organizações do chamado processo bolivariano, marcharam contra a corrupção, a impunidade, o assassinato de vários dirigentes populares (todos estes, ou a grande maioria, partidários do processo), o cerco das mídias oficiais, a criminalização da luta popular e a entrega dos revolucionários colombianos. Esta marcha é muito significativa, pois demonstra que existe um importante setor que não se deixa enganar pelas motivações do Estado, estando disposto a se converter, por direito próprio e autônomo, num fator político dentro do processo. Mas os elementos verdadeiramente revolucionários do movimento bolivariano não podem se limitar a exigir “retificações” de Chávez, é preciso começar um profundo processo de auto-crítica, repensar a forma de construir o socialismo e acabar com o desesperador “culto à personalidade” que caracteriza a esquerda latino-americana. Se a servidão ideológica ao “chavismo” (seja o que for este conceito) continuar a se impor, a revolução latino-americana chegará a um impasse.

Não se pode ignorar que está acontecendo um processo de reação velada sob uma linguagem democrática imposta no continente. Com esta linguagem democrática de “luta contra o terrorismo” (quer dizer, contra todos que tentem desenvolver um projeto revolucionário por fora dos limites da institucionalidade burguesa), se constrói a “unidade latino-americana”, mas não a partir das bases exigidas pelo povo em luta, mas pelos interesses das elites econômicas criollas. Com esta linguagem democrática, Santos (um político tão reacionário quanto Uribe, mas muito mais habilidoso) conseguiu não só que Chávez colaborasse generosamente e com empenho para esmagar a insurreição e os movimentos populares colombianos, como também fez o Equador entrar no jogo e participar ativamente da estratégia de estrangulamento do exército colombiano, mobilizando 10.000 tropas equatorianas na fronteira. Enquanto lutam contra os insurgentes, os paramilitares estão autorizados a entrar e sair como se fossem donos do lugar, conforme denunciado pelas comunidades afroequatorianas de Esmeraldas, sobre a presença dos Águias Negras na região. A realidade que se vive na fronteira venezuelana com a Colômbia não é muito diferente.

A mesma dubiedade que se impõe no tema da cooperação militar (Equador e Venezuela lutam contra as guerrilhas, mas não os paramilitares) se impõe também com as extradições: não se exige o mesmo cuidado que o governo direitista panamenho teve ao extraditar a ex-diretora do DAS, María del Pilar Hurtado (que liderou a campanha de ameaças, assédio, intimidação espionagem e assassinatos de opositores e defensores dos direitos humanos, e que agora goza de todos os benefícios de asilo no país), ainda que a justiça colombiana reivindique sua extradição por crimes muito mais graves que aqueles de que são acusados Conrado ou Pérez Becerra.

Parece que o ciclo de lutas antineoliberal, aberto no final dos anos 90 e desenvolvido por grandes movimentos de massas que haviam empregado uma linguagem diferente, de democracia direta, anticapitalista, chegou ao fim, em parte pela própria insuficiência do movimento, mas em maior medida pelos governos nacionais desenvolvimentistas que se apropriaram das consignas políticas desenvolvidas pelo povo, justificando uma forma de política estatista onde muitos aspectos não se diferenciam do que tradicionalmente se conhecia. Está na hora de compreender que os governos progressistas atingiram seu auge, que podem ter feito algum esforço positivo em prol da maioria (fundamentalmente nas áreas da saúde ou educação, royalties dos recursos naturais), mas disto não passam, sendo que as tarefas do futuro, como a construção do socialismo e de libertação, serão tarefas da população, desenvolvidas diretamente por ela, sem dirigentes ou patrões. É hora de começar a caminhar com a mesma certeza de ontem, porém, com menos ingenuidade.

Artigo original (em castelhano) publicado no sítio Anarkismo.net.

Tradução de Daniel Augusto de Almeida Alves.

Investida contra os vendedores ambulantes em Pereira (Colômbia)

O Comité Permanente pela Defesa dos Direitos Humanos Risaralda denuncia a nível nacional e internacional os graves acontecimentos que relatamos em seguida:

1. Ontem, 1 de Dezembro, durante a tarde, a força pública (ESMAD e Exército Nacional) cercou o centro de Pereira e investiu violentamente contra os vendedores ambulantes, que tradicionalmente ocupam o centro da cidade, em especial na época natalícia.

2. O violento ataque e os gases lacrimogéneos lançados pela força pública não atingiram apenas os vendedores ambulantes, e as pessoas que passavam desprevenidamente pelo centro da cidade também foram alvo desta actuação violenta.

Precedentes

1. No último ano, e pela quinta vez consecutiva, Pereira foi a cidade com o maior índice de desemprego em todo o país, com uma taxa de 21,9% no trimestre de Agosto a Outubro.

2. Perante uma situação tão grave, o presidente da Câmara [prefeito] de Pereira mostrou-se completamente incapaz de resolver um problema de grande dimensão como é o do emprego, além dos factos relatados acima. Acções repressivas como a que foi executada ontem são, em última análise, da responsabilidade do presidente da Câmara [prefeito] da cidade, visto que, constitucionalmente, é ele o responsável pela ordem pública no território municipal.

