Miércoles, 15 de enero de 2025

Declaración sobre la excarcelación de personas reclusas por motivos políticos

El Gobierno cubano anunció este martes 14 de enero el “otorgamiento de libertad a 553 personas sancionadas por delitos diversos”, poco después de que Estados Unidos retirara a Cuba de la lista de estados “patrocinadores del terrorismo”, como resultado de una negociación mediada por la Iglesia católica.

De acuerdo con la nota oficial cubana, las personas que serán liberadas “recibirán sus respectivos beneficios gradualmente”, pero las autoridades no informaron en detalle sus nombres.

Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo, confirmó en la televisión nacional que “no se trata de una amnistía ni de un indulto”, pues estas implican la extinción total de la sanción, sino de “beneficios de excarcelación anticipada”.

Esto significa que los excarcelados deben cumplir ciertos requisitos y condiciones, incluido “demostrar buen comportamiento”, y podrían ser internados nuevamente si las autoridades lo disponen. Además, la funcionaria dijo que los delitos imputados a quienes serán beneficiados incluyen “hurto, robo con fuerza, amenazas, agresiones y sedición”.

Hasta el momento hemos recibido información de la excarcelación de algunos condenados por el 11J. Sin embargo, estaremos atentos a las condiciones en las que se les ha permitido retornar a sus hogares e informaremos en detalle en nuestras plataformas los casos que verificamos. De manera preliminar, podemos advertir sobre la coacción que supone para los presos políticos la modalidad utilizada para sus excarcelaciones.

Aun suponiendo que las 553 liberaciones serán de personas presas políticas, todavía quedarían cientos tras las rejas solo por opinar o manifestarse en contra del Partido Comunista de Cuba. Hasta hoy, Justicia 11J maneja un subregistro de 880 personas presas políticas, y de otras 37 detenidas por razones políticas, de las que esta organización no ha recibido actualización en los últimos meses y que pudiesen estar bajo medida cautelar de prisión provisional.

En el pasado la sociedad civil cubana ha sido testigo de excarcelaciones masivas de personas privadas de libertad por razones políticas, en el contexto de conversaciones con actores internacionales relevantes paralas autoridades de la Isla.

Sin embargo, más allá del justo alivio para las personas presas y sus familias, estas excarcelaciones no disminuyen la naturaleza represiva del régimen cubano, que a menudo ha vuelto a encerrar a los disidentes que no se les someten. Nos preocupa un posible escenario de salidas forzadas del país de personas privadas de libertad por razones políticas, como parte de procesos de liberación no consensuados con las propias personas encarceladas, sus familias y la sociedad civil.

Aun cuando desde Justicia 11J celebramos las excarcelaciones que están ocurriendo, exigimos que estas incluyan a todas las personas presas y detenidas por razones políticas.

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El sábado 30 de noviembre de 2024 la familia del preso político Manuel de Jesús Guillén Esplugas (29 años) fue informada por oficiales del Ministerio del Interior (Minint) sobre su muerte. El joven activista cumplía una condena de 6 años por su participación en las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021, conocidas como “el 11J”.

Su fallecimiento confirma las alertas emitidas por esta organización y otras, en relación con el grave peligro que corren los presos políticos en Cuba. Pese a la versión oficial que menciona un supuesto “suicidio”, la madre de Manuel de Jesús Guillén, Dania María Esplugas, ha denunciado que fue víctima de un crimen a manos de funcionarios del Estado cubano. Las imágenes de su cuerpo sin vida, a las que hemos tenido acceso, muestran signos de tortura.

Guillén, quien era promotor de Cuba Decide y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), se encontraba recluido en la prisión de máximo rigor Combinado del Este (La Habana). Allí, según denuncia su familia, recibió una golpiza de guardias de la prisión que le habría provocado la muerte. Otras fuentes han informado que la agresión habría ocurrido en una celda de castigo, luego de haber sido capturado tras un intento de fuga.

El preso político había estado recluido junto a reclusos comunes con delitos violentos. En abril de 2024 el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) recibió información de que Guillén se vio afectado por las pésimas condiciones penitenciaras que incluyen plagas de chinches y ratas y mala alimentación. Los carceleros le negaron en ese entonces asistencia médica y los medicamentos para la escabiosis y problemas de la piel que padecía. Estaba extremadamente delgado.

A partir de los datos disponibles en Justicia 11J y el CDPC, actualizamos la información sobre manifestantes del 11J fallecidos mientras cumplían sus sanciones, y las circunstancias en que ocurrieron los hechos. En total, tenemos registro de al menos 4 personas, todas jóvenes, que fueron condenadas por el estallido social y perdieron la vida mientras purgaban sus penas.

Todas estas muertes son atribuibles al régimen de Cuba, bien sea por comisión directa, o por negligencia y abandono en el cumplimiento de sus obligaciones de salvaguardar la vida de los reclusos.

Luis Barrios Díaz

Sentenciado a 6 años, Luis Barrios Díaz falleció el 19 de noviembre de 2023 en el hospital Salvador Allende (conocido como “La Covadonga”), en La Habana, por complicaciones respiratorias luego de una intervención quirúrgica de urgencia.

Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), presentaba problemas respiratorios desde agosto, por lo que fue ingresado en la enfermería del penal 1580 y luego trasladado al hospital Salvador Allende debido a la gravedad de su situación. Sin embargo, las autoridades penitenciarias, y contrario a las recomendaciones de los médicos, decidieron regresarlo a la prisión, alegando que no tenían combustible para garantizar una vigilancia permanente al prisionero.

Esta decisión provocó que empeorara aún más su condición de salud y ante el inminente desenlace fatal, las autoridades penitenciarias tramitaron con una celeridad inusual su licencia extrapenal, con el objetivo de desligarse de la responsabilidad, informó el OCDH.

Yosandri Mulet Almarales

Fue condenado a 10 años bajo el cargo de “sedición”, por manifestarse el 11 y 12 de julio de 2021 en el barrio La Güinera (La Habana). Yosandri Mulet falleció pocos días después de lanzarse de un puente el 22 de agosto de 2024, durante un pase del campo de trabajos donde estaba recluido. Ya había sido reportado en junio de 2022 en estado crítico, luego de que intentara suicidarse en la prisión Combinado del Este.

Idalmis Salazar González, tía política de Mulet, dijo a Martí Noticias que el manifestante “no quería estar preso” y “estaba muy alterado, dejó la merienda y otras cosas que debía llevarse” para el campamento de trabajo Toledo, en el municipio de Marianao. Según sus familiares, Yosandri Mulet padecía trastornos mentales.

El activista Marcel Valdés dijo que la familia del preso político conoció el lunes 26 de agosto la noticia de su muerte, pero que no está claro cuántos días estuvo en el hospital Julio Trigo, donde fue llevado aparentemente con vida, pues autoridades militares tomaron el lugar.

Idalmis Salazar declaró a Martí Noticias que en el hospital “había gran cantidad de agentes de la Seguridad del Estado”. En opinión del familiar, “estaban esperando que llegara la licencia extrapenal para informar su muerte, pero ya él estaba muerto”.

Geraldo Díaz Alonso

Condenado a 14 años, Geraldo Díaz murió de un infarto el 17 de octubre de 2024, a la edad de 35 años, en la prisión de Canaleta (Matanzas). Antes había tenido varios desmayos y comenzó a padecer de la presión arterial. Según su familia solo una vez en meses lo llevaron a un hospital, pero enseguida lo devolvieron a su celda. La semana anterior a su muerte volvió a sufrir otro desmayo, y en esa ocasión las autoridades carcelarias no le dieron ninguna asistencia médica.

El día de su muerte estaba trabajando en la prisión. Cuando comenzó a sentirse mal sus compañeros “lo llevaron para la enfermería, cuando estaba llegando al puesto médico tuvo el primer paro cardíaco, comenzaron a reanimarlo y también llamaron a una ambulancia. Pasó una hora más o menos, al cabo de ese tiempo y cuando parecía rebasar ese paro, tuvo un segundo paro cardíaco. Este no lo pudo rebasar”, declaró a Diario de Cuba la madre de sus dos hijos, Mercedes Sánchez.

Reiteramos nuestra solicitud de investigaciones independientes y confiables sobre estas muertes. Exigimos la liberación inmediata e incondicional para todos los presos políticos de Cuba y pedimos a la comunidad internacional que presione al régimen de La Habana para que permita el acceso a sus centros penitenciarios, donde ocurren múltiples violaciones de derechos humanos.

Publicado originalmente aqui.

Justicia 11J le invita al evento virtual “Otro año sin justicia”, que tendrá lugar este miércoles 27 de noviembre a las 3:00 pm (hora de Cuba), a través de nuestra sala de ZOOM, y será transmitido vía Facebook Live en la cuenta de Justicia 11J.

Durante el evento, se abordarán las violaciones de derechos humanos en Cuba durante el 2024, en especial las relacionadas con la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica, desde las distintas ópticas y enfoques de trabajo de las personas invitadas.

Nuestra directora, Camila Rodríguez, conversará con Inés Pousadela, Investigadora Senior de CIVICUS y Johanna Cilano, investigadora de Amnistía Internacional para el Caribe.

La Fiscalía General publicó en la noche del 9 de noviembre una nota en la que confirma lo que Justicia 11J y otras organizaciones venía alertando en las últimas semanas: está en marcha una nueva ola represiva contra manifestantes, con personas detenidas y procesos penales abiertos.

El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha cumplido su amenaza del pasado 20 de octubre, cuando advirtió que usaría el sistema judicial para castigar a quienes participen en protestas en el contexto de la crisis energética en el país.

Hasta el momento de enviar este boletín hemos verificado al menos 70 manifestaciones públicas de descontento ocurridas en la Isla desde que colapsara casi completamente el sistema eléctrico nacional el pasado 18 de octubre.

Luego del paso del huracán Rafael el día 6 de noviembre, se han producido 14 de estas protestas y al menos 17 detenciones arbitrarias.

Según las autoridades, se tramitan procesos penales por la supuesta comisión de los delitos de atentado, desórdenes públicos y daños en La Habana, Mayabeque y Ciego de Ávila. A los imputados se les ha impuesto medida cautelar de prisión provisional.

Por otra parte, este equipo ha verificado protestas en las provincias de Artemisa, Ciego de Ávila, Camagüey, Granma, Guantánamo, Holguín, La Habana, Mayabeque, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba y Villa Clara.

Asimismo, se ha logrado aunar información sobre al menos 25 personas que aún están detenidas en Ciego de Ávila, Camagüey, Santiago de Cuba y Villa Clara, en relación con su (supuesta) participación en protestas registradas desde mediados de octubre. Nos consta que al menos tres de ellas están siendo acusadas de cometer desórdenes públicos.

En Justicia 11J estamos profundamente preocupados por todas las personas detenidas de las que no tenemos información. De igual manera, nos preocupa que la Fiscalía no menciona a las personas actualmente en detención de la provincia de Villa Clara —arrestadas desde el inicio de la nueva ola de protestas en octubre— que, de acuerdo con nuestro registro, ascienden a 19, de los municipios Manicaragua, Encrucijada y Camajuaní.

Alarma que se estén desarrollando en total opacidad procesos penales contra manifestantes, pues las condenas de las personas detenidas en anteriores escenarios de protestas desde el 2021, en algunos casos se han extendido hasta más de 20 años de privación de libertad.

Reiteramos nuestro rechazo a las detenciones contra ciudadanas y ciudadanos que defienden en las calles su legítimo derecho a una vida digna, y a que su bienestar sea prioridad del Estado, los órganos de gobierno y sus funcionarios.

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“Desacato” en memes: la justificación del Estado para enjuiciar a cubanos críticos

Viernes, 11 de octubre de 2024

El opositor José Manuel Barreiro Rouco (52 años) enfrenta una posible condena de 2 años y 6 meses de prisión, según un fiscal por “acciones denigrantes y ofensivas que afectan el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana”. La principal “prueba” contra él: memes encontrados por la policía en los archivos de su teléfono celular.

El calvario penal de Barreiro no comenzó con esta acusación. Hemos monitoreado lo sucedido con él desde su arresto en junio de 2023, como uno de los casos de la campaña “Llamado a la acción por los presos políticos”. Durante el proceso han ido cambiando las supuestas causas de su judicialización, hasta que el fiscal lo acusó por compartir “imágenes en las que se le atribuían epítetos degradantes” a Fidel y Raúl Castro, y al actual gobernante Miguel Díaz-Canel.

También se le acusó de vender dólares de manera ilegal, pero Barreiro Rouco niega ambos cargos. “En ningún momento acepté haber cometido ninguno de esos dos delitos, ya que ellos se basan en la publicación de unos memes contra el Gobierno que realicé en un grupo privado de WhatsApp de la familia, una vía totalmente privada a la que ellos accedieron sin mi permiso”, dijo al medio Diario de Cuba.

“El tráfico ilegal de divisas también es una total falsedad (…), pero como no tenían nada para poder procesarme, también me quieren acusar por un dinero que no es mío”, agregó.

Su juicio del 16 de septiembre en el Tribunal Municipal de Cienfuegos quedó concluso para sentencia. Fue el segundo caso conocido en menos de un mes en el que enjuiciaron a un ciudadano por imágenes satíricas compartidas por medios digitales.

Uno de los delitos comunes imputados a Barreiro para enjuiciarlo, el de “desacato”, es utilizado con frecuencia por las autoridades cubanas para judicializar y encarcelar a disidentes, defensores de derechos humanos y en general contra ciudadanos que contradigan la política oficial.

Arony Yanko García Valdés (31 años), un enfermero residente en la ciudad de Santa Clara (provincia Villa Clara), es otro caso en el que los memes sirvieron de justificación para condenar a un ciudadano por sus críticas a las autoridades. El 19 de agosto de 2024 fue sancionado a un año y 6 meses de prisión por “desacato agravado” contra dirigentes del régimen cubano, entre ellos Díaz-Canel y el general Raúl Castro.

Justicia 11J rechaza el uso del delito de “desacato” para castigar a quienes desafían al poder cubano, autoritario y omnímodo. Llamamos la atención sobre el asfixiante entorno para la libertad de expresión que ha configurado el régimen del Partido Comunista de Cuba, donde cada vez se reportan más procesos penales abiertos por expresar en redes sociales cualquier crítica al sistema político y social impuesto desde hace más de seis décadas, sin espacio para la democracia.

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Cuba es uno de los países con mayor tasa de población carcelaria de todo el mundo, pero el régimen de La Habana no publica datos actualizados sobre el número de reclusos en sus prisiones y mantiene una cortina de hierro sobre lo que ocurre al interior de los centros penitenciarios.

Este informe es un esfuerzo del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) por romper en alguna medida el silencio sobre las violaciones sistemáticas de los derechos de las personas privadas de libertad en la Isla. Se exponen los principales hallazgos obtenidos durante los primeros 16 meses (1 de marzo de 2023 – 30 de junio de 2024) de monitoreo de incidentes represivos y violatorios de derechos humanos ocurridos al interior de centros penitenciarios cubanos.

El Capítulo 1 presenta cifras generales sobre incidentes represivos o violatorios de derechos humanos ocurridos en centros penitenciarios cubanos, incluyendo eventos de hostigamiento y represión, denuncias sobre estado de salud y falta de atención médica, fallecimientos de personas reclusas, cantidad preliminar de prisiones y centros de detención cubanos, cantidad de reclusos identificados como víctimas de violaciones de derechos humanos, cantidad de funcionarios identificados como victimarios y principales vulnerabilidades en reclusos cubanos víctimas de violaciones de derechos humanos.

El Capítulo 2 desglosa los diferentes tipos de eventos represivos y violatorios de derechos humanos identificados por el CDPC en prisiones cubanas.

Para finalizar, el Capítulo 3 presenta algunas recomendaciones a la comunidad internacional relacionadas con los deberes del Estado cubano para con la vida en las prisiones.

Tanto el análisis de los incidentes represivos o violatorios de derechos humanos ocurridos en las prisiones cubanas como las recomendaciones a la comunidad internacional responden a lo dispuesto en textos normativos o disposiciones legales de carácter nacional ―como el Reglamento del Sistema Penitenciario― e internacional, estos últimos provenientes en su mayoría de agencias de la ONU.

Lee aquí el INFORME COMPLETO.

Por Justicia 11J

Miércoles, 31 de julio de 2024

En el marco del tercer aniversario de las masivas protestas de julio de 2021 en Cuba, y previo a la publicación de nuestro reporte anual Otro año sin justicia (2024), compartimos el informe “Violencia contra familiares de personas privadas de libertad por razones políticas en Cuba”, un esfuerzo de Justicia 11J por profundizar en la visibilización de la vivencia de familiares de personas privadas de libertad por razones políticas durante los últimos años en Cuba.

A partir del análisis de 250 eventos y 80 víctimas se describen patrones en el comportamiento de la represión contra familiares de personas privadas de libertad por razones políticas. Con la data disponible, identificamos la prevalencia de incidentes de violencia, el comportamiento de la Seguridad del Estado como agente principal de la victimización, la tendencia hacia la prevalencia de las mujeres en el rol de cuidadoras, la práctica de la violencia contra grupos vulnerables, así como la proporcionalidad en la búsqueda de la justicia, entre comunidades donde residen más familiares hostigados, a la vez que más personas presas políticas.

Así mismo, se describen los incidentes de hostigamiento y represión más vistos por Justicia 11J hasta la fecha: acosos, limitaciones a la comunicación, obstáculos a la visita, regulaciones de la salida del país, citaciones a interrogatorios, descréditos, amenazas, sitios policiales, detenciones, violencia física y  represión a protestas. Además, se mencionan otros incidentes relacionados con este grupo de interés: protestas, salidas al exilio e inicios de huelgas de hambre como vía para reclamar la libertad de los seres queridos.

También a lo largo del informe se describen y analizan patrones diferenciados de la represión. Se hace especial énfasis en el ensañamiento contra mujeres y niños, entendiendo que no son estos los únicos grupos vulnerables o vulnerabilizados posibles. Y finalmente, se formulan recomendaciones a la comunidad internacional y a la sociedad civil cubana, con intención de potenciar la visibilidad de la situación de los familiares de las personas privadas de libertad por razones políticas, y de ayudar en la creación de lazos de solidaridad con ambos grupos vulnerables.

Lee aquí nuestro NUEVO INFORME

Por Justicia 11J

El activista por los derechos humanos, periodista independiente y manifestante cubano Yoel Acosta Gámez, exiliado en Uruguay, denunció este fin de semana que Nicaragua le negó la entrada junto con su esposa Alisanna Lores Furones, a pesar de que en el país centroamericano está vigente una exención de visa para los ciudadanos cubanos.

Según declaró al medio independiente CubaNet, del que era colaborador, tenían sus boletos desde hace tres meses para viajar con Copa Airlines, con el objetivo de continuar hasta México y pedir asilo político en la frontera con los Estados Unidos. Pero el 19 de julio recibió un correo electrónico desde Migración de Nicaragua, en el que se le “notificaba la negación de entrar al país”, dijo.

En Cuba, mientras Yoel Acosta era residente en el municipio de Baracoa (provincia de Guantánamo), sufrió represalias en relación con los escenarios de protestas de julio y noviembre de 2021 (conocidos como 11J y 15N, respectivamente), así como durante las manifestaciones de 2022, cuando fue multado a raíz de la aparición de carteles antigubernamentales.

Agentes del Estado le impusieron multas, lo detuvieron de forma arbitraria y lo interrogaron en múltiples ocasiones, entre otras acciones represivas, para disuadirlo de su activismo pacífico y su trabajo como colaborador de medios independientes como CubaNet, Diario de Cuba, ADN Cuba y Palenque Visión.

El acoso de la policía política y la represión, que incluyó golpizas y amenazas de condenarlo a prisión por los supuestos delitos de “atentado” e “incitación a delinquir”, empujaron al defensor de derechos humanos a exiliarse en junio de 2023 en Guyana, desde donde se trasladó a Uruguay. Luego de transitar por países del cono sur, Yoel ha realizado llamados al exilio cubano por ayuda para subsistir junto a su esposa, tras ver limitadas sus oportunidades de trabajar y ganar su propio sustento.

Ahora, su vida se ha visto nuevamente afectada por el largo brazo de la Seguridad del Estado castrista: “Perdimos el boleto de avión, perdimos todo lo que habíamos adquirido, habíamos vendido todo para poder realizar este viaje y nos quedamos sin absolutamente nada”, dijo Acosta a CubaNet.

Este no es el primer caso en el que se evidencia la colaboración entre los regímenes autoritarios de Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel para reprimir personas de Cuba. Como parte de nuestro seguimiento al entorno represivo del país desde el estallido social de julio de 2021, hemos observado la negación de entrada a Nicaragua de varios exprisioneros políticos, manifestantes y comunicadores independientes que han debido abandonar el país, por presiones de la Seguridad del Estado.

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Aniversario de las protestas del 11J, en la CIDH

A tres años del estallido social de julio de 2021 en Cuba, en Justicia 11J recordamos a quienes continúan en privación de libertad por el ejercicio de sus derechos.

Consta en nuestro subregistro que, al menos, 1584 personas fueron detenidas en ese escenario de protestas. De ellas, 670 permanecen en detención, algunas con sanciones privativas de libertad que superan los 20 años.

Estas personas no solo han sido víctimas de procesos penales sin garantías, sino que sobreviven cada mes a la crisis del sistema penitenciario nacional. Muchos de ellos están expuestos a torturas y tratos inhumanos y degradantes, en claros intentos por acallar sus reclamos de libertad.

Este jueves 11 de julio, a partir de las 11:00 a.m. (hora Washington D.C.), en el marco del 190 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), participaremos en la audiencia temática “Violaciones a los derechos humanos en el contexto de la violencia institucional en Cuba”.

Justicia 11J, parte de La Coalición de Organizaciones Cubanas en el Exilio, actualizará sobre la situación de las personas privadas de su libertad por participar en las manifestaciones de julio de 2021. Otras organizaciones aliadas abordarán las muertes en custodia, la violencia contra personas afrodescendientes, la violencia de género y la violencia contra personas defensoras de derechos humanos.

¡Registrarse aquí!

A tres años de nuestra fundación, Justicia 11J ratifica su compromiso con la defensa de los derechos humanos en la Isla, y con la visibilización de las historias de quienes salen a las calles a demandar la libertad de Cuba.

Varios incidentes reportados entre abril y mayo de 2024 indican que la represión en Cuba no ha disminuido. Por el contrario, la respuesta estatal al creciente descontento social, que se expresa en acciones de protesta pública, ha escalado en un escenario peligroso para quienes ejercen sus derechos humanos.

A Justicia 11J le preocupan, particularmente, las denuncias del uso de armas de fuego por agentes del Estado para amenazar a ciudadanos críticos o en contextos de protesta.

Uno de los eventos donde se reportaron incidentes de este tipo, fue la manifestación por los prolongados apagones eléctricos, ocurrida el 28 de mayo en la localidad de Juraguá, cercana a las ruinas de la central electronuclear que no llegó a concluirse, en la provincia de Cienfuegos.

Fuentes de la zona dijeron que fuerzas policiales hicieron disparos para disuadir a los manifestantes. También, durante la protesta y en días posteriores, fueron detenidos o citados para ser interrogados y amenazados, al menos una docena de pobladores, según confirmaron familiares y activistas de derechos humanos.

Este, y otros reportes, son preocupantes sobre todo en un contexto de contestación ciudadana a un régimen que no garantiza condiciones básicas de vida, mientras coarta libertades fundamentales. La crisis económica y social de Cuba está lejos de aliviarse, por lo que se teme que futuras protestas sean enfrentadas con más violencia estatal.

Recordamos que durante las históricas manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021 (11J), fuerzas del Ministerio del Interior (Minint), con la colaboración de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y grupos paraestatales conocidos como Brigadas de Respuesta Rápida, también emplearon la violencia armada contra los ciudadanos. Resultó muerto entonces Diubis Laurencio Tejeda, y cerca de una decena de personas resultaron heridas.

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