El intento de golpe de Estado del Gral. Juan José Zúñiga revive el debate sobre la inestabilidad y fragilidad institucional sudamericana, a partir de una crisis política en Bolivia que viene desarrollándose al tiempo en que se acercan las elecciones presidenciales de agosto de 2025. Es a partir de estos acontecimientos que nos preguntamos y buscamos responder, en este texto, cuáles son las fuerzas que prevalecen hoy en el capitalismo de la región.

Una tentativa de golpe de Estado que “murió en la playa” y fue controlada rápidamente por el gobierno de Luis Arce Catacora, sin fuerzas militares acudiendo al llamado de un general, permiten que se exponga, como en una radiografía, la situación política que vive el país. Más allá de reconocer la fuerza del argumento más simple, que explica estos actos como una aventura individual de un militar que hace un golpe porque se le ordenaba la dimisión, y que descarta, así, otras explicaciones como la teoría del autogolpe de Arce y la de las tentativas de intervención norteamericana en procura del control del litio boliviano, el episodio quijotesco permite vislumbrar:

1. Un contexto político: el gobierno progresista debilitado.

Después de casi 20 años en el gobierno y 30 desde su fundación, el MAS presenta una crisis relacionada con la gestión del poder, la falta de proyecto y la distancia con los movimientos sociales y luchas que le dieron origen. Con la crisis de sucesión de fondo, el gobierno aparece sin respuestas frente a una crisis económica donde la escasez de dólares y de combustibles interrumpe la estabilidad anterior y abre el camino a una profundización del discurso del cansancio con el sistema político. La situación ha dado espacio a discursos populistas de derecha, que vienen ganando espacio en el país, la región y el mundo. Esta crisis deriva en la explicación que da primeramente el propio Zúñiga, cuando percibe que su movimiento no terminaría bien: fue un pedido del presidente para mejorar su imagen[1].

2. Sucesión indefinida dentro del MAS.

Vemos el conflicto candente en torno a la posibilidad de una nueva candidatura de Evo Morales en la elección de 2025. Además de la oposición de parte de la ciudadanía a una nueva reelección, que ya fue rechazada en el referendo de 2016 y que detonó el levantamiento popular de 2019, la candidatura enfrenta hoy la oposición del actual presidente, su sucesor y ex ministro de hacienda por varios años[2]. Luis Arce fue elegido para el cargo por el mismo Evo Morales, contradiciendo la decisión de las bases del MAS, que votaron a favor del actual vicepresidente, David Choquehuanca, también ex ministro de Morales, y posible candidato. Sólo estos elementos dan cuenta de formas de construir liderazgo y poder estatal que alimentan disputas encarnizadas. La disputa por los cargos y la centralización del poder no permiten la renovación y revitalizar un partido que nació como partido-movimiento y que hoy sostiene una guerra interna, entre dos facciones: evistas y arcistas[3].

Las candidaturas de Evo, como lo fueron las de Lula, Maduro y Cristina Kirchner, se ha tornado una plataforma para el crecimiento y organización de las fuerzas de oposición. El progresismo está atrapado en la disyuntiva entre el respeto y la lealtad al líder y a la dificultad de lidiar con formas personalistas de poder que empobrecen los procesos y apartan el poder de las bases sociales. Al mismo tiempo, la volatilidad política, se impone, cuando, ni las encuestas, ni la experiencia de 2019, transforman a Evo en el candidato natural, imprescindible, para mantener el poder con el progresismo, como se pensaba antes de 2016. Al mismo tiempo, el MAS aún es la principal fuerza política y recuperó apoyo popular en el gobierno de Jeanine Áñez. Si no fuese por la disputa de facciones, podría permanecer en el gobierno. Trágicamente para el MAS, sin embargo, esta lucha se encuentra en un punto de no retorno. Tanto Arce como Morales van a luchar hasta el fin para que el otro no sea candidato, y un tercero no alineado, por ahora, no aparece como posibilidad.

3) Fuerzas armadas descontentas y buscando participar en las decisiones.

Influenciados por los discursos antisistema de la derecha populista, los militares se encuentran hoy ganando espacio en la política, tanto en los discursos “intervención militar”, comunes en la base del bolsonarismo, o también vestidos de demócratas y con opiniones de jerarcas castrenses en las redes sociales. Fortalece este posicionamiento la tendencia en la población a seguir discursos de mano dura en la línea de Bukele, así como el de la crítica a la “casta política”, al modo de Milei, Vox, Trump y otras derechas. Esta tendencia se encuentra con el contexto boliviano, donde los acuartelamientos y tensiones entre poder político, militares y policiales han ocurrido con cierta frecuencia. En febrero de 2003 hubo enfrentamientos con militares y policías por cuestiones gremiales y salariales; militares y policías interferirían como grupo de presión en la redacción de la nueva constitución en 2007; rechazarían actuar contra la movilización autonomista de la Media Luna en 2008; y desobedecerán también al gobierno de Morales en 2019, en rechazo a la represión contra los movilizados.

A pesar de los intentos, en los primeros años del gobierno del MAS, para reformar las fuerzas armadas, que incluso comenzaron a gritar como parte del protocolo las consignas del Che Guevara: “Patria o Muerte, Venceremos”, siempre han mantenido una tendencia a posicionarse de manera antidemocrática. En América Latina, se posicionan como un grupo de poder que obtiene beneficios presupuestarios e influencia en la gestión pública, con inserción en sectores mando político, como fue el caso de los 10 mil militares en el anterior gobierno brasileño, muchos aún en funciones. La vicepresidenta de Milei fue escogida por su proximidad al sector militar más reaccionario, negacionista del terrorismo de Estado del mismo modo que lo es Jair Bolsonaro.

4) La explicación geopolítica.

El intento de golpe trae nuevamente la discusión de los intereses transnacionales, por los recursos naturales y el litio, siempre presente en el imaginario de la izquierda y del nacionalismo. Es necesario aclarar, en las interpretaciones de la izquierda cuál ha sido la política del MAS con relación a este tema y también la de los Estados Unidos y otras potencias, que parecen lejos de buscar una solución mediante una acción improvisada y torpe, como fue la de Zuñiga el 24 de junio, por más antipático que les resulte el MAS, que en el pasado ya expulsó embajadores, a la DEA y a la Agencia de Cooperación y Desarrollo norteamericana, USAID.

Como en Ecuador, que en los últimos años pasó de escenarios de movilización social indígena y urbana, con un alto protagonismo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, a una agenda de seguridad pública y respuestas a la derecha, Bolivia hoy parece estar lejos de la época en que el cuestionamiento del orden venía de la fuerza de la comunidad andina y de los movimientos sociales. Ni la fuerza sindical de los trabajadores del campo y de la minería, ni las comunidades indígenas, que dieron lugar a la plurinacionalidad, aparecen hoy con fuerza, después de un ciclo político de casi 20 años, que se inició como un movimiento de las calles, pero se constituyó como un proyecto de Estado, con un discurso orientado a la clase media urbana, asumiendo el contexto neoliberal, y con las rentas estatales para los más pobres  a modo de programa electoral y enfocado en el estímulo del consumo.

Entonces, si el progresismo del MAS está en crisis y dividido, también es verdad que ni la Media Luna, ni la derecha tradicional o republicana tienen respuestas para la crisis y tampoco tienen un buen candidato para oponerse al MAS. La extrema derecha racista, religiosa y violenta, que apareció en Bolivia con una década de antelación en relación con países como Brasil y Argentina, tampoco está controlando la situación política. Grupos políticos representados por nombres como Tuto Quiroga, ex vicepresidente del dictador Hugo Banzer − electo en democracia− y Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz preso por los acontecimientos de 2019, representante de la línea dura de la Media Luna fracasaron en el gobierno de Jeanine Añez. Nadie apuesta mucho por las candidaturas de la derecha liberal republicana, como Carlos Mesa y Doria Medina, actores políticos desprestigiados y asociados a “la casta” tanto por el MAS como por las nuevas derechas. El empresario y pastor evangélico, de origen sud coreano, Chi Hyun Chung, que quedó tercero en 2019 y fue denominado el Bolsonaro de Bolivia, tampoco tiene presencia ni capacidad de seducción electoral.

Nuevas y viejas modalidades de golpe en América del Sur

La izquierda latinoamericana discutió hasta el cansancio sobre los golpes de estado y el avance de la derecha en los últimos años en la región. Después de los casos del Paraguay, con Fernando Lugo, en 2012, y el de Manuel Zelaya en Honduras, en 2009. Al mismo tiempo, la democracia prevalece en toda la región, inclusive el intento de evitar la dimisión de Zúñiga se realizó con vociferaciones en defensa de la democracia, aunque esto se hiciese con tanques frente al Palacio de Gobierno.

La idea del golpe fue el marco que el PT le confirió al impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, a pesar de que el gobierno de Temer, en los hechos, no fue considerado ni tratado por el partido de Lula da Silva como una dictadura. Se trataría de un golpe, porque las pedaleadas fiscales no configuran un delito de responsabilidad, como la constitución exige en la norma relativa a destitución presidencial. Pero Dilma fue destituida del cargo por no contar con los votos para impedirlo en el Congreso Nacional, frente al avance electoral de las fuerzas opositoras, del mismo modo que Collor de Melo en 1992. Del mismo modo, Pedro Castillo sería seguramente destituido, en Perú, cuando hizo un discurso para cerrar el Congreso y convocar a una Asamblea Constituyente, lo que derivó en su detención acusado de intentar realizar un autogolpe, con el sombrío antecedente de Fujimori, también en 1992.

Dina Boluarte, la vicepresidenta que sucedió a Castillo en diciembre de 2022 no convocó a elecciones, como debería haber hecho, y se atrincheró en el poder, con el apoyo del sector conservador del parlamento, que quiso se mantuviera el mandato −corporativamente− y de las fuerzas armadas. Su gobierno es sí, de hecho, considerado dictatorial por la oposición, pero como en otros casos, es importante notar que no hubo un gobierno de reformas importantes que pudiesen explicar la caída de Castillo como una contrarrevolución, o resistencia a las reformas progresistas favorables a un pueblo movilizado o con demandas satisfechas.

La respuesta de Chávez al golpe de 2002, cuando volvió al poder, luego de un golpe de Estado efectivamente consumado y con apoyo explícito de USA, gracias a la movilización popular y de militares leales que lo repuso en el poder, no fue posible ni para el PT en 2016, ni para el MAS en 2019. En junio de 2024 no hubo un golpe consumado, ni fue necesaria la movilización que tanto Evo Morales, como la CUT y las juntas vecinales habían rápidamente convocado y no fue necesaria porque Luis Arce se mantuvo firme en el poder. El ejemplo de Venezuela es importante como referencia para entender la fragilidad política que llevó a las caídas de Dilma, en 2016, y Evo, en 2019, pero mantuvo aislada los movimientos irregulares de Zúñiga.

La discusión continúa, hasta hoy, alrededor de la caída de Evo Morales en Bolivia, noviembre de 2019, y vuelve ahora con la sublevación de Zúñiga. Hubo dudas sobre la aplicabilidad del concepto de “golpe”, porque Evo Morales y Álvaro García Linera dejaban el poder, superados por las manifestaciones callejeras, de amplio espectro, contra la reelección y no solo asociadas con la derecha conservadora. En muchos sentidos, la movilización de Zúñiga se parecía más a un golpe de estado tradicional que a las recomendaciones de Kalimán para que Evo Morales renunciara. En 2019, desde la cumbre del MAS hubo un llamado a abandonar cargos y posiciones parlamentarias, que no fue atendido, pero que dejó al país sin gobierno, tal vez esperando una fuerte movilización que no se concretó.

A favor de la tesis de golpe se mencionaba justamente el hecho de que los militares recomendaran la renuncia y el retiro de la colaboración de las fuerzas armadas, que se negaban a continuar reprimiendo sin garantías que no serían responsabilizadas legalmente, como lo fueron en 2003. Hubo, sin embargo, fuerzas sociales relevantes, como la Central Obrera de Bolivia, que también apoyaron la destitución o la celebración de nuevas elecciones. También podemos hablar de golpe de estado si consideramos la formación de un gobierno ilegítimo que no convocó elecciones de inmediato. Los detalles son importantes para evitar explicaciones incompletas que aparecen desde la distancia y ven erróneamente a Evo o Dilma en una situación como la de Salvador Allende o, por el contrario, definen a Evo como un dictador.

Es importante entender las diferencias esenciales de las situaciones que derrocan, o no, un gobierno, así como el sentido político actual de la disputa entre sectores que buscan el control del Estado. ¿Cuál es el proyecto y objetivo de quien busca gobernar? ¿Son golpes que sólo disputan el poder entre grupos políticos? ¿O como décadas atrás, existe una disputa geopolítica y local entre proyectos alternativos de sociedad?

En octubre de 2019, Evo Morales, se vio obligado a abandonar el gobierno después de una elección polémica, que desafiaba el referéndum de 2016 − donde venció el voto popular contrario a la reforma de la Constitución para dar lugar a la reelección indefinida− y el conteo de votos, en vivo, por televisión fue interrumpido, cuando el MAS no podía aún lograr la mayoría de diez puntos necesaria para evitar una segunda vuelta con Carlos Mesa. Esa interrupción no fue totalmente explicada, de modo que las sospechas de fraude dieron lugar a las jornadas de movilizaciones que, después de varios días de represión en las calles, mostraron la fragilidad en el control de los poderes establecidos del Estado, y la situación que escapó del control político del MAS.

La caída de Evo Morales se produce luego de que esta autoridad dejara públicamente en manos de la OEA una auditoría de las elecciones, y el organismo interamericano determinara que las mismas debían realizarse nuevamente. La destitución autodeterminada de la línea sucesoria en manos del MAS dio paso a una toma de posesión ilegítima de la segunda vicepresidenta del Senado. Jeanine Áñez y otros dirigentes serían juzgados y detenidos cuando el MAS regresara a la presidencia con Luis Arce, en 2020.

La diferencia con la confusa tentativa de golpe o sublevación de Zúñiga está dada por la presencia de una fuerte movilización ciudadana en las calles, en 2019, que no existió el 24 de junio. Otros poderes, instituciones, gobiernos inclinaron la cancha contra Evo Morales en 2019 y no entraron en acción con Zúñiga. Si bien aún está en discusión como participaron en 2019 y seguramente se exagere sobre ese papel, podemos decir dos cosas sobre su ausencia en 2014: por un lado, la democracia en Bolivia mostró fortaleza; por otro, mostró debilidad. Basta que una movilización social, del transporte, instituciones (pensemos en la iglesia y fuerzas de seguridad) se alinean contra un gobierno para que este caiga, incluso contando -como el MAS en Bolivia- con mayoría parlamentaria.

Zúñiga fue un militar vinculado al gobierno y asiduo de movimientos sociales, que estuvo lejos de poder convocar a un levantamiento popular. Entre 2019 y 2024 existe la diferencia entre soldados que van con tanques a ocupar la sede del gobierno y soldados que deciden no usar sus armas, solidarizándose con la población contra el gobierno. El debate latinoamericano se ha volcado sobre explicaciones formalistas, sobre la caracterización de un golpe de estado, cuando lo que importa, más allá de las modalidades, es la fuerza política de un bando y del otro, el apoyo de un gobierno o un motín o rebelión golpista.