3. Também deve ser lembrado que os vendedores ambulantes da cidade foram alvo de acções repressivas graves por parte de outros governos municipais, que violaram os seus direitos mais fundamentais, incluindo o direito à vida. Em 2003, durante a administração da presidente da Câmara [prefeita] Martha Elena Bedoya, foi assassinado um vendedor ambulante − John Alirio Carmona − morto devido às pancadas desferidas pela própria polícia encarregada de vigiar o espaço público.

Por tudo isto, exigimos que o presidente da Câmara [prefeito] de Pereira, Israel Londoño, em vez de autorizar violentas acções repressivas contra os vendedores ambulantes, não só apresente propostas, mas que encete uma estratégia de aumento do emprego, com plenas garantias legais, que constituam uma verdadeira opção para todos os que se inserem na economia informal, já que outras administrações locais ensaiaram soluções erradas (um claro exemplo foram os bazares populares) e que acabaram por vitimar mais ainda este sector da economia.

Pereira, 2 de Dezembro de 2009

http://discutiendoderechos.blogspot.com/

Assassinado guarda do povo indígena Embera-Chami do Município de Mistrató de Risaralda

O Comitê Permanente pela Defesa dos Direitos Humanos, denuncia ante as organizações sociais, sindicais, populares, estudantis, defensores de Direitos Humanos, e ante a opinião pública nacional e internacional:

Que no dia 11 de outubro de 2009, às 11h30m da manhã, foi assassinato o jovem de 22 anos de idade LEONARDO WAZIRUKAMA, que desempenhava a função de guarda indígena na Reserva de Purembará localizada no município de Mistrató, distrito de Risaralda.

O jovem guarda, saiu do município de Mistrató, em companhia de vários membros da comunidade Embera com destino a Reserva indígena, e pegaram um transporte público; no automóvel se encontravam vários passageiros entre eles, um homem jovem e branco que a altura da vereda “Nacederos” há 10 minutos de Mistrató, quando parou o transporte, este homem branco e desconhecido desceu do mesmo e com arma de fogo disparou contra LEONARDO
WAZIRUKAMA, empreendendo sua fuga.

ANTECEDENTES

No dia 1º de outubro de 2009, os membros do CRIR – Conselho Regional Indígena de Risaralda – foram ameaçados por uma mensagem de texto envida aos telefones celulares de alguns conselheiros, com o texto: “senhores junta diretiva da organização indígena, têm 5 dias de prazo para que renunciem por corrupção e senão correm o risco que os assassinem a vocês e a suas famílias, atentamente Bloco Sul”. Os conselheiros ameaçados foram: MARTIN SIAGAMA, JORGE VELEZ, JORGE ARCE, ALBERTO WAZORNA, SOLANY ZAPATA, GERMAN DIOSDADO GUAPACHA, JESUS NACABERA, dita mensagem também foi enviada ao Secretário e ao Tesoureiro da Reserva de Pueblo Rico. A ameaça que se produziu um dia depois de ocorrida a Audiência Pública de socialização dos resultados da comissão humanitária que se realizou no presente ano pela Defensoria do Povo, o Sistema de Alertas Tempranas da Defensoria e membros de organizações sociais e de entidades multilaterais; em dita audiência se apresentaram inconvenientes com um representante do Governo Distrital, quem afirmou que havia denunciado fiscal e penalmente os maus manejos do dinheiro público entregue aos líderes indígenas do distrito.

Cabe anotar como precedente que na vereda “Nacederos”, tem sido assassinatos no último ano outros dois membros da comunidade indígena Embera-Chamí. O 25 de julho de 2008 foi assassinato em dito lugar o Governador HUGO GONZÁLEZ BERNAZA e JOSE DIONICIO CORDOBA CHICAMA no 1º de fevereiro de 2009.

A Corte Constitucional, no alto 004 de 26 de fevereiro de 2009, ordenou ao Estado colombiano realizar todas as ações necessárias para proteger os Povos Indígenas em via de extinção por diferentes fatores de violência como, conflito armado, violência física e cultural, dentro das recomendações da Corte estão a formulação de um Plano de Salvaguarda inicialmente para 19 Povos Indígenas, dentro dos quais se encontram o Povo Embera-Chamí.

Tanto a Relatoria Especial das Nações Unidas para os Povos Indígenas como a Relatoria Especial para os Defensores de Direitos Humanos, têm conhecimento da grave situação pela que atravessam os Povos Indígenas da região, tanto que a Relatora Especial para os Defensores de Direitos Humanos recebeu uma comissão especial de organizações defensoras de direitos humanos, sindicais, Povos Indígenas do Eixo Cafeeiro, reunião que se realizou no dia 18 de setembro de 2009 na sede do Escritório do Alto Comissionado das Nações Unidas para os Direitos Humanos na cidade de Bogotá.

A Relatora Especial para os Defensores de Direitos Humanos em sua declaração inicial de 18 de setembro de 2009, manifestou suas preocupações em relação com o legítimo trabalho dos defensores de direitos humanos e líderes sócias: “[…] me preocupa profundamente o fenômeno tão estendido das ameaças provenientes de autores desconhecidos contra defensores de direitos humanos e seus familiares, que com freqüência se materializam através do envio de panfletos, sufrágios, correios eletrônicos, chamadas telefônicas e mensagens de texto. Estas ameaças geram um clima de medo dentro da comunidade de defensores de direitos humanos…”, mesmo assim afirma: “Um motivo fundamental da insegurança dos defensores de direitos humanos radica na estigmatização e no assinalamento sistemático de que são objeto por parte de funcionários do Governo”.

EXIGIMOS do Governo Nacional e Estatal:

A proteção imediata do Povo EMBERA-CHAMI do distrito de Risaralda toda vez que é evidente que existe um plano sistemático de ameaças e extermínio contra nossos povos indígenas.

Que de maneira imediata se iniciem as investigações judiciais correspondentes ao homicídio de LEONARDO WAZIRUKAWA, assim como das ameaças aos membros do CRIR no 1º de outubro do presente ano.

Se garanta o pleno exercício dos direitos do Povo Embera-Chamí em Risaralda, como o território, a autonomia, a proteção a sua cultura e em especial a vida e integridade física e mental das comunidades indígenas do distrito.

Que de maneira imediata se faça efetivo o cumprimento do Alto 004 de 2009 da Honorável Corte Constitucional, com vistas a garantir a sobrevivência dos Povos Indígenas.

Exigimos da Força Pública que se brindem as garantias de segurança para a livre mobilidade dos povos indígenas dentro de seus territórios.

À Defensoria do Povo que mantenha o seguimento e monitoramento ao informe de risco emitido sobre a situação de direitos humanos do Eixo Cafeeiro.

11 de outubro de 2009

COMITÊ PERMANENTE PELA DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS.

Enviar comunicações a:

Presidencia de la República
Dr. Álvaro Uribe Vélez,
Cra. 8 No..7-26, Palacio de Nariño,
Santa fe de Bogotá.
Fax: (+57 1) 566.20.71
E-mail: auribe@presidencia.gov.co

Vicepresidencia de la República
Dr. Francisco Santos
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co

Ministerio de Defensa Nacional
Dr. Juan Manuel Santos
El Dorado con Carrera. 52 CAN,
Santa fe de Bogotá.
Fax: (+57 1)222.18.74
E-mail:  siden@mindefensa.gov.co, infprotocol@mindefensa.gov.co,
mdn@cable.net.co,

Procuraduría General de la Nación
Dr.  Alejandro Ordoñez
Carrera 5 No. 15-80
Santa Fe de Bogotá.
Fax: (+57 1)342.97.23
E-mail:cap@procuraduria.gov.co, quejas@procuraduria.gov.co;

Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional
Humanitario.
Dr.  Carlos Franco
Calle 7 N° 5-54
TEL: (+571) 336.03.11
FAX: (+57 1)  337.46.67
E- mail: cefranco@presidencia.gov.co
E-mail: fibarra@presidencia.gov.co

Fiscalía General de la Nación
Dr. Mendoza Diago
Diagonal 22 B No.52-01
Santa fe de Bogotá.
Fax: (+571) 570 20 00
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co;  denuncie@fiscalia.gov.co

Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario
E – mail: elbsilva@fiscalia.gov.co

Defensoría del Pueblo
Dr.  Volmar Antonio Pérez Ortiz.
Calle 55 No. 10-32
Santa Fe de Bogotá.
Fax: (+571) 640 04 91
E-mail: bogota@defensoria.org.co

Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas
Fax: 1-6293637
Bogotá

Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra.
Chemin du Champ d’Anier 17-19, 1209 Ginebra.
FAX: (+4122)791.07.87;  (+4122)798.45.55
E-mail mission.colombia@ties.itu.int

Gobernador del Departamento de Risaralda
Dr. Victor Manuel Tamayo
Calle 19 Nro. 13-17 Parque Olaya Herrera
Telefax: 6-3358700
Pereira-Risaralda
Mail:  privada@risaralda.gov.co,   gobierno@risaralda.gov.co

Secretario de Gobierno de Risaralda
Dr. Germán Dario Saldarriaga
Calle 19 Nro. 13-17 Parque Olaya Herrera
Mail:  liliana.ibarra@risaralda.gov.co

Defensor Regional del Pueblo
Dr. Luis Carlos Leal
Telefax: 6-3360068
Pereira
Mail:  risaralda@defensoria.org.co

Procuradora Regional
Dra. Nidia Rodríguez Muñoz
Calle 20 Nro. 6-30 Piso 5º
Fax: 6-3359133
Mail:  regional.risaralda@procuraduria.gov.co

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
Bogotá y Risaralda
Email:    cpdhpereira@gmail.com
          comperdh@colomsat.net.com,