No sorprende que los militares no simpaticen con los gobiernos progresistas, cuyos orígenes son la izquierda o los movimientos sociales. Mucho dinero en bonos se destinó a los militares en los primeros gobiernos de Evo, para comprar disciplina y obediencia. Por lo tanto, la falta de colaboración, tras semanas de movilizaciones, no puede señalarse como un factor decisivo que un gobierno del MAS no estaba preparado para afrontar. La recomendación de dimisión fue sólo un elemento más para definir la caída de un Gobierno que había perdido la fuerza política real que le permitiera controlar, como en otros momentos, la situación desestabilizadora. En este sentido se cruzan los dos procesos de 2019 y 2024: las fuerzas armadas otorgándole el derecho de intervenir políticamente en las decisiones del país.

Para el gobierno del MAS, altamente atacado, desde la llegada al Palacio, lo que siempre fue determinante, para controlar la situación, fue la fuerza del voto. Es lo que sostuvo a Evo Morales en 2008, cuando obtuvo el 67,4% de aprobación, en un referéndum revocatorio, y lo que sustenta a Arce hoy, pero llevaron al derrocamiento del presidente y vicepresidente en 2019.

Las particularidades de estas coyunturas, de gobiernos depuestos en la región, llevaron a que la izquierda latinoamericana hable de una “nueva modalidad de golpe”. La situación política interna, las condiciones internacionales y también la dinámica de los acontecimientos han sido muy diferentes a las situaciones guardadas en la memoria política de la reciente historia latinoamericana, con golpes militares apoyados por la CIA seguidos de detenciones políticas, censura, exilio, muerte de militantes opositores al régimen, y que hoy los adolescentes estudian en la escuela.

Siguiendo el guion de la toma del Capitolio por los seguidores de Trump, cuando éste perdió las elecciones, los seguidores de Bolsonaro dieron un paso más en relación con golpes políticos suaves o de “nueva modalidad”, con elementos de las “viejas modalidades” golpistas. Los movimientos fuera de la institucionalidad aparecen hoy como una posibilidad en el repertorio político táctico de la derecha, pero siguen no siendo ni centrales ni necesarios en términos del poder geopolítico de las derechas que son capaces de imponerse mediante el voto y también imponer sus intereses ante gobiernos de cualquier signo político. El movimiento que no reconoció la victoria de Lula el 8 de enero de 2023 de hecho ocupó sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, con imágenes asociadas a la tradicional idea de golpe de Estado, pero sin poder avanzar en el camino de imponerse sobre el poder real, derivado de las elecciones de 2022.

En el mismo sentido debe entenderse el intento de golpe o levantamiento de Zúñiga, el 26 de junio en La Paz. El intento quedó aislado sin apoyo. A diferencia de otras situaciones, esta vez hubo tanques militares rodeando el poder político y un jefe del ejército amenazando con tomar la Casa Grande del Pueblo. Sin embargo, como en Brasil, el poder político estaba protegido. Las críticas de Estados Unidos, o de gobiernos de derecha de la región, fueron tímidas, pero eso no quiere decir que esa sea la táctica utilizada para garantizar contratos a empresas extranjeras o recuperar poder para gobiernos afines. Si ese fuera el caso, Nicolás Maduro, enfrentado fuertemente a los Estados Unidos más que cualquier otro gobierno, con fuerte oposición y crisis económica, ya no sería presidente de Venezuela.

Más allá de la psicología y la desesperación de Zúñiga, y de las especulaciones sobre elementos operando en una coyuntura política, podemos decir que la derecha movilizada por las redes sociales, los militares que se acercan al poder político y los discursos populistas de derecha que desautorizan las instituciones en el contexto de una crisis política real, son parte de un fenómeno político identificable en toda la región latinoamericana. La derecha de la Media Luna, Milei o Bolsonaro, no son una derecha republicana ni legalista. A pesar de declararse democrática, tiene objetivos políticos que utilizan las instituciones de manera instrumental y coyuntural, como también quiso hacerlo la izquierda, en algunos momentos de la historia. Como fuerzas insurgentes, las derechas hoy son fuerzas institucionales, aliadas al establishment político y que no apuntan a la movilización como estrategia política. En los márgenes o desde adentro de estos movimientos, sin embargo, hay repertorios que nos remiten a las dictaduras y ciertamente continuarán apareciendo en el escenario político.

Podemos hablar de una crisis de la república y de derechas que se rebelan, en las redes sociales o contra la institucionalidad, buscando formas de romper con el orden que, hoy, representa el progresismo. El MAS, como fuerza política dominante, ya movilizó elementos antirrepublicanos presentes en la política boliviana, por ejemplo, con la creación del Estado Plurinacional, en la constitución que, según declara en el preámbulo, busca la superación de la forma republicana y que, en los primeros años del gobierno de Evo Morales, representaba un voto a favor del cambio y en contra del orden.

El gobierno de Luis Arce no tiene la fuerza de la irrupción del MAS en 2005, aunque sea heredero de esa movilización, y siempre ha cultivado la imagen de un técnico responsable, un trabajador bancario que mantenía la economía en orden. Esto fue suficiente para mantener el poder, aun cuando fue cuestionado por Evo Morales y con el descontento de la población en general. Tenemos, al final, veinte años de construcción de poder institucional que requieren más que una corriente de opinión defendida por los tanques de un general desconocido para la mayoría. La pregunta sigue siendo si en 2025 el MAS será con Arce, el voto en defensa de la democracia y el orden, o si ante la eventual habilitación de Evo Morales podrá representar un voto antisistema y de cambio, aún, frente a una derecha que pueda rearticular el discurso ensayado por Zúñiga, ganando un espacio político actualmente inexistente.

Zúñiga, al final, no representó ninguna fuerza más allá de sí mismo, a pesar de su discurso anti-evista y del alto cargo que aún podía intentar ostentar. Hubo, como siempre, muchas llamadas telefónicas e incluso se habló de un plan de intervención elaborado por la inteligencia militar, como también la hubo en Brasil en enero de 2023. Pero Zúñiga actuó sin estrategia y coordinación, fuera de tiempo, apresurado por la inminente destitución, individualmente, junto a unos cientos de soldados que le obedecieron directamente pero que no dispararon ni avanzaron contra el gobierno de Arce.

La desesperación de Zúñiga

Sectores favorables a Luis Arce resaltaron que este enfrentó cara a cara el intento de golpe de Estado del general Zúñiga, en medio del levantamiento, mientras que Evo Morales y García Linera abandonaron el país en 2019. La comparación es injusta, porque en 2024 no había el nivel de conflicto y violencia política de 2019. No hubo ninguna amenaza a la vida de Arce, sobre todo porque políticamente no es en él en quien el MAS y el gobierno se apoya. Como Alberto Fernández en relación con Cristina Kirchner, es esta fragilidad la que también alimenta la disputa interna que busca el retorno de Evo a la presidencia. Lo que sale a la luz es la rivalidad entre el presidente y el líder histórico del partido detrás de la crisis. Hubo declaraciones de Zúñiga en televisión el 24 de junio amenazando con una intervención militar si Morales era elegido, lo que motivó el pedido de Luis Arce a la renuncia del comandante, provocando el intento de rebelión.

Meses atrás, Evo Morales había denunciado operaciones de inteligencia relacionadas con el grupo Pachajcho, organizado desde el comando del ejército de Zúñiga. Morales advirtió que podrían aparecer pruebas en su contra y que podría ser eliminado físicamente. En un contexto de guerra fría con Arce, las declaraciones responsabilizaron indirectamente al actual presidente, que consideraba a Zúñiga un soldado leal, y lo había mantenido en el cargo durante la última renovación del mando de las Fuerzas Armadas. Las declaraciones contra Evo de Zúñiga en la televisión habían conducido, efectivamente, a la decisión de su destitución por parte de Arce, quien claramente no tenía ningún interés en escalar de esta manera el conflicto con Morales, prefiriendo buscar descalificar a Evo Morales a través de congresos partidarios, justicia electoral u otros medios políticos, fortalecido por la idea de que mide mejor que el líder histórico en las encuestas.

La inminente destitución que, planeó el gobierno, puede leerse como una victoria de Evo Morales y también una muestra de civilización no fratricida por parte de Arce. Quizás, de hecho, las operaciones contra Morales, en el Chapare, avanzaban por un camino que el gobierno del MAS no aprobaría ni autorizaría internamente, ni consideraba que los beneficiara. Esto nos lleva a pensar en el desenlace y la reacción de Zúñiga, ligada a especulaciones sobre el papel de las operaciones de inteligencia utilizadas en política. En este lugar hay que leer la reacción final de impotencia, con movimientos que no tienen claro si estaban en contra de la posible candidatura de Evo Morales, aún no confirmada, o también iban dirigidos contra Arce, esperando el apoyo de la población y sectores militares que no llegaron.

El día 26, en Plaza Murillo, Zúñiga pronunció un discurso contra la clase política pidiendo la liberación de los “presos políticos” de 2019, mencionando a los militares que se encuentran en prisión, Jeanine Áñez y Fernando Camacho. En medio del levantamiento, dijo en un momento que sólo buscaba el reemplazo de algunos ministros, aparentemente tratando de salvar a Arce quien, de hecho, no parecía ser el objetivo de toda la operación. Sin embargo, dijo a la prensa en el lugar, que entraría y ocuparía el Palacio. Con el intento golpista fracasado, acusó al propio Arce de planear un autogolpe, idea luego reproducida por sectores evistas y también por voces de la extrema derecha latinoamericana, adepta, como es sabido, a las versiones conspirativas[4].

Si la fuerza del gobierno de Arce aparece en el resultado de un intento de golpe incompleto, también es la fuerza de Evo Morales la que aparece detrás de los acontecimientos. Si el plan de Zúñiga parece preocupantemente posible en la América Latina actual, la falta de reacciones favorables es tranquilizadora. Incluso Jeanine Áñez y Fernando Camacho han criticado el movimiento de Zúñiga desde la prisión. La fuerza del MAS, además de Arce y Evo Morales, todavía parece controlar una situación de caos institucional y descontento que permitió el exabrupto de Zúñiga. Podemos decir que después de este episodio y de la presidencia de Jeanine Áñez, será necesario otro tipo de enfoque para superar la fuerza del MAS, todavía considerado la principal fuerza política del país, de manera más contundente que los partidos que apoyan a los gobiernos progresistas de Chile, Brasil y también que el kirchnerismo.

El golpe por el litio boliviano

La versión de que venían por el litio de Bolivia no tardó en aparecer en el imaginario político de la izquierda latinoamericana, que escuchó a la generala Laura Richardson, jefa del Comando sur del ejército norteamericano, decir en grupos de WhatsApp que América Latina es importante por su petróleo, el litio y el agua dulce que puede proporcionar.

También está el tuit de Elon Musk, posteriormente borrado, donde daba a entender que los gobiernos podrían ser derrocados cuando fuera necesario, en respuesta a alguien que acusaba a Estados Unidos de dar un golpe de estado contra Evo Morales para obtener litio para Musk. En el inconsciente colectivo latinoamericano quedó la idea, que hoy es rumiada, con el levantamiento de Zúñiga, de que a Evo lo derrocaron para que Estados Unidos tuviera el litio boliviano. Pero en la política boliviana el orden de los factores no es ese.

Es un hecho que la historia de las venas abiertas de América Latina es la de los poderes políticos locales bailando al son de los intereses de explotación, y comerciales, de los poderosos países del norte. En uno de los capítulos del libro de Eduardo Galeano, que Hugo Chávez regaló en su día a Barack Obama, el escritor uruguayo narra los detalles de cómo Estados Unidos garantizó el suministro de hierro barato al país del norte, obteniendo el 49% de la empresa estatal Companhia Vale do Rio Doce, para los capitales estadounidenses, en una trama que se vincula con el golpe de Estado de 1964 en Brasil.

Pero este imaginario, que emerge inmediatamente ante cualquier situación interpretada como un golpe de Estado, necesita adaptarse a la realidad de los actuales gobiernos progresistas que no interfieren en los negocios de las empresas capitalistas extranjeras. Dilma Rousseff entregó todo lo solicitado por los sectores políticos que luego la derrocarían, incluidos los derechos laborales y las concesiones de explotación petrolera, mientras el propio poder político se debilitaba. Asimismo, Evo Morales no tuvo una política contra la explotación del litio por parte de empresas privadas, lo que puede ayudar a eliminar esta interpretación sobre las motivaciones para derrocar al MAS, ahora o en 2019.

Es cierto que la disputa por las materias primas bolivianas hoy puede involucrar intereses chinos, en disputa, con empresas norteamericanas, rusas, indias y europeas occidentales. También es importante recordar que una de las medidas más importantes del primer gobierno de Evo Morales, en 2006, fue aumentar los impuestos a las empresas productoras de hidrocarburos, en el decreto denominado nacionalización, que, sin embargo, permitió a las empresas continuar funcionando, nacionalizando sólo la distribución. Estos impuestos ya habían aumentado de algo así como el 30% al 51% en 2005, durante la presidencia de Carlos Mesa, quien asumió después de la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada, y con Evo llegaron al 81%. El movimiento que llevó a Evo Morales al gobierno fue una revuelta popular, en 2003, contra Sánchez de Lozada, cuando intentó exportar gas boliviano a Estados Unidos.

Pero hoy, a diferencia de otros líderes latinoamericanos, como Petro en Colombia, ningún dirigente del MAS cuestiona el modelo extractivista con inversión de empresas extranjeras. Esto no significa que el mundo empresarial no interfiera en la política interna y en la diplomacia, y que eventualmente pueden alinearse con la oposición al MAS. Pero Evo Morales no enfrentó los intereses de los grupos de poder, especialmente después de poner fin a la disputa con la oposición de la Media Luna y aprobar la Constitución en 2009, cediendo en casi todos los puntos que podrían generar conflictos e inestabilidad, como las concesiones mineras, la reforma agraria y, también la reelección, que se limitaba a un mandato sucesivo.

Así como la US Steel poseía en 1964 el 49% de las acciones de Vale y el acceso al yacimiento de hierro en la Serra dos Carajás do Pará, argumentando que Brasil no tenía capital para hacerlo, Evo Morales firmó en 2019 un contrato con una empresa alemana que se llevaría el 49% de la producción boliviana de litio[5]. La resistencia del pueblo potosino contra la firma de este contrato acabo consiguiendo revertir la decisión y fue parte importante en el nacimiento del caldo social de organizaciones que se movilizaran contra la reelección de Evo Morales y García Linera.

Lo más importante para entender la crisis actual de Bolivia, parece estar relacionada con el fin de los buenos tiempos que trajo al Estado boliviano la aparición de reservas de gas a principios de los años 2000, lo que, unido a los altos precios y las ventas garantizadas, vía gasoducto, a los países vecinos, garantizaban una cierta bonanza de algunos años, en un Estado que poco antes sólo cerró sus cuentas con la ayuda de la cooperación internacional. En cualquier caso, aunque la nueva promesa son las reservas de litio, esto no está en juego en la actual crisis política[6].

La Crisis Política que Continúa Abierta

En 2019, la fuerza del movimiento contra la reelección de Evo logró derrocar al presidente. En 2024, el discurso de un militar que intentaba sumarse a este mismo movimiento no fue suficiente para dar un golpe de Estado. Es difícil imaginar otro resultado, cuando aún no se ha confirmado la candidatura de Evo Morales para las elecciones que tendrán lugar en agosto de 2025. Nadie hace un movimiento armado preventivo contra una candidatura no confirmada y con más de un año de antelación, arriesgándose a una detención que los militares de alto rango, como muestra la historia reciente de Bolivia en diferentes crisis, no logran evitar.

Con una justicia débil y fácilmente manipulable por los sucesivos gobiernos, la candidatura de Evo Morales fue autorizada en 2015, a pesar de la prohibición expresa en la Constitución, con el argumento de que era un derecho humano de Evo Morales poder postularse. Del mismo modo, una sentencia del Tribunal Constitucional interpreta ahora que no se permiten dos mandatos sucesivos, sino dos mandatos en cualquier momento, dejando al expresidente en una virtual situación de inhabilitación.

Por eso es más plausible pensar que el General Zúñiga intentó revertir su suerte lanzando una carta con pocas posibilidades de prosperar, como una salida desesperada en un contexto de crisis y sin apoyo internacional, ni plan para que nadie se quede con el litio mediante ese camino. Para los intereses reales del capitalismo y la geopolítica del suministro de energía, es necesaria una solución estable que hoy no requiere recurrir al ejército, ni derrocar gobiernos, pero que sólo un golpe de Estado podría proporcionar en los años 60 o 70, cuando los ejemplos de Cuba, Allende e incluso los gobiernos nacionalistas burgueses amenazaron los intereses capitalistas y el control político de la región.

Al mismo tiempo vemos que hoy la democracia es fuerte y no está en riesgo, precisamente porque es débil. Respecto a esto, más allá de la fuerza de una respuesta en el Twitter de Elon Musk, de las fuerzas de derecha e izquierda que se organizan con mensajes en WhatsApp, y que también se manipula la justicia para que alguien sea candidato o no, la fuerza está en el sistema capitalista, en el modelo extractivo e intereses que ningún gobierno cuestiona.

La insubordinación de Zúñiga no demuestra la posibilidad de un gobierno militar, ni la fuerza de los intereses capitalistas sobre los recursos naturales bolivianos. Pero sí da cuenta de una crisis política en la que, ni la derecha republicana liberal, ni la derecha conservadora de la Media Luna, ni el MAS, parecen tener herramientas para solucionarla. Es natural que los acontecimientos del 26 de junio remonten a la época de las dictaduras, porque el discurso político de la extrema derecha prepara a la población para ello, pero también es común ver los intentos desestabilizadores hundirse, no siendo necesarias para las bases del poder actual estas intervenciones más allá de la disputa entre sectores y grupos políticos por el control del gobierno y el acceso a los recursos estatales.

El movimiento Zúñiga es parte de una crisis política sin fin, donde el progresismo y la derecha se turnan en disputas de gobierno que no modifican la estructura del poder. Aunque el negocio de la minería maneja siempre un alto nivel de violencia e ilegalidad, para el capitalismo de Elon Musk, Biden y las grandes empresas mineras, invitadas a invertir en la región, un contrato aprobado en un gobierno que caería rápidamente o enfrentaría una movilización popular sin ningún apoyo no sirve. Por eso también no hubo una fuerza internacional que garantizara estabilidad política y fortaleza económica a Jeanine Áñez, ahora en la prisión, donde pronto también estarán Zúñiga y los pocos que lo siguieron.

La incertidumbre en torno a las elecciones de 2025 también podría generar situaciones de tensión política. No sabemos quién encabezará el próximo gobierno, pero sí sabemos que el litio será explotado sin importar el impacto ambiental, ni el sector político que lo autorice. La democracia es suficiente para un modelo de desarrollo y de negocios que funcione de manera estable más allá de los señores de la guerra, los golpes militares, las crisis económicas y la inestabilidad gubernamental.

[1] Según Zúñiga el domingo 24 de junio: “El presidente me dijo: la situación está muy jodida, muy crítica. Es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. ‘¿Sacamos los blindados?’ – ‘Sacá’, Luis Arce habría dicho como respuesta.

[2] https://desinformemonos.org/sentidos-de-la-eleccion-boliviana/

[3] https://nuso.org/articulo/307-evistas-versus-arcistas/

[4] https://x.com/i/web/status/1808110552624832630 e https://www.bbc.com/mundo/articles/c4ngxn45y0yo

[5] https://passapalavra.info/2019/11/129004/

[6] https://nuso.org/articulo/las-arcenomics-no-escapan-a-la-maldicion-de-los-recursos-naturales/

Imagem de Aizar Raldes/AFP.

*Salvador Schavelzon, es profesor del Programa de Postgrado en Integración Latinoamericana (USP) y Universidad Federal de São Paulo-Osasco.

El original salió en portugués en https://passapalavra.info/2024/06/153394

Traducción al español de Santiago Arcos-Halyburton

A tentativa de golpe do General Juan José Zúñiga revive o debate sobre a instabilidade e fragilidade institucional sul-americana, a partir de uma crise política na Bolívia que avança enquanto se aproximam as eleições presidenciais de agosto de 2025. A partir desses acontecimentos nos perguntamos e buscamos responder aqui quais forças prevalecem hoje no capitalismo da região.

Uma tentativa de golpe que morreu na praia e foi controlada rapidamente pelo governo de Luis Arce Catacora, sem forças militares acudindo ao chamado de um general, permitem ver exposta como uma radiografia a situação política que vive o país. Para além de reconhecer a força do argumento mais fácil que explica os atos como uma aventura individual de um militar que fez um golpe porque seria demitido, e que descarta assim outras explicações, como a teoria do autogolpe do Arce e a da tentativa de intervenção norte-americana na busca do lítio do país, o episódio quixotesco permite ver:

1) Um contexto político: o governo progressista debilitado.

Após quase 20 anos no governo e 30 da sua fundação, o MAS [Movimiento al Socialismo] apresenta uma crise relacionada com a gestão do poder, a falta de projeto e a distância com os movimentos sociais e lutas que lhe deram origem. Com a crise da sucessão de fundo, o governo aparece sem respostas frente a uma crise econômica, com a escassez de dólares e de combustíveis interrompendo a estabilidade anterior e abrindo o caminho para o aprofundamento do discurso do cansaço com o sistema político. A situação tem dado espaço a discursos populistas de direita crescentes no país, na região e no mundo. Essa crise derivou na explicação que o Zúñiga deu quando percebia que seu movimento não terminaria bem: seria um pedido do presidente para melhorar a imagem.

2) Sucessão indefinida dentro do MAS.

Vemos o conflito candente em torno da possível nova candidatura para 2025 de Evo Morales. Além da oposição de parte dos cidadãos a uma nova reeleição, rejeitada no referendo de 2016 e que levou ao levante de 2019, a candidatura enfrenta hoje a oposição do presidente atual, seu sucessor e ex-ministro da fazenda por vários anos. Luis Arce foi indicado para o cargo pelo próprio Morales contradizendo a decisão das bases do MAS, que votaram a favor do atual vice-presidente, David Choquehuanca, também ex-ministro de Evo Morales e possível candidato. A disputa por cargos e a centralização do poder não permitem a renovação e vitalidade de um partido que nasceu como partido-movimento e que hoje se encontra em guerra entre as duas facções: evistas e arcistas.

As candidaturas do Evo, como foram as do Lula, Maduro e Cristina Kirchner tem se tornado uma plataforma para o crescimento e organização das forças de oposição. O progressismo se encontra preso na disjuntiva entre o respeito e lealdade ao líder e a dificuldade de lidar com formas personalistas de poder que empobrecem processos e afastam o poder das bases sociais. Ao mesmo tempo, a volatilidade política se impõe quando nem as enquetes, nem a experiência de 2019 transformam Evo em candidato natural imprescindível para manter o poder com o progressismo, como se acreditava antes de 2016. Ao mesmo tempo, o MAS ainda é a principal força política e recuperou apoio popular durante o governo de Jeanine Áñez. Se não fosse pela disputa de facções, poderia permanecer no governo. Tragicamente para o MAS, no entanto, a briga se encontra num ponto de não retorno. Tanto Arce quanto Morales vão lutar até o fim para que o outro não seja candidato, e um terceiro não alinhado, por enquanto, não aparece como possibilidade.

3) Forças armadas descontentes e buscando participar nas decisões.

Influenciadas pelos discursos anti-sistema da direita populista, os militares se encontram hoje ganhando espaço na política, tanto nos discursos de “intervenção militar”, quanto vestidos de democratas e opinadores nas redes sociais. Fortalece esse posicionamento a tendência na população a seguir discursos de mão dura na linha de Bukele, assim como da crítica da “casta política” ao modo de Milei, Vox, Trump e outras direitas. Isso se encontra com o contexto boliviano onde os aquartelamentos e tensões entre poder político, militares e policiais tem ocorrido com alguma frequência. Houve confrontos entre militares e policiais em fevereiro de 2003 por questões gremiais e salariais; militares e policiais interferiram como grupo de pressão na redação da nova constituição em 2007; se recusaram a agir contra a mobilização autonomista da Meia Lua em 2008; e desobedeceram o governo do Morales em 2019, na recusa da repressão dos mobilizados.

Apesar das tentativas de modificar as forças armadas nos primeiros governos do MAS, que inclusive começaram a gritar as palavras do Che Guevara “Pátria ou Morte, Venceremos”, as mesmas sempre conservam uma tendência a se posicionar de forma antidemocrática. Na América Latina se colocam como grupo de poder que obtém benefícios orçamentários e influência na gestão pública, com inserção em lugares de mando político, com o caso exemplar dos 10 mil militares no anterior governo do Brasil. A vice-presidenta de Milei foi escolhida por sua proximidade com o setor militar mais reacionário, negacionista do terrorismo do Estado da mesma forma que Jair Bolsonaro.

4) A explicação geopolítica.

A tentativa de golpe retorna à discussão dos interesses internacionais pelos recursos naturais e o lítio, presente no imaginário da esquerda e do nacionalismo. Nas interpretações da esquerda, é preciso esclarecer qual tem sido a política do MAS em relação a esse tema e também dos Estados Unidos e outras potências, que parecem longe de buscar uma solução com uma ação improvisada e desajeitada como foi a do Zúñiga no dia 24 de junho, por mais antipatia que possam ter com o MAS, que no passado já expulsou embaixadores, a DEA e a agência de cooperação e desenvolvimento norteamericana USAID.

Como no Equador, que nos últimos anos passou de cenários de mobilização social indígena e urbana, com protagonismo da confederação de nacionalidades indígenas para uma agenda de segurança pública e respostas à direita, a Bolívia hoje parece estar longe da época em que o questionamento da ordem vinha da força da comunidade andina e dos movimentos sociais. Nem a força sindical de trabalhadores do campo ou das minas, nem as comunidades indígenas que deram lugar à plurinacionalidade aparecem hoje com força após um ciclo político de quase 20 anos que se iniciou com movimentos nas ruas mas se constituiu como projeto de Estado com discurso orientado à classe média urbana, assumindo o contexto neoliberal, as rendas estatais para os mais pobres como programa eleitoral e o foco no estímulo ao consumo.

Mas se o progressismo do MAS está em crise e dividido, também é verdade que nem a Meia Lua nem a direita tradicional ou republicana tem respostas para a crise e também não tem um bom candidato para se opor ao MAS. A extrema direita, racista, religiosa e violenta, apareceu na Bolívia com dez anos de antecedência em relação a países como Brasil e Argentina, e também não está controlando a situação política. Grupos políticos representados por nomes como Tuto Quiroga, ex vice-presidente do ditador Hugo Banzer – eleito na democracia – e Fernando Camacho, governador de Santa Cruz preso pelos acontecimentos de 2019, representante da linha dura da Meia Lua, fracassaram no governo da Jeanine Áñez. Ninguém aposta muito nas candidaturas da direita liberal republicana, como Carlos Mesa e Doria Medina, atores políticos desprestigiados e associados à “la casta” tanto quanto o MAS pelas novas direitas. O empresário e pastor evangélico de origem sul coreana, Chi Hyun Chung, que ficou em terceiro em 2019 e foi chamado de Bolsonaro da Bolívia, também não tem tido presença nem capacidade de sedução eleitoral.

Modalidades novas e velhas de golpe na América do Sul

A esquerda latino-americana discutiu até o cansaço sobre golpes de Estado e avanço da direita nos últimos anos na região, após os casos do Paraguai com Fernando Lugo, em 2012, e Manuel Zelaya em Honduras, em 2009. Ao mesmo tempo, a democracia prevalece em toda a região. Inclusive a tentativa de evitar demissão do Zúñiga foi feita com vociferação em defesa da democracia, embora isso seja feito com tanques na frente do Palácio de governo.

A ideia de golpe foi o enquadramento que o PT deu para o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, mesmo que o governo Temer não tenha sido, nos fatos, considerado ou tratado pelo partido como uma ditadura. Se trataria de um golpe porque as pedaladas fiscais não configurariam um crime de responsabilidade. Mas Dilma foi destituída por não contar com votos para impedi-lo no Congresso Nacional, frente ao avanço eleitoral das forças opositoras. Da mesma forma, Pedro Castillo viria a ser destituído, no Peru, quando fez um discurso para fechar o congresso e convocar uma Assembleia Constituinte, que derivou na sua detenção, acusado de tentar realizar um autogolpe.

Dina Boluarte, a vice-presidenta que sucedeu Castillo em dezembro de 2022, não chamou eleições como deveria ter feito e se entrincheirou no poder, com apoio conservador do parlamento que quis se manter – corporativamente – com mandato e das forças armadas. Seu governo é sim considerado ditatorial pela oposição, mas como em outros casos, infelizmente não houve um governo de reformas importantes que pudessem explicar a queda do Castillo como contrarrevolução, ou resistência a reformas progressistas favoráveis a um povo mobilizado ou com demandas atendidas.

A resposta do Chávez ao golpe de 2002, que voltou ao poder depois de um golpe com apoio dos Estados Unidos consumado, graças a uma mobilização popular e militares leais que o reconduziram ao poder, não foi possível nem para o PT em 2016, nem para o MAS em 2019. Em junho de 2024 não teve um golpe consumado nem foi preciso mobilização que tanto Evo Morales como a Central Operária e as juntas vecinais tinham rapidamente convocado e não foi necessária porque Luis Arce se manteve firme no poder. Mas é importante entender politicamente a fragilidade que levou às queda da Dilma em 2016 e Evo em 2019.

A discussão continua até hoje ao redor da queda do Evo Morales na Bolívia em novembro de 2019, volta agora com o levantamento de Zúñiga. Houve dúvidas sobre a aplicabilidade do conceito de “golpe”, porque Evo Morales e Álvaro Garcia Linera deixavam o poder superados pelas manifestações de rua de espectro amplo contrárias à reeleição e não apenas associadas à direita conservadora. Em vários sentidos, a movimentação de Zúñiga teve mais forma de golpe de estado tradicional do que as recomendações do Kaliman para que Evo Morales renuncie. Houve desde a cúpula do MAS um chamado ao abandono dos cargos e mandatos parlamentares, não atendido, mas que deixou o país sem governo, talvez esperando uma forte mobilização que não se realizou.

A favor da tese do golpe se mencionava justamente o fato de que os militares recomendaram a renúncia e houve retirada de colaboração das forças armadas, que se negavam a continuar reprimindo sem garantias de que não seriam responsabilizados legalmente, como foram em 2003. Houve, porém, forças sociais relevantes como a Central Operária Boliviana que também apoiavam a demissão ou realização de novas eleições. Podemos falar em golpe, também, se atendemos à formação de um governo ilegítimo que não chamou a eleições imediatamente. Os detalhes são importantes para evitar explicações incompletas que aparecem na distância e enxergam equivocadamente em Evo ou Dilma uma situação como a do Salvador Allende ou, inversamente, definem a Evo como ditador.

É importante entender as diferenças essenciais de situações que derrubam, ou não, um governo, assim como o sentido político atual da disputa entre setores que buscam o controle do Estado. Qual é o projeto e objetivo de quem busca governar? São golpes que disputam apenas o poder entre grupos políticos? Ou, como décadas atrás, existe uma disputa geopolítica e local entre projetos alternativos de sociedade?

Em outubro de 2019 Evo Morales caiu após uma eleição polêmica que desafiava o referendum de 2016 – onde venceu o voto da população contrário à reforma da constituição para dar lugar à reeleição indefinida – e também a apuração dos votos ao vivo na TV foi interrompida, quando o MAS não conseguia a maioria necessária de dez pontos para impedir um segundo turno com Carlos Mesa. Essa interrupção não foi totalmente explicada, de modo que as suspeitas de fraude deram lugar a jornadas de mobilizações que, após vários dias de repressão nas ruas, mostraram fragilidade no controle dos poderes estabelecidos do Estado e a situação que fugiu do controle político do MAS.

A queda do Evo Morales acontece após esta autoridade deixar publicamente em mãos da OEA uma auditoria das eleições, e o órgão interamericano determinar que as mesmas deveriam ser realizadas novamente. A demissão autodeterminada da linha sucessória em mãos do MAS, deu lugar a uma posse ilegítima da segunda vice-presidente do senado. Jeanine Áñez e outros líderes seriam julgados e presos quando o MAS voltou à presidência com Luis Arce, em 2022.

A diferença com a confusa tentativa de golpe ou sublevação do Zúñiga é dada pela presença de uma forte mobilização cidadã nas ruas, em 2019, que não houve no 24 de junho. Zúñiga era um militar associado ao governo e assíduo dos movimentos sociais, que esteve longe de poder convocar uma sublevação popular. Entre 2019 e 2024 a diferença está entre militares que vão com tanques a ocupar a sede de governo e militares que decidem não usar as armas, se solidarizando com a população contra o governo. O debate latinoamericano tem se voltado a explicações formalistas sobre caracterização de um golpe quando o que importa para além das modalidades é a força política de um lado e de outro, o apoio de um governo ou de um motim ou rebelião golpista.

Não é algo que possa surpreender que os militares não sejam simpáticos aos governos progressistas com origem de esquerda ou de movimentos sociais. Muito dinheiro em bônus foi pago aos militares nos primeiros governos de Evo para comprar disciplina e obediência. Por isso a falta de colaboração após semanas de mobilizações não pode ser apontado como fator decisivo com o qual um governo do MAS não estivesse preparado para lidar. A recomendação de renúncia foi apenas um elemento a mais na definição da queda de um governo que tinha perdido a força política real que o permitisse controlar, como em outros momentos, a situação de desestabilização. Nesse sentido os dois processos de 2019 e 2024 se encontram: as forças armadas se atribuindo o direito de intervir politicamente nas decisões do país.

Para o governo do MAS, longamente atacado desde a chegada ao Palácio, o que sempre foi determinante para controlar a situação foi a força do voto. É o que sustentou a Evo Morales em 2008 quando obteve 67,4% de aprovação num referendo revogatório e o que sustenta a Arce hoje, mas derrubaram o governo em 2019.

As particularidades dessas conjunturas de governos destituídos na região levaram à esquerda latinoamericana a falar em “nova modalidade de golpe”. A situação política interna, as condições internacionais e também a dinâmica dos acontecimentos eram bem diferentes das situações guardadas na memória política da história latinoamericana recente, com golpes militares apoiados pela CIA, seguidos de prisões políticas, censura, exílio, morte de militantes contrários ao regime, e que hoje os adolescentes estudam na escola, apesar da oposição que hoje encontramos sobre isso de setores de extrema direita como a vice-presidente do Milei, representante de vozes negacionistas do terrorismo de Estado que também compõem o atual cenário político da região.

Seguindo o roteiro da tomada do capitólio por parte dos seguidores do Trump, quando este perdeu as eleições, os seguidores do Bolsonaro deram um passo a mais em relação aos golpes políticos, brandos ou “de novo tipo”, com elementos das antigas modalidades de golpe. Movimentos por fora da institucionalidade aparecem como possibilidade hoje no repertório político tático da direita, mas continuam não sendo central nem necessário em termos de poder geopolítico de direitas que conseguem se impor pelo voto e também impor seus interesses com governos de qualquer signo político. O movimento que não reconhecia a vitória do Lula no 8 de janeiro de 2023 ocupou de fato edifícios sedes dos três poderes do Estado em Brasília, com imagens associadas à ideia tradicional de um golpe, mas sem poder avançar sobre o poder real derivado das eleições de 2022.

A tentativa de golpe ou levante de Zúñiga, no dia 26 de junho em La Paz, deve ser entendido no mesmo sentido. A tentativa ficou isolada e sem apoio. À diferença das outras situações, dessa vez houve sim tanques militares cercando o poder político e um chefe do exército ameaçando tomar a Casa Grande do Povo. Como no Brasil, no entanto, o poder político ficou resguardado. A crítica dos Estados Unidos, ou governos de direita da região foi tímida, mas isso não significa que seja essa a tática utilizada para garantir contratos para empresas estrangeiras ou recuperar o poder para governos afins. Se fosse assim, Nicolás Maduro não seria ainda presidente da Venezuela.

À margem da psicologia e do desespero de Zúñiga, podemos dizer que direita mobilizada por redes sociais, militares que se aproximam do poder político e discursos populistas de direita que desautorizam as instituições no contexto de uma crise política real, fazem parte de um fenômeno político identificável na região latinoamericana em geral. A direita da Meia Lua, Milei ou Bolsonaro não é uma direita republicana nem legalista. Apesar de se declarar democrática, tem objetivos políticos que usam as instituições de forma instrumental e conjuntural, como podia ser a esquerda em alguns momentos da história.

Podemos falar em crise da república, e de direitas revoltadas em rede social buscando caminhos para irromper contra a ordem hoje representada pelo progressismo. O MAS, como força política que se constituiu em dominante, já mobilizou elementos anti republicanos presentes na política boliviana, por exemplo na criação do Estado Plurinacional na constituição que declara no preâmbulo superar a forma república e nos primeiros anos dos governos do Evo Morales representava um voto pela mudança e contra a ordem.

O governo de Luis Arce não tem a força da irrupção do MAS em 2005, e cultivou sempre a imagem do técnico responsável, trabalhador bancário que manteve a economia em ordem. Isso bastou para manter o poder, mesmo que questionado internamente por Evo Morales e com descontentamento da população em geral. Temos, ao final, vinte anos de construção de poder institucional que pesam mais do que uma corrente de opinião defendida por tanques por parte de um general desconhecido para as maiorias. Fica a dúvida se em 2025, o MAS será com Arce o voto da defesa da democracia e a ordem, um voto anti sistema e de mudança que ainda irá para Evo Morales, ou se uma direita com o discurso ensaiado por Zúñiga poderá emergir e ganhar espaço político hoje inexistente.

Zúñiga, no final, não representava nenhuma força para além dele, apesar do discurso “anti-evista” e o alto cargo que podia ainda tentar ostentar. Houve, como sempre, muitos telefonemas e se fala até de um plano de inteligência militar de intervenção, como também houve no Brasil em janeiro de 2023. Mas Zúñiga agiu sem estratégia e coordenação, fora de tempo, apressado pela iminente destituição, individualmente com algumas centenas de soldados que o obedeciam diretamente mas não atiraram nem avançaram de fato contra o governo do Arce.

O desespero do Zúñiga

Setores favoráveis a Luis Arce, destacavam que ele enfrentou a tentativa de golpe do general Zúñiga cara a cara no meio da sublevação, enquanto Evo Morales e García Linera em 2019 deixaram o país. A comparação é injusta, porque não havia em 2024 um povo mobilizado nas ruas. Não havia uma ameaça contra a vida do Arce, até porque politicamente não é nele que o MAS e o governo se apoiam. Como Alberto Fernández em relação a Cristina Kirchner, é essa fragilidade que alimenta também a disputa interna que busca restituir o Evo na presidência. O que vem à tona é a rivalidade entre o presidente e o líder histórico do partido que está por trás da crise. Foram declarações do Zúñiga na televisão no dia 24 de junho ameaçando de intervenção militar caso Morales fosse eleito, que levaram ao pedido de renúncia do comandante por parte do Luis Arce, provocando a tentativa de rebelião.

Meses atrás, Evo Morales tinha denunciado operações de inteligência relacionadas com o grupo Pachajcho, organizado desde o comando do exército por Zúñiga. Morales advertia que poderiam aparecer provas contra ele e que podia ser eliminado fisicamente. Num contexto de guerra fria com Arce, as declarações responsabilizavam indiretamente o atual presidente, que considerava Zúñiga um militar leal, e o tinha mantido no cargo na última renovação do comando das forças armadas. As declarações de Zúñiga na TV contra Evo tinham efetivamente derivado na decisão de destituição por parte de Arce, que claramente não tinha interesse em escalar o conflito com Morales dessa forma, preferindo buscar inabilitar Evo Morales pela via dos congressos partidários, justiça eleitoral ou outra via política, fortalecido pela ideia de que pontua melhor que o líder histórico nas pesquisas.

A iminente destituição que o governo planejava, pode ser lida como vitória de Evo Morales e também sinal de civilidade não fratricida por parte do Arce. Talvez de fato as operações contra Morales no Chapare avançavam por um caminho que o governo do MAS não aprovaria e não autorizava internamente, nem via beneficiá-los. Isso leva a pensar o desfecho e reação de Zúñiga, ligada à especulações sobre o papel das operações de inteligência utilizadas na política. Nesse lugar deve ser lida a reação final de impotência, com movimentos que não ficam claros se eram contra a possível candidatura de Evo Morales, ainda não confirmada, ou se se dirigia também contra Arce, esperando um apoio da população e de setores militares que não chegaram.

No dia 26, na plaza Murillo, Zúñiga fez um discurso contra a classe política pedindo a liberação dos “presos políticos” de 2019, com menção aos militares que se encontram presos, à Jeanine Áñez e à Fernando Camacho. No meio da sublevação, disse, em um momento, que buscava apenas a substituição de alguns ministros, aparentemente buscando poupar o Arce que, de fato, não parecia ser o alvo da operação toda. Disse para a imprensa no local, no entanto, que entraria e ocuparia o Palácio. Com a tentativa de golpe fracassada, acusou o próprio Arce de planejar um autogolpe, ideia reproduzida depois pelos setores evistas e também por vozes da extrema direita latinoamericana, adepta como é sabido a versões conspiratórias.

Se a força do governo Arce aparece no desfecho de uma tentativa incompleta de golpe, é também a vigência de Evo Morales que aparece por trás dos acontecimentos. Se o plano do Zúñiga se mostra preocupantemente possível na América Latina de hoje, tranquiliza a falta de reações favoráveis. Até Jeanine Áñez e Fernando Camacho criticaram o movimento do Zúñiga desde a prisão. A força do MAS, para além de Arce e Evo Morales, aparece ainda controlando uma situação de caos institucional e descontentamento que permitiu o ex abrupto de Zúñiga. E podemos dizer que depois desse episódio e da presidência de Jeanine Áñez, será preciso outro tipo de abordagem para superar a força do MAS, ainda tido como principal força política do país de forma mais contundente que os partidos que sustentam os governos progressistas do Chile, Brasil e também que o kirchnerismo.

O golpe pelo lítio boliviano

A versão de que estavam vindo pelo lítio da Bolívia não demorou em aparecer para uma imaginação política da esquerda latinoamericana que ouviu nos grupos de Whatsapp a general Laura Richardson, chefe do comando sul do Exército norte americano dizendo que a América Latina é importante pelo petróleo, o lítio e água doce que pode proporcionar.

Também o tuíte de Elon Musk, depois apagado, onde dava a entender que poderiam ser derrubados governos quando fosse necessário, em resposta a alguém que acusava os Estados Unidos de fazer um golpe no Evo Morales para obter lítio para Musk. No inconsciente coletivo latinoamericano ficou a ideia que hoje é remoída pelo levante do Zúñiga, de que Evo foi derrubado para que os Estados Unidos ficassem com o lítio boliviano. Mas na política boliviana a ordem dos fatores não é essa.

É fato que a história das veias abertas da América Latina é a de poderes políticos locais dançando a música dos interesses de exploração e negócios dos países poderosos do norte. Em um dos capítulos do livro do Eduardo Galeano, que Hugo Chávez deu uma vez de presente para o então presidente norte americano Barack Obama, o escritor uruguaio narra os detalhes de como Estados Unidos garantiu fornecimento de ferro barato para o país do norte conseguindo o 49% da empresa estatal Vale do Rio Doce para capitais estadunidenses, numa trama que se articula com a do golpe de 1964 no Brasil.

Mas este imaginário, que emerge imediatamente em qualquer situação interpretada como golpe, precisa ser adequada para a realidade de governos progressistas atuais, que não se interpõem aos negócios das empresas capitalistas estrangeiras. Dilma Rousseff entregou tudo que foi solicitado pelos setores políticos que depois a derrubariam, incluindo direitos trabalhistas e concessões de exploração petrolífera, enquanto o próprio poder político ia desmilinguindo. Da mesma forma, Evo Morales não teve uma política contrária à exploração do lítio por parte de empresas privadas, o que pode ajudar a afastar essa interpretação das motivações em derrubar o MAS agora ou em 2019.

É verdade que a disputa pelas commodities bolivianas, hoje, pode envolver interesses chineses em disputa com empresas norteamericanas, ou russas, indianas, além de ocidentais. Também é importante lembrar que uma das medidas mais importantes do primeiro governo do Evo Morales, em 2006, foi aumentar os impostos das empresas produtoras de hidrocarbonetos, no decreto chamado de nacionalização que, no entanto, permitiu a continuidade das empresas, nacionalizando apenas a distribuição. Esses impostos já haviam aumentado de algo como 30% para 51% em 2005, durante a presidência do Carlos Mesa, que assumiu após a fuga do Gonzalo Sánchez de Lozada, e com Evo foram para 81%. O movimento que levou Evo Morales ao governo foi uma revolta da população em 2003 contra Sánchez de Lozada quando tentou exmportar o gás boliviano para os Estados Unidos.

Mas hoje, à diferença de outros líderes latinoamericanos como Petro na Colômbia, nenhum dirigente do MAS questiona o modelo extrativista com investimento de empresas estrangeiras. Isto não significa que o mundo dos negócios não interfira na política interna e na diplomacia, que eventualmente possa se alinhar com a oposição ao MAS. Mas Evo Morales não confrontou interesses de grupos de poder, principalmente após encerrar a disputa com a oposição da Meia Lua e aprovar a Constituição em 2009, cedendo em quase todos os pontos que poderiam gerar conflitos e instabilidade como concessões de mineração, reforma agrária e, também, reeleição, que ficou limitada a um mandato sucessivo.

Assim como a US Steel ficou em 1964 com o 49% das ações da Vale e acesso à jazida de ferro da serra dos Carajás no Pará, argumentando que o Brasil não tinha capitais para isso, Evo Morales assinou um contrato em 2019 com empresa alemã que ficaria com 49% da produção de lítio boliviano. A resistência do povo de Potosí contra a assinatura desse contrato acabou conseguindo reverter a decisão e foi importante na formação do caldo social de organizações que se mobilizaram contra a releição do Evo Morales e Garcia Linera.

Mais importante para entender a crise atual da Bolívia é o fato de que ela parece estar relacionada com o fim da época boa que trouxe para o Estado boliviano a aparição de reservas de gás no começo dos anos 2000 que, junto com elevados preços e venda garantida por gasoduto para os países vizinhos, garantiram uma certa bonança de alguns anos num Estado que pouco antes só fechava as contas com ajuda da cooperação internacional. De qualquer modo, se bem a nova promessa são as reservas de lítio, isso não está em jogo na crise política atual.

Crise política que continua aberta

Em 2019, a força do movimento contra a reeleição de Evo derrubou o presidente. Em 2024, o discurso de um militar tentando se alçar à cabeça desse mesmo movimento não foi suficiente para realizar um golpe de Estado, caso essa tenha sido a intenção. Difícil imaginar outro desfecho, quando a candidatura do Evo Morales para a eleição que ocorrerá em agosto de 2025 ainda não foi confirmada. Ninguém faz um movimento armado preventivo de uma candidatura não confirmada com mais de um ano de antecipação, arriscando prisão que não é evitada por militares de alta patente nas diferentes crises.

Com uma justiça fraca e facilmente manipulada pelo governo, a candidatura do Evo Morales foi autorizada em 2017 mesmo com a proibição expressa na constituição, com a argumentação de que era um direito humano Evo poder candidatar-se. Da mesma forma uma sentença do Tribunal Constitucional interpreta agora que não são dois mandatos sucessivos os permitidos, mas dois mandatos em qualquer tempo, deixando o ex-presidente em situação virtual de inabilitação.

Por isso é mais verossímil pensar que o militar Zúñiga tentou reverter sua sorte lançando uma carta com poucas chances de prosperar, como saída desesperada num contexto de crise e sem apoio internacional nem plano para que alguém ficasse com o lítio por esse caminho. Para os interesses reais do capitalismo e da geopolítica do fornecimento de energia, é necessária uma solução estável, o que hoje não exige convocar os militares ou derrubar governos, mas que apenas um golpe de Estado podia proporcionar nas décadas de 60 ou 70, quando os exemplos de Cuba, Allende e inclusive governos nacionalistas burgueses ameaçavam interesses capitalistas e o controle político da região.

Ao mesmo tempo vemos que hoje a democracia é forte e não está em risco, justamente porque é fraca. Sobre isso para além da força de uma resposta no twitter do Elon Musk, das forças de direita e de esquerda que se organizam com mensagens manipuladoras no Whatsapp, e que a justiça seja também manipulada para que alguém seja ou não candidato, a força está no sistema capitalista, no modelo extrativista e os interesses que nenhum governo questiona.

A insubordinação de Zúñiga não demonstra a possibilidade de um governo militar, nem a força de interesses capitalistas sobre os recursos naturais bolivianos. Mas dá conta sim da crise política que nem a direita liberal republicana, nem a direita conservadora da Meia Lua, nem o MAS parecem ter ferramentas para responder. É natural que os sucessos do 26 de junho remetam à época das ditaduras porque o discurso político da extrema direita prepara a população para isso, mas também é comum ver que os mesmos naufraguem, não sendo essas intervenções necessárias de forma estrutural, para além da disputa de setores políticos e grupos pelo controle do governo e acesso a recursos do Estado.

O movimento do Zúñiga se incorpora a uma crise política sem fim onde progressismo e direita se revezam em disputas de governo que não modificam o poder. Para o capitalismo de Elon Musk, Biden e grandes empresas mineradoras convidadas a investir na região não serve um contrato aprovado num governo que cairia rapidamente ou enfrentaria mobilização popular sem nenhuma sustentação. Também por isso não houve força internacional garantindo estabilidade política e força econômica para Jeanine Áñez, na prisão onde em breve também estará Zúñiga e os poucos que o seguiram.

A incerteza sobre a eleição de 2025 poderá gerar ainda situações de tensão política. Não sabemos quem será o próximo governo, mas sabemos que o lítio será explorado sem importar o impacto ambiental nem o setor político que o autorize. A democracia é suficiente para um modelo de desenvolvimento e negócios que funciona estável para além de caudilhos, golpes militares, crise econômica e instabilidade de governo.

[*] Professor do PROLAM (USP) e UNIFESP-Osasco.

As fotografias que ilustram este artigo são de Aizar Raldes/AFP.

Traduzido para o espanhol.

«Este é um livro interminável, por isso me permito apresentá-lo inacabado» — foi com estas palavras que iniciei a primeira edição do Labirintos do Fascismo (Porto: Afrontamento, 2003). Doze anos depois eu prevenia ainda o leitor: «Este é um livro interminável, e permanecerá tão inacabado como na primeira versão». Disse o mesmo em 2018: «Este é um livro interminável, e permanecerá tão inacabado como nas duas versões anteriores». Finalmente, na última e definitiva edição (São Paulo: Hedra, 2022) mantive o aviso: «Esta é uma obra interminável, e permanecerá tão inacabada como nas três versões anteriores».

Porém, entre todos os infindáveis percursos que eu poderia ter feito, não será estranha a quase ausência da América Latina? Mencionei Getúlio Vargas apenas duas vezes e só de passagem, embora fosse oportuna a comparação entre o Estado Novo português e o Estado Novo brasileiro como duas variantes do fascismo conservador. O próprio peronismo não fora sequer analisado na versão de 2003 e introduzi-o depois só porque me pareceu indispensável dissecar uma modalidade do fascismo que dera um peso especial aos sindicatos e também porque me interessou mostrar um tipo de articulação entre os quatro pólos do fascismo em que a incidência de cada um deles se sucedeu no tempo, só alcançando uma conjugação simultânea no plano ideológico, no justicialismo.

Essa circularidade na articulação entre os pólos do fascismo tornou muito durável o mito do peronismo, cada pessoa encontrando nele o que deseja e esquecendo o que não pretende ver. Mas, sendo assim, não deveria eu ter estudado a influência do peronismo em toda a América Latina? Parece estranho que me tivesse condenado a não usar esse campo privilegiado para a análise dos cruzamentos e convergências entre extrema-direita e extrema-esquerda que estão sempre na origem de qualquer modalidade de fascismo. Ainda hoje, e decerto amanhã, a esquerda latino-americana encontra a sua imagem em regimes que mais não são do que uma actualização do fascismo de Juan Perón e aplaude o peronismo sem o reconhecer como um dos rostos do fascismo. O problema é que não se trata só de influências ou reflexos, pois na América de língua espanhola as raízes do fascismo ultrapassam muito a Argentina, e foi este o obstáculo que me deteve.

Antes do 25 de Abril de 1974, estava eu no exílio em Paris, li na revista Política, publicada por jovens fascistas radicais portugueses, um artigo que descrevia com apreço a situação na Bolívia sob a presidência de Paz Estenssoro. Já naquela época eu me interessava pelo estudo do fascismo, nunca deixei de me interessar, particularmente nas versões radicais, em que os temas da esquerda deixam sinais visíveis, e as páginas da Política traçavam um retrato fascinante da experiência boliviana, imbricando-se esquerda e direita numa promiscuidade com que até então eu nunca havia deparado. Já não tenho a revista, decerto a deixei para trás em qualquer das várias mudanças de país, mas recordei o assunto enquanto prosseguia as pesquisas necessárias para escrever e reescrever o Labirintos.

Na primeira metade da década de 1940 dois partidos se destacaram na Bolívia, o Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR), marxista de orientação pró-soviética, e o Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), fundado e dirigido por Víctor Paz Estenssoro. As simpatias do MNR pelo fascismo, justificadas pela oposição ao imperialismo americano, confirmaram-se em 1943, quando colaborou com a organização militar secreta Razón de Patria para derrubar o governo civil e instaurar um novo governo, em que Paz Estenssoro ocupou a pasta da Fazenda. O MNR era considerado fascista por ambos os extremos do leque político e neste contexto é significativo que tivesse começado a mobilizar o campesinato índio, reunindo-se em 1945 um Congresso Indígena. Foi pouco, mas não seria necessário mais para me deixar curioso, pois ter-se-ia então antecipado a situação instaurada naquele país na última década e meia? Bastaria esta possibilidade para merecer o percurso, que afinal não fiz.

Foi pouco, mas houve muito mais. O governo instaurado em 1943 foi violentamente derrubado três anos depois, e quando o candidato do MNR triunfou nas eleições presidenciais de 1951 o exército interveio e formou uma junta governativa. O MNR começou então a preparar o seu regresso, separou-se da ala explicitamente fascista e procurou o apoio sindical, especialmente do sindicato dos mineiros, dirigido por Juan Lechín, um simpatizante do trotskismo que contava com a adesão dos trotskistas reunidos no Partido Obrero Revolucionario (POR), fundado no final de 1935. Ora, durante a segunda guerra mundial os marxistas pró-soviéticos tinham defendido a moderação nas lutas dos mineiros, para que não surgissem problemas com o fornecimento de matérias-primas aos Aliados, e como os trabalhadores não estavam dispostos a pagar a factura, houve muitos a abandonar o PIR em benefício do POR. Se o MNR pretendia uma base operária activa, era entre os mineiros que poderia encontrá-la, com Lechín na sua órbita e o POR como apoiante exterior. Foi neste quadro que se preparou a revolução de Abril de 1952.

Essa revolução triunfou graças aos mineiros que, chefiados por Lechín, pegaram em armas e invadiram a capital. Não foi um simples golpe, como tem havido muitos nesse país, porque nas ruas ficaram seiscentos mortos e, sobretudo, porque se operou uma reorganização política, social e económica sem precedentes. Antes de mais, o exército, que se opusera à revolução, foi dissolvido e substituído por milícias camponesas e operárias, organizadas pela Central Obrera Boliviana (COB), cujo secretário-executivo era Lechín. Na realidade essas milícias agiam como uma força armada à disposição do MNR, e era Paz Estenssoro quem controlava o governo. Para garantir uma mobilização durável dos trabalhadores foram nacionalizadas as três grandes companhias mineiras e encarregou-se da sua gestão um novo organismo público; realizou-se uma profunda reforma agrária, dissolvendo-se os latifúndios, o que libertou da servidão o campesinato indígena; e promoveu-se a organização política dos índios, concedendo-lhes o direito de voto e convertendo-os numa base de apoio governamental. Lechín, inspirado pela vulgata trotskista, apresentava este regime como um duplo poder, os trabalhadores ao lado da burguesia. Nem todos os trotskistas, porém, aceitaram essa visão benévola e em 1954 ocorreu uma cisão no POR, demasiado minúscula para pôr em perigo o governo.

Chegado a este ponto de um percurso que não fiz, mas imagino agora, e lembrando-me do artigo que lera na Política, eu averiguaria como se reorganizou o fascismo no MNR, que foi o centro da revolução de Abril de 1952. Este Movimento fora fundado em 1941, quando a hostilidade ao predomínio dos Estados Unidos, entendida como anti-imperialismo, podia legitimar-se com a invocação do fascismo. Mas entretanto os tempos haviam mudado, o Eixo fora derrotado e já não era vantajoso um governo reivindicar explicitamente o fascismo, para mais no continente americano. Eu detectaria o fascismo do MNR antes de tudo no seu nacionalismo submetido à tutela do Estado. Em seguida, encontrá-lo-ia na articulação deste nacionalismo estatal com a central sindical ou, mais exactamente, na manipulação dos sindicatos, reforçada pela conjugação entre sindicatos e milícias armadas.

E, como num espelho, formava-se o reflexo inverso. O MNR vira-se na necessidade de prescindir da invocação do fascismo e para isso tinha de eliminar os fascistas notórios. A Falange Socialista Boliviana, fundada em 1937, era o partido propriamente fascista, e a sua oposição à elite oligárquica tradicional aproximou-a do MNR, a ponto de ser convidada para se juntar à coligação que fez a revolução de 1952, mas retraiu-se no último momento e converteu-se a partir de então no principal opositor ao governo saído da revolução. Aquela síntese fascista formada à revelia do partido especificamente fascista lembra o que sucedeu na Birmânia, onde o fascismo se constituiu independentemente do partido fascista de U Saw e por fim contra ele. A Falange pagou caro, porque os seus dirigentes e militantes foram os mais numerosos a povoar os vários campos de concentração que o governo do MNR estabelecera, onde tiveram por companheiros militantes e dirigentes do antigo PIR, que em 1950 se dissolvera para se transformar no Partido Comunista da Bolívia. E assim os fascistas clássicos e os comunistas ortodoxos eram, de um lado e outro, as vítimas dos dois extremos que se haviam conjugado no fascismo radical do MNR.

Aqui eu faria uma pequena digressão, recordando a estadia de Ernst Röhm na Bolívia desde 1928 até 1930, durante o período em que estivera afastado do comando das SA. Ora, parece que Röhm exercera uma considerável influência sobre Germán Busch Becerra, que depois de ter combatido na guerra do Chaco se tornara presidente em 1937 e se declarara ditador dois anos depois, para em breve morrer, por suicídio segundo uns, dizem outros que assassinado. O importante neste caso é que a memória de Germán Busch e das leis por ele promulgadas influenciaria a revolução de Abril de 1952, traçando uma linha de continuidade entre a ala radical e social do nacional-socialismo germânico e o fascismo boliviano. Depois desta deambulação, eu regressaria ao percurso principal.

A articulação do nacionalismo estatal do MNR com os sindicatos da COB e as milícias constituiu apenas o eixo endógeno do fascismo, em boa medida gerado no próprio processo que levara à revolução de 1952, e se este eixo basta para caracterizar um movimento, ele é insuficiente para sustentar um regime. Assim, o governo emanado da revolução concentrou-se no fortalecimento do eixo conservador, exógeno, procedendo simultaneamente a reformas sociais e económicas que atenuaram ou mesmo suspenderam o radicalismo inicial. Seria aqui necessário superar uma lacuna e averiguar o papel desempenhado por um dos pólos do eixo conservador, a Igreja. Mas de 1956 em diante uma das funções dos governos hegemonizados pelo MNR foi a consolidação do outro pólo deste eixo, reconstituindo as forças armadas, que as milícias haviam substituído. Ora, essa deslocação da incidência dos eixos do fascismo, se por um lado aumentou a clivagem interna do regime e agravou o dissídio entre Paz Estenssoro e Lechín, que fundou o Partido Revolucionario de la Izquierda Nacionalista, onde acolheu muitos trotskistas saídos do POR, por outro lado fez com que ambos evoluíssem para posições cada vez mais moderadas.

O fim de tudo isto foi ignóbil, porque em 1964 Paz Estenssoro candidatou-se à presidência da República apresentando como vice-presidente o general René Barrientos, comandante da Força Aérea, mas em Novembro desse ano Barrientos e o comandante do Exército efectuaram um golpe e o MNR foi expulso do poder. Lechín imaginou então que havia chegado o momento da desforra e apoiou Barrientos, só para poucas semanas depois ser preso e exilado, ficando os militares a governar praticamente sem interrupção até 1982. Pois mesmo nesta situação, quando em 1971 o general Hugo Banzer instaurou uma feroz ditadura, o MNR apoiou-o e Paz Estenssoro foi nomeado conselheiro do governo, até que em 1974 Banzer rompeu com o MNR e com a Falange, que também lhe dera apoio.

Se o eixo endógeno do fascismo boliviano fora demasiado radical para assegurar sozinho a sobrevivência do regime, o eixo exógeno mostrou-se demasiado conservador para lhe garantir a continuidade. Esta articulação dos dois eixos operada em sucessão e não simultaneamente lembra o sucedido no fascismo argentino, e Perón veria a sua imagem, ou o seu reflexo, na esquizofrenia siamesa formada pelo duo Juan Lechín / Paz Estenssoro.

Se eu tivesse podido limitar-me a dar corpo e substância às peripécias que agora esbocei em linhas muito sumárias, o Labirintos apresentaria mais uma variante do fascismo e a obra cresceria uma dezena e meia de páginas. Nada de dramático. Mas compreendi então que para analisar o processo revolucionário de Abril de 1952 e a reorganização política subsequente teria de recuar até às três guerras fatídicas que a Bolívia travou, primeiro contra o Chile em 1879-1884, depois contra o Brasil em 1899-1903, finalmente a guerra contra o Paraguai em 1932-1935. Note-se a amplidão do arco cronológico, desde pouco depois da Comuna de Paris até às vésperas da guerra civil em Espanha. Três guerras, três derrotas esmagadoras.

Na guerra contra o Chile, a Bolívia aliou-se ao Peru para manter a soberania sobre uma área da costa do Oceano Pacífico rica em salitre e em guano. Não há motivo para nos espantarmos com o facto de homens se trucidarem durante cinco anos pela posse de fezes de pássaros e morcegos, pois eram um fertilizante muito cobiçado e já os Estados Unidos, cumprindo o seu manifest destiny, haviam iniciado a expansão no Pacífico com a ocupação de algumas ilhas cobertas de guano. Como observei no Labirintos (Hedra, vol. 4, pág. 329), «as grandes ambições podem começar pelos excrementos». Eram deploráveis as condições económicas e militares nos três países que se envolveram em guerra, mas as do Chile pareciam talvez menos más do que as da aliança boliviano-peruana, embora as condições logísticas fossem péssimas para todos. O conflito lançou a economia do Peru no caos e obrigou a perdas territoriais, além de levar a uma desagregação da elite e do aparelho político, forçando o país a assinar a paz em Outubro de 1883. Por seu lado, a Bolívia suspendeu as hostilidades no ano seguinte, completamente derrotada, sem guano nem acesso ao mar.

A guerra que a Bolívia prosseguiu contra o Brasil em 1899-1903 foi, se possível, mais desoladora ainda. Estava em causa a soberania sobre o Acre, rico em árvores-da-borracha, ou cauchu. Batendo-se num território remoto e com precárias condições logísticas, a Bolívia enfrentou não só o Brasil, mas também algumas breves tentativas separatistas e um autonomismo rudimentar da parte de ocupantes que pretendiam manter-se alheios a qualquer lei. Quando iniciou a primeira campanha a Bolívia acabara de ser dilacerada por uma guerra civil, e a instabilidade política ressurgiu esporadicamente ao longo do conflito. No final da segunda campanha, em 1903, a Bolívia reconheceu a derrota, aceitou a desmobilização das suas tropas e assinou um tratado de paz em que cedeu aos brasileiros o território do Acre. Com esta guerra lastimável, a Bolívia perdeu aproximadamente 190.000 km², que se somaram aos pouco mais de 164.000 km2 que havia já concedido ao Brasil num tratado assinado em 1867.

Três décadas depois, em 1932-1935, a Bolívia envolveu-se numa guerra contra o Paraguai pelo controle da região norte do Grande Chaco, onde se supunha então que existisse petróleo, além de este território possibilitar uma saída fluvial para o Oceano Atlântico. A derrota boliviana foi tanto mais surpreendente quanto a população paraguaia equivalia a menos de metade da população boliviana, e além disto o Paraguai saíra trucidado da guerra que desde o final de 1864 até ao começo de 1870 travara contra a Tríplice Aliança, composta pelo Brasil, a Argentina e o Uruguai, em que sofrera enormes baixas humanas. Mas, se a Bolívia acabou vencida, o Paraguai obteve uma vitória de Pirro porque, apesar de ter aumentado muito a sua superfície territorial, as economias de ambos os países ficaram à beira do colapso; e se a Bolívia perdeu cerca de 2% da população, o conflito custou ao Paraguai cerca de 3% da população.

De 1831 até 1938, em cem anos de guerras e caos político, passando por mais de quarenta governos e quase duzentas tentativas de golpe de Estado, a Bolívia perdeu mais de metade do território. As humilhações militares provocaram um ressentimento generalizado e uma reacção nacionalista, atitudes propícias à gestação do fascismo, tanto mais que aquelas aspirações geográficas eram consideradas indispensáveis ao desenvolvimento económico do país e a afirmação nacionalista se apresentava como um anti-imperialismo. Mas foi sobretudo a derrota no Chaco que assumiu as dimensões de catástrofe nacional e exerceu um efeito considerável sobre a sociedade e a cultura bolivianas, numa época em que o país começara a modernizar-se e a noção de cidadania abarcava já camadas sociais vastas. A historiografia parece unânime ao apontar uma linha de evolução que levou da derrota na guerra com o Paraguai até à revolução de Abril de 1952.

Foi precisamente aqui que comecei a hesitar, quando verifiquei que a análise da variante boliviana do fascismo me obrigaria ao estudo, necessariamente longo, de três guerras desoladoras. Mas não pretendi apenas esquivar-me a um trabalho fastidioso. É que o percurso pela Bolívia ter-me-ia levado a investigar o papel do Peru naquele contexto. Na época colonial a Bolívia era conhecida como Alto Peru, e foi nos complicados jogos de poder com José de San Martín que Simón Bolívar, cujo controle sobre o Peru estava em risco, concedeu a independência ao Alto Peru em Fevereiro de 1826, passando o novo país, em sua homenagem, a chamar-se Bolívia. Depois, o general Andrés de Santa Cruz esforçou-se por confederar os dois países no período de 1836 até 1839, mas em Janeiro de 1839, na batalha de Yungay, este projecto ficou frustrado. O estudo do Peru afigurou-se-me, então, tanto mais necessário à compreensão da situação boliviana quanto o Peru participara na guerra contra o Chile e se interessara também pelo Acre. Ora, a inclusão desse país não tornaria o percurso demasiado extenso e moroso?

A passagem pelo Peru colocaria obrigatoriamente em destaque a Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), que durante quase um século ocupou um lugar incontornável na vida política daquele país. Fundada em 1924 por Victor Raúl Haya de la Torre, a APRA foi originariamente uma organização marxista, embora não comunista. No início a APRA não era nacionalista, pois Haya de la Torre defendia o ideal bolivariano da união dos Estados latino-americanos, mas rapidamente limitou o seu escopo ao Peru e em 1930 converteu-se no Partido Aprista Peruano. Os apristas reivindicavam a nacionalização das terras e das indústrias e defendiam, num plano estritamente político, os interesses dos índios. A minha hipótese inicial de trabalho, nesta deambulação peruana de um percurso que não fiz, consistiria em procurar ao redor do Partido Aprista os traços de fascismo. Por um lado, o aprismo ditava uma grande parte dos temas ideológicos em jogo na vida política do país e, por outro lado, essa vida política parecia ter como principal objectivo impedir a chegada do Partido Aprista ao governo. E assim este partido foi duplamente condicionado na sua evolução, perdendo a especificidade ideológica quando os adversários formulavam reivindicações semelhantes às suas e suavizando o radicalismo prático em troca de sucessivas promessas de legalização ou de partilha do poder.

Durante a depressão económica mundial da década de 1930, igualmente padecida no Peru, um movimento insurreccional assegurou aos apristas popularidade e apoio, mas sucessivos pronunciamentos militares e ditaduras impediram-nos de chegar ao poder e por vezes prenderam-nos e mataram-nos. Terminada a segunda guerra mundial, porém, os governantes e a oligarquia chegaram a um compromisso com o Partido Aprista, aceitando a sua legalização e instaurando a liberdade de imprensa e de associação, enquanto, por seu lado, os apristas se comprometeram a apoiar uma candidatura presidencial moderada, que triunfou nas urnas. Mas como o Partido Aprista havia obtido a maioria absoluta na Câmara de Deputados e constituía o grupo mais numeroso no Senado, tentou impor a sua agenda ao governo, estimulando para isso a agitação universitária e as greves, já que os sindicatos eram maioritariamente apristas. Ao mesmo tempo, as forças conservadoras opunham-se às reformas projectadas pelo governo, o que agravou o caos. Foi nestas circunstâncias que o Partido Aprista enfrentou uma coligação de todos os rivais, tanto de direita como de esquerda, entre os quais se contavam os comunistas. Este ciclo encerrou-se com o pronunciamento de Outubro de 1948, impondo um regime militar que durou oito anos.

Apesar de proibido, o aprismo continuou a beneficiar de um grande apoio popular durante a ditadura e um novo ciclo político iniciou-se em 1956, quando as negociações entre o Partido Aprista, o governo e a direita tradicional conduziram à legalização daquele partido, que em troca aceitou atenuar as reivindicações, o que haveria de levar à saída dos seus militantes de esquerda e depois à fundação do Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Entretanto foi eleito um presidente apoiado pelos apristas, e seis anos mais tarde, em 1962, efectuaram-se novas eleições. Os principais candidatos, Haya de la Torre e Fernando Belaúnde Terry, apresentavam programas populistas e pretendiam incorporar os indígenas na vida nacional. O Partido Aprista obteve os melhores resultados no norte do país e entre os trabalhadores sindicalizados, sobretudo os da cana-de-açúcar, e Fernando Belaúnde triunfou na capital e nas regiões mais modernizadas, mas também no Sul, apesar de ser a região mais rural e arcaica. Haya de la Torre conseguiu uma percentagem de votos um pouco superior à de Belaúnde, embora não o suficiente para ser eleito imediatamente, e chegou a um acordo com outro candidato que atribuiria a vice-presidência a um aprista. Porém, Belaúnde e os militares, apoiados pelos sectores mais conservadores, impediram a efectivação desse acordo e o exército tomou o poder, para no ano seguinte se realizar um novo sufrágio. Como seria de esperar, Belaúnde foi eleito presidente.

Belaúnde obtinha apoios ao mesmo tempo à esquerda e à direita do Partido Aprista. Ele era bastante mais radical do que os apristas quanto à reforma agrária, era hostil ao capital estrangeiro e crítico da liberdade de mercados, o que lhe valia uma certa simpatia dos castristas e dos comunistas pró-soviéticos; mas, como atacava o Partido Aprista, era igualmente bem-visto pelos conservadores. Ao ultrapassar pela esquerda os apristas e ao ultrapassá-los pela direita também, não estaria Belaúnde a encetar a gestação de um fascismo? Seria nesta perspectiva que eu iniciaria a minha deambulação pelo Peru, só depois evocando as décadas anteriores como background do momento culminante de 1962 e 1963. Em seguida regressaria a 1963 e acompanharia o governo de Belaúnde que, sem dispor de maioria parlamentar e perante uma crise económica acelerada pelas medidas que acabara de tomar, enfrentava, por um lado, a oposição do Partido Aprista associado à direita conservadora e, por outro lado, a oposição da extrema-esquerda, incluindo trotskistas e guerrilhas guevaristas. Nestas circunstâncias, um grupo de jovens oficiais nacionalistas defendia a necessidade de realizar reformas antes que a situação se deteriorasse e, sob a chefia do general Juan Velasco Alvarado, apoderou-se do poder em 1968.

O governo de Velasco Alvarado propunha a nacionalização de empresas estrangeiras e previa a distribuição das suas acções aos trabalhadores até que eles controlassem 51% do capital, propondo igualmente uma ampla reforma agrária que integraria os camponeses índios e transformaria os latifúndios em unidades cooperativas ou em sociedades de interesse social. O governo pretendia ainda proceder a uma reforma do ensino e alfabetizar a população, assumindo também o Estado o controle dos grandes órgãos de informação. Na política externa reconheceu os governos de Cuba e da República Popular da China e adoptou uma postura activa no grupo dos não-alinhados e, mesmo que não houvesse tudo o mais, bastaria isto para gozar do apoio praticamente incondicional do Partido Comunista Peruano. Nesse percurso imaginário eu pararia aqui, deixando o projecto de Velasco Alvarado em suspenso, sem lhe analisar o declínio suscitado pela deterioração da situação económica, com a consequente radicalização da esquerda, incluindo o Partido Comunista e a central sindical, o que levou os próprios militares a efectuarem um golpe em 1975 e a substituirem Velasco Alvarado por outro general. O novo governo regressou à ortodoxia económica e apelou para o capital estrangeiro e, na política externa, aproximou-se dos Estados Unidos. A agitação social cresceu, com seis greves gerais no período de 1977 a 1979, mas a minha digressão terminaria em 1975, porque seria à luz da experiência de Belaúnde que eu analisaria o projecto de Velasco Alvarado, não para encontrar nele qualquer indício de fascismo, porque não me parece ter havido nenhum, mas para iluminar a posteriori o governo de Belaúnde. Aliás, embora os apoiantes de Belaúnde, tal como os apristas, se opusessem ao regime de Velasco Alvarado por ter emanado de um golpe militar, dificilmente poderiam discordar de medidas que eles mesmos defendiam e nunca haviam conseguido implementar. Assim, a digressão pelo Peru exigiria longas circunvoluções.

Exigi-las-ia mais ainda porque, como o peruano José Carlos Mariátegui inaugurou uma linha de pensamento marxista que ainda hoje tem repercussão em toda a América do Sul, eu encontraria ali uma oportunidade para ampliar a análise das encruzilhadas políticas e ideológicas que de maneira ampla classifiquei como nacional-bolchevismo. Neste caso seria um indígeno-bolchevismo, um etno-bolchevismo que esclareceria não só o século passado, mas até os dias de hoje ou mesmo de amanhã, porque Pedro Castillo foi eleito presidente em Julho de 2021 proposto pelo partido Perú Libre, que a si mesmo se define como marxista-leninista-mariateguista. Rapidamente Castillo se distanciou deste partido para se lançar numa busca acelerada de apoios sem outro critério além da utilidade imediata, com uma rotação de mais de quatro e meio ministros por mês, que afinal lhe precipitou um estrondoso fim político em Dezembro de 2022 e deixou o país num caos sangrento. Durante o ano e meio do seu mandato, porém, destaca-se o facto de ele ter apressado a saída de prisão do fascista Antauro Humala, chefe do Movimiento Etnocacerista, uma libertação aplaudida por Vladimir Cerrón, fundador e dirigente do Perú Libre. Com efeito, os seguidores de Antauro Humala haviam apoiado Castillo na segunda volta das eleições de 2021. O aparente ziguezague tem raízes profundas, porque o etnocacerismo é uma ideologia racialista, ou mesmo francamente racista, baseada numa referência mítica aos Incas, e defende um nacionalismo étnico, propondo como figuras inspiradoras o general Andrés Avelino Cáceres, que lutou na guerra contra o Chile, e o general Velasco Alvarado. Esta convergência de extrema-esquerda com extrema-direita numa plataforma etno-racial resulta, por sua vez, de outra convergência, já que Isaac Humala, pai de Antauro e fundador do etnocacerismo em 1989, havia militado no Partido Comunista Peruano e depois no MIR, antes de formular o seu socialismo racial. Os desdobramentos são infindáveis.

Depois das circunvoluções desta longa digressão, voltaria ao ponto de partida para constatar que foi sobre uma rede cujas malhas abarcaram vários países da América Latina que se repercutiram as influências do peronismo. Se eu tivesse ampliado assim o Labirintos teria podido analisar cruzamentos e interferências que matizaram o fascismo sul-americano, porque seria mais fácil entender o marxismo específico deste continente em que, de uma forma ou de outra, o nacional-desenvolvimentismo usa o argumento anti-imperialista para reforçar as credenciais nacionalistas, deixando aberta a possibilidade de uma convergência com a extrema-direita, geradora de novas formas de fascismo. O caleidoscópio ficaria mais subtil. Basta pensar que se compreenderia melhor a influência que as ideias do principal mestre do corporativismo fascista, Mihail Manoilescu, tiveram sobre Raúl Prebisch e a formação da CEPAL e, por aí, sobre o nacional-desenvolvimentismo e sobre o marxismo latino-americano. E também me seria possível tecer uma rede mais estreita entre os fascismos clássicos e os fascismos do pós-fascismo que proliferam no Terceiro Mundo, hoje crismado de Sul Global.

Por que motivo, então, não segui o percurso que agora esbocei?

Seria um trabalho enorme se medido em esforço e em número de páginas, demasiado ambicioso para uma obra que cada vez ficava mais volumosa, e sobretudo exigindo muito tempo, quando já não tenho idade para me lançar em longas aventuras. Não sou Jacques Barzun, que aos oitenta e quatro anos começou a escrever um livro imenso, From Dawn to Decadence, uma jóia da historiografia. De qualquer modo, a minha justificação já estava apresentada, pois eu começara por prevenir que o Labirintos do Fascismo permaneceria sempre inacabado. E permanecerá.

As ilustrações reproduzem quadros do pintor boliviano Alfredo da Silva (1935-2020) e tapeçarias do artista tecelão peruano Máximo Laura (n. 1959).

Pode ler o segundo percurso aqui e aqui o terceiro percurso.

1. Narrativas e narrativas

O lítio. Ouro branco. Petróleo. Onde há petróleo ou recursos naturais, há golpe estrangeiro. Essa narrativa a respeito do golpe militar na Bolívia tem circulado como explicação mais profunda sobre o processo político que lá ocorre tanto no Brasil quanto na esquerda internacional que se pretende solidária ao “povo” boliviano. Em resumo, Evo Morales teria caído por ter nacionalizado um valioso recurso natural alvo da ganância de potências estrangeiras — de preferência, dos Estados Unidos. Isso seria confirmado pelo rápido apoio do presidente americano Donald Trump aos recém-proclamados governantes (aqui em inglês e aqui em português). Na sua resistência em defesa dos recursos naturais bolivianos, Morales e o MAS seriam vítimas de uma investida estrangeira. A narrativa fecha. Tudo parece fazer sentido no caótico cenário boliviano.

Só tem um problema: a narrativa choca-se com a realidade. Evo não estava sendo contra a exploração estrangeira do lítio boliviano. Inclusive, Evo não era visto com tanta antipatia quanto dizem pelo empresariado externo ao país.

Vejam: o Washington Post em matéria deste mesmo ano, um veículo insuspeito de simpatias ao socialismo do século XXI, elogiava o governo de Evo por sua mobilidade social ascendente e colocava o seu governo como exemplo de que um governo de esquerda não necessariamente resultaria em uma Venezuela. Disse Morales ao jornal: “O Estado não é capaz de resolver todos os problemas. O Estado como cabeça do investimento, acompanhada pelo setor privado — esse é o nosso modelo de socialismo”. O governo foi elogiado pela sua melhora na posição do ranking internacional de corrupção, pelos investimentos em infraestrutura e pela redução da pobreza.

Será mesmo que o governo caiu para uma espécie de rapina imperialista?

2. A questão do lítio: caiu pela nação?

A postura de Evo em relação ao setor privado não foi muito diferente no caso das reservas de lítio encontradas em Potosí. O presidente da empresa estatal boliviana de mineração, a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), de acordo com a Telesur, anunciou em junho de 2019 um “vantajoso” acordo com a empresa alemã ACI Systems. A parceria seria de 51% da estatal e 49% da parceira alemã.

A questão não é pacífica entre o governo e a população de Potosi há algum tempo. Em 2015, uma greve de 17 dias em Potosí resultou em ataques à embaixada da Alemanha. Na época os moradores se queixavam da ausência de investimentos de infraestrutura prometidos em contrapartida da mineração.

Existe uma disputa grande entre as cooperativas privadas de mineiros com o estado boliviano em torno dos termos de exploração dos recursos do país, os termos de parceria e trabalho da principal estatal de mineração e as parcerias com empresas estrangerias. Em 2016, uma disputa a respeito do direito de as cooperativas de mineiros conseguirem autorizações para alugarem suas concessões de mineração a empresas privadas ou estrangeiras resultou no sequestro e assassinato de Rodolfo Illanes, vice-ministro do interior do governo do MAS. Esse momento delicado demonstra que não estamos tratando simplesmente do conflito entre trabalhadores das minas e as empresas estrangeiras que querem rapinar os recursos do país — em que um governo de esquerda protege o povo contra as gananciosas empresas estrangeiras.

Voltando ao lítio e a Potosí, de acordo com uma matéria que celebrou o acordo e reportou a tensão em torno da questão:

“A joint venture brinda a Alemanha e a Europa com acesso direto à matéria-prima do lítio”, admitiu [Wolfgang] Schmutz [diretor-executivo da ACI Systems]. Mas a Bolívia, por sua vez, tem acesso à tecnologia para a extração e industrialização dessa matéria-prima. Segundo Schmutz, parte essencial numa joint venture estabelece que “dois parceiros criam o que um sozinho não consegue”.

O acordo foi comemorado pela Telesur como uma possibilidade de substituição do papel de exportador de matérias-primas da Bolívia para produtor de produtos industrializados. Por todos esses motivos, o acordo com a empresa alemã foi buscado e defendido até o fim pelo governo do MAS.

3. De que reclamavam os moradores de Potosí antes da queda de Morales?

As queixas dos contrários à instalação da ACI Systemas em Potosi eram várias.

Para resumir, o Comitê Cívico de Potosi (COMCIPO) se queixou de que a empresa sequer tinha dinheiro, pois tinha ido buscar financiamento para a empreitada. A queixa essencial, no entanto, tratava dos royalties. A legislação boliviana de metalurgia estabelece um royalty de 3% em favor da região pela exploração de carbonato de lítio.

O presidente do COMCIPO, Marco Pumari, queixava-se de que a região estava sendo deixada de fora por 70 anos. A disputa pelos royalties era a demanda mais visível da greve cívica que movimentava Potosí antes da reeleição interrompida de Morales.

4. O acordo foi revogado — uma vitória da nação?

A população local de Potosí — empresários, cooperativas, mineiros — contestava o acordo com a ACI Systems. À greve de fome do Comitê Cívico se somaram bloqueios de rua e protestos. Evo Morales e o MAS defendiam essa parceria.

Quando o acordo sobre o lítio foi revogado logo após a eleição, em meio à polêmica sobre a questão da auditoria dos resultados, a reação do governador de Potosí, Carlos Cejas, foi de acusar uma conspiração de “agitadores de dentro e fora de seu estado que estariam tentando prejudicar o desenvolvimento da região”. Morales dizia que os protestos contra a parceria eram “orquestrados pela oposição com o objetivo de prejudicar seu governo”.

A ligação do Comitê Cívico de Potosí com a oposição, pelo menos, é inconteste. Marco Pumari foi visto ao lado de Carlos Camacho, liderança expressiva da oposição a Morales, no momento da proposição de um ‘conselho de notáveis’. Mas o fato é que a oposição capitalizou uma mobilização contra a presença de uma empresa estrangeira na mineração boliviana que estava sendo proposta pelo MAS. Ao contrário do que fazem supor as notícias que citamos no início da reportagem, era muito mais interessante para as empresas inseridas nesse setor que o governo de Morales continuasse estável e com condições de construir uma parceria sólida. A derrota de Morales foi também a derrota do seu projeto de parceria com outros países para a mineração do lítio.

Cesar Navarro, Ministro da Mineração responsável pelo acordo com a ACI Systems, foi a primeira baixa resultante do movimento que deu na queda de Evo e continua até hoje disputando as rédeas do país. Ele renunciou após o incêndio da sua casa e ameaças de violência contra seus familiares.

O senador do MAS de Potosí, René Joaquino, também renunciou. Juan Carlos Sejas, governador do estado, também renunciou em conjunto com Willians Cervantes, prefeito do muncípio de Potosí. O então presidente da Câmara dos Deputados, Victor Borda, também renunciou após ataques a sua residência em… Potosí.

5. A chave do labirinto — seria Morales uma vítima de um nacionalismo mais radical que o seu?

Esta província em que foi derrotado o governo do socialismo do século XXI, defensor da whipala e do orgulho plurinacional boliviano, revelou-se central para o desmonte do regime vigente no país. Foi ali que esse governo foi derrotado ao tentar defender a entrada de uma alemã na mineração do lítio boliviano. Talvez o problema do nacionalismo seja de fato uma chave para entender como essa ultradireita foi capaz de aproveitar o momento político para entrar no poder — mas em um sentido oposto do que quer acreditar boa parte da esquerda brasileira e do resto do mundo.

O levante do povo boliviano e de suas organizações foi o que, em última instância, provocou a queda do governo. Os principais movimentos exigiram a renúncia antes que as forças armadas e a polícia o fizessem. A OEA sustentou o governo até o final. A conjuntura crítica pela qual passa a Bolívia não começou com a fraude eleitoral, mas com o ataque sistemático do governo de Evo Morales e Álvaro García Linera aos movimentos populares que os levaram ao Palácio Quemado, ao ponto que, quando precisaram que eles os defendessem, estavam desativados e desmoralizados.

1.
A mobilização social e a negativa dos movimentos de defender o que, em dado momento, consideraram “seu” governo, foi o que provocou a renúncia. Assim testemunham-no as declarações da Central Operária Boliviana, de professores e autoridades da Universidade Pública de El Alto (UPEA), de dezenas de organizações e das Mulheres Criando, talvez a mais clara de todas. A esquerda latino-americana não pode aceitar que uma parte considerável do movimento popular tenha exigido a renúncia do governo, porque não enxerga mais além dos caudilhos.

A declaração da histórica Federação Sindical de Trabalhadores Mineiros da Bolívia (FSTMB), próxima ao governo, é o exemplo mais claro do sentimento de muitos movimentos: “Presidente Evo, já fizeste muito pela Bolívia, melhoraste a educação, a saúde, deste dignidade a muita gente pobre. Presidente, não deixes que teu povo arda, nem carregue mais mortos em suas costas, presidente. Todo o povo irá valorizá-lo pela posição que deves adotar, e a renúncia é inevitável, companheiro presidente. Temos de deixar o governo nacional nas mãos do povo”.

2.
Este triste desenlace tem antecedentes que remontam, em síntese apressada, à marcha em defesa do Território Indígena e Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) em 2011. Em seguida a esta ação multitudinária, o governo começou a dividir as organizações que a convocaram.

Enquanto Morales e García Linera mantiveram excelentes relações com o empresariado, deram um golpe de Estado contra o Conselho Nacional de Ayllus e Markas do Qullasuyu (CONAMAQ) e contra a Confederação de Povos Indígenas da Bolívia (CIDOB), duas organizações históricas dos povos originários. Mandaram a polícia, livraram-se dos dirigentes legítimos e logo depois chegaram, protegidos pela polícia, os dirigentes próximos ao governo.

Em junho de 2012 a CIDOB denunciou “a intromissão do governo com o único propósito de manipular, dividir e afetar as instâncias orgânicas e representativas dos povos indígenas da Bolívia”. Um grupo de dissidentes, com apoio do governo, não reconheceram as autoridades e convocaram uma “comissão ampliada” para eleger novas autoridades.

Em dezembro de 2013, um grupo de dissidentes da CONAMAQ, próximos ao MAS, voltaram ao local, deram um golpe e expulsaram qualquer um que ali se encontrasse, com o apoio da polícia, que permaneceu vigiando a sede e impedindo que as legítimas autoridades pudessem recuperá-la. O comunicado da organização assegura que o golpe contra a CONAMAQ foi feito para “aprovar todas as políticas contrárias ao movimento indígena originário e contra o povo boliviano sem que ninguém pudesse dizer nada”.

3.
No dia 21 de fevereiro de 2016 o próprio governo convocou um referendo para que a população se pronunciasse a favor ou contra a quarta reeleição de Morales. Em que pese a população ter dito NÃO, o governo seguiu adiante com os planos de reeleição.

Estes dois fatos – o não-reconhecimento da vontade popular e a expulsão das legítimas direções dos movimentos sociais – representam golpes contra o povo.

Mais grave ainda: na manhã de 17 de fevereiro, dias antes da realização do referendo, uma manifestação de pais de alunos chegou até a prefeitura de El Alto. Um grupo de cem manifestantes entrou à força no recinto, provocando um incêndio no qual morreram seis pessoas. Os manifestantes que se escudaram na mobilização dos pais pertenciam ao governista Movimento ao Socialismo (MAS).

Este é o estilo de um governo que denuncia um “golpe”, mas volta e meia atuou de forma repressiva contra os setores populares organizados que enfrentaram suas políticas extrativistas.

4.
Para a maioria das pessoas na Bolívia, as eleições do dia 20 de outubro foram uma verdadeira fraude. Os primeiros números apontavam para um segundo turno. A contagem de votos, entretanto, paralisou-se sem explicação alguma, e os números apresentados no dia seguinte mostravam Evo como vencedor no primeiro turno, já que obtivera mais de 10% de diferença mesmo sem ter alcançado 50% dos votos.

Em várias regiões ocorreram enfrentamentos com a polícia, e os manifestantes incendiaram três escritórios regionais do tribunal eleitoral – em Potosí, Sucre e Cobija. As organizações cidadãs convocaram uma greve geral por tempo indeterminado. No dia 23, Morales denunciou que estava em curso um “golpe de Estado” movido pela direita boliviana.

No dia 28, intensificaram-se os protestos, com bloqueios de estradas e enfrentamentos com a polícia, mas também, agora, envolvendo enfrentamentos entre simpatizantes e opositores do governo. Como em outras ocasiões, Morales e García Linera mobilizaram as organizações cooptadas para enfrentar outras organizações e pessoas opositoras a seu governo.

No dia 2 de novembro ocorreu uma virada importante. O presidente do Comitê Cívico de Santa Cruz, Luiz Fernando Camacho, que mantinha uma aliança com o governo de Morales, chama o exército e a polícia a “ficar ao lado do povo” para forçar a renúncia do presidente, invocando Deus e a Bíblia. No dia 8 amotinaram-se as primeiras unidades policiais em Cochabamba, Sucre e Santa Cruz, e os policiais uniformizados confraternizaram-se com manifestantes em La Paz. Dois dias depois, com um país mobilizado, Morales e García Linera ofereceram sua renúncia verbal, ainda sem fazê-lo por escrito.

5.
Neste cenário de polarização, devemos destacar a notável intervenção do movimento feminista boliviano, em especial o coletivo Mulheres Criando, que encabeçou uma articulação de mulheres nas principais cidades.

No dia 6 de novembro, em plena polarização violenta, María Galindo escreveu no diário Página 7: “Fernando Camacho e Evo Morales são complementares”. “Ambos erigem-se como representantes únicos do ‘povo’. Ambos odeiam as liberdades das mulheres e das bichas. Ambos são homofóbicos e racistas, ambos usam o conflitos para tirar vantagem”.

Não somente exigiu a renúncia do governo e do tribunal eleitoral (cúmplice da fraude), como também a convocatória de novas eleições com outras regras, onde a sociedade estivesse envolvida, para que “ninguém precisasse, nunca mais, de um partido político para se fazer escutar e para exercer sua representação”.

A imensa maioria das pessoas que habitam a Bolívia não entrou no jogo de guerra que Morales e García Linera quiseram impor quando renunciaram e lançaram seus partidários à destruição e ao saque (em particular em La Paz e El Alto), provavelmente para forçar a intervenção militar e justificar, assim, sua denúncia de um “golpe” que nunca existiu. Tampouco entraram em jogo a ultradireita, que atua de forma violenta e racista contra os setores populares.

6.
Na esquerda latino-americana, se é que ainda lhe resta algo de ética e dignidade, devemos refletir sobre o poder e os abusos que seu exercício acarreta. Como nos ensinam as feministas e os povos originários, o poder é sempre opressivo, colonial e patriarcal. Por isto elas rechaçam os caudilhos e as comunidades fazem rodízio de lideranças para que não acumulem poder.

Não podemos esquecer que neste momento existe um sério perigo de que a direita racista, colonial e patriarcal consiga aproveitar a situação para impor-se e provocar um banho de sangue. O revanchismo político e social das classes dominantes está tão latente quanto nos últimos cinco séculos, e deve ser freado sem vacilações.

Não entremos no jogo de guerra em que ambos os lados querem nos colocar.

Texto originalmente publicado, em espanhol, no Desinformémonos. Traduzido por Passa Palavra.

Sua causa imediata foi a ambição do presidente Evo Morales em se eternizar no poder. Morales chegou à presidência em um processo de mobilização indígena, camponesa e operária contra as medidas neoliberais que empobreciam o povo boliviano. O maior símbolo disso foram as “guerras” da água e do gás. Essas mobilizações deram como resultado o processo constituinte, que reconheceu pela primeira vez direitos para os povos indígenas da Bolívia e permitiu uma série de avanços sociais.

Ao mesmo tempo, o núcleo duro em torno de Evo desde o início tinha como estratégia uma conciliação com a elite agroindustrial, vista como parceira na construção do que eles chamavam de “capitalismo andino-amazônico”. Com a derrota dessa elite no processo constituinte, o MAS [Movimiento al Socialismo, partido de Evo Morales], através do controle dos recursos do Estado, pôs em prática um projeto que visava a criação de uma classe média indígena, baseada nas atividades comerciais e extrativistas.

Para isso, o MAS garantiu que as bases do poder econômico da elite derrotada permanecessem intactos. Não impôs limites ao tamanho das propriedades agrárias, permitiu a expansão da fronteira agrícola em detrimento dos povos originários e buscou aumentar o perfil exportador primário de sua economia.

Para garantir o processo de acumulação das velhas e novas elites, o MAS muitas vezes ignorou os próprios direitos de consulta e respeito às comunidades indígenas garantidos pela nova Constituição. Atacou organizações que não aceitavam sua tutela, desrespeitou áreas de proteção ambiental, corrompeu dirigentes, fez alianças com setores da direita.

A situação econômica positiva da Bolívia, com crescimento por vários anos, junto com a ascensão dessa nova classe média indígena, permitiu uma estabilidade política inédita nesse país. Morales é o presidente que ficou mais tempo no poder desde a fundação da república [boliviana]. Seu partido tinha a maioria na Assembleia Legislativa Plurinacional, nos órgãos judiciários e dos governos estaduais.

Essa situação positiva alimentou a ambição de Morales de que poderia continuar indefinidamente no poder. Chamou um plebiscito para referendar a chance de poder se candidatar mais uma vez. Ele perdeu esse referendo, mas, com o controle da maioria das instituições de Estado, ele e seu núcleo duro acharam que poderiam fazer com as instituições burguesas o que já faziam há anos com organizações camponesas e indígenas rebeldes: atropelá-las, refazer as regras do jogo e impor sua vontade.

Essa postura de Evo alienou inclusive uma boa parte da sua antiga base social, que percebia que nessa disputa não estava em jogo nenhum interesse fundamental do povo boliviano, mas apenas a ambição do mandatário em se perpetuar.

Isso permitiu à direita boliviana, que há anos estava marginalizada e sem expressão, recuperar-se sob a bandeira da democracia. Com a ajuda externa (a intervenção brasileira está evidente desde o começo), as elites agroindustriais colocaram pessoas na rua, pondo em evidência desde já seu caráter reacionário, racista e violento.

A maioria das organizações de trabalhadores, indígenas e camponesas não estava disposta a sair às ruas para defender o projeto pessoal de Evo. Nem mesmo setores dessa nova classe média indígena. O governo podia contar com algumas organizações de cocaleiros controladas por ele, mas que por razões óbvias não podiam contrapor uma resistência vigorosa. A defecção de setores da polícia e das forças armadas foi a gota d’água que faltava para derrubar a ilusória hegemonia do MAS.

Agora, resta saber como se desenrolará a situação. Os golpistas não terão um caminho fácil, nesse contexto em que a direita latino-americana está acuada. Se tentarem revogar a Constituição, impor um Estado de sítio ou não chamarem novas eleições em breve, despertarão a resistência dos movimentos sociais, que possuem uma capacidade de mobilização única na América Latina.

A chave da situação está na resistência popular que começa a partir de agora.

Resenha e ensaio crítico sobre o livro: García Linera, Álvaro. ¿Qué es Una Revolución? De la Revolución Rusa de 1917 a la revolución de nuestros tiempos. Vicepresidencia del Estado, La Paz, 2017[1].

O último livro de Álvaro García Linera, publicado em 2017 pela vice-presidência da Bolívia e também como artigo numa coletânea sobre os 100 anos da Revolução Russa, na Espanha (García Linera, 2017), apresenta um compêndio de trabalhos ou intervenções públicas anteriores do autor, organizadas aqui junto com uma leitura do processo de estabelecimento do poder soviético. García Linera busca neste texto se aproximar de uma definição sobre o que é uma revolução, abrindo um debate sobre as tarefas dos revolucionários em tempos sem revolução. Entre as frequentes publicações do vice-presidente orientadas para a intervenção no debate político boliviano, o texto se destaca por explorar uma dimensão mais distante da conjuntura e por suas pretensões de dialogar com a esquerda mundial. A discussão contribui, de fato, como justificativa clara de uma posição que muitas vezes a esquerda acaba assumindo de forma um pouco envergonhada: a resignação frente às leis da economia capitalista e o refúgio no Estado liberal; o abandono da tarefa de criar novas instituições; de construir poder de baixo; ou qualquer outro objetivo que se contraponha ao de manter o status quo dos grupos de poder e promover a expansão do capitalismo, da mercantilização das relações e da vida.

O texto se organiza como um O que fazer para quando não existe um processo de mobilização em curso. E a proposta é simples: o Estado, como âmbito da estabilização do poder político, posteriormente ao assalto revolucionário do poder governamental, numa gestão sem rupturas da economia. Trata-se, basicamente, de controlar e neutralizar o conflito entre forças políticas e sociais para “esperar” condições favoráveis que permitam avançar novamente, num momento futuro fora do alcance do Estado, com novos atores num futuro indefinido que sabidamente virá. O avanço demorará anos ou décadas em se reativar, na argumentação de García Linera, cabendo somente administrar uma situação política sem mais beligerância entre setores. Enquanto uma onda revolucionária de mobilização não acontece, trata-se de administrar o capitalismo favorecendo, em lugar de se opor, as relações econômicas existentes.

As características do processo da revolução russa narrado por García Linera fazem parte do consenso historiográfico sobre o assunto. O autor se refere ao mesmo citando autores clássicos de referência, inclusive alguns bem questionados pelo viés conservador e interessado numa descrição trágica e negativa do processo que sucedeu à chegada ao poder (Liz, 2017). García Linera busca também se afastar do período inicial, descartando rapidamente as medidas iniciais para fazer um elogio acrítico do que viria depois. No olhar interpretativo do curso dos acontecimentos na Rússia, é onde encontramos a contribuição do García Linera, na tentativa de uma leitura com pretensões teóricas pela qual o controle férreo da autoridade estatal se torna inevitável e, assim, o processo de burocratização e centralização autoritária do poder na Rússia é descrito como inexorável.

Deixando de lado uma busca anticapitalista que aparece como não possível na escala nacional, para García Linera o objetivo dos revolucionários deveria ser prioritariamente o de garantir o controle centralizado e monopólico do Estado. Depois de fazer a revolução, não devemos pensar em retomá-la, continuá-la, em busca da revolução dentro da revolução ou do trabalho para sua expansão. Não se trata sequer de levar adiante o processo de mudanças. Na base da nova hegemonia, o revolucionário espera num processo que não está mais a seu alcance, e que exige dele priorizar a economia, fator-chave para garantir o controle político. Controle político estatal e livre mercado.

O centro e a maior parte do texto de García Linera é uma releitura da posição do Lênin em 1921, quando, depois do período conhecido como “comunismo de guerra”, o governo bolchevique adota a NEP (Nova Política Econômica). A NEP, naquele momento, foi o resultado de uma conjuntura complexa onde o governo dos bolcheviques se encontrava pressionado pela situação política que exigia ceder posições frente à reação. As cidades e o campo estavam se levantando contra a revolução, além de persistir o acosso das potências ocidentais, dentre outras inúmeras dificuldades, incluindo o boicote econômico da burguesia nacional. Na leitura de García Linera, no entanto, o elogio da NEP se eleva a modelo para pensar a revolução em qualquer época, criticando como ingênuas as tentativas anteriores dos bolcheviques, quando foi tentada uma intervenção vigorosa contra a lógica capitalista de valorização e organização da produção, na indústria e no campo.

Para García Linera, a NEP não teria sido um “recuo”, e menos ainda uma política fracassada, como o próprio Lênin a definiu em diferentes momentos (Carr, 1981, p. 58). Ela seria uma medida necessária e inevitável. A escolha do gesto centralizador do Lênin, em lugar de outros possíveis do revolucionário russo, democratizadores ou de ruptura com as estruturas existentes, faz sentido como justificação da política adotada pelo governo da Bolívia. Mas veremos abaixo como a comparação carece de sentido na forma em que aqui é apresentada.

García Linera concede na argumentação que, embora seja fundamental controlar o Estado, e é isso que Lênin teria possibilitado na decisão estratégica de adotar a NEP, não é o Estado que faz a revolução. A NEP, nesse sentido, não é uma política de ordem revolucionária, mas a medida tática que permite aos revolucionários que substituíram à burguesia no comando político, se manterem no poder. Também a tomada do Estado em outubro não seria a revolução, para García Linera. A revolução só pode ser entendida num processo mais amplo, onde, além de reorganização do poder entre blocos de classes, é necessária uma modificação das estruturas do poder moral e das ideias dominantes que circulam entre elas.

A revolução se faz num processo lento, explica García Linera, como disputa que se dirime no mundo plebeu, antes da tomada do poder estatal, e que tem uma importante dimensão simbólica e cultural. García Linera pensa com o Gramsci da disputa hegemônica, embora o pensamento do autor sardo não possa ser recuperado plenamente, por exemplo na distância do argumento de García Linera com a ideia de revolução passiva. Para García Linera a revolução se interrompe totalmente no momento de refluxo das ondas de mobilização de baixo, justificando assim a necessidade de controle e intervenção política centralizada nas instituições.

O que García Linera retoma de Gramsci é a ideia de batalha cultural num campo político que envolve a sociedade, e que seria prévio ao assalto revolucionário. Mas também as críticas que Gramsci faz ao economicismo da ortodoxia marxista não são válidas na recuperação que García Linera faz do foco na hegemonia. García Linera pensa o Estado com Hegel (e Bourdieu) mais do que com Marx, entendendo o poder e a economia de forma idealista, num campo de disputa simbólica tido como separado das relações econômicas materiais. São ideias, que devem ser disputadas como princípios socialmente aceitos, por exemplo, no neoliberalismo. Ao mesmo tempo, no entanto, para um revolucionário sem processo de mobilização em curso, não há o que fazer para além de administrar as relações econômicas estabelecidas. É essa concepção que levaria o processo a se fechar na administração do Estado e da economia existente.

O idealismo que Marx criticava, que podemos associar às teorias contemporâneas da esquerda populista, com prioridade para o discurso e a política como esfera autônoma, aparece combinado, em García Linera, com um determinismo econômico como ressábio da ortodoxia marxista; e ainda com o aceite da institucionalidade burguesa como campo de atuação, de um progressismo que se encontra com o caminho histórico da socialdemocracia e o reformismo. Essas são as coordenadas de uma teoria da revolução que nasce da tentativa de justificar o rumo do progressismo latino-americano e do governo da Bolívia, a partir de uma perspectiva que busca manter uma associação com o legado da Revolução Russa.

García Linera também faz a reflexão sobre o Estado para pensar a diferença entre sociedades centrais e periféricas proposta por Gramsci. É nas sociedades “orientais”, com menos interiorização da lei e com um Estado menos enraizado, que a guerra de posições se faz mais apropriada; e é nas sociedades “ocidentais” onde o poder se estrutura de forma mais férrea. Invertendo a análise do Gramsci, García Linera vê o Estado mais distante, “gelatinoso” e ausente nas sociedades “orientais”, como Bolívia e Rússia, resultando em menos obediência e conformismo. Sem um Estado com sustentação mais consolidada e estrutural, as sociedades periféricas seriam mais plurais e diversas. Na esteira do Gramsci, esse ponto faz García Linera convergir com René Zavaleta e toda a geração intelectual da qual o autor faz parte, com uma discussão que extrai reflexões a partir da luta do movimento camponês e indianista da Bolívia, dando suporte à ideia do Estado Plurinacional (Multi-Nacional, em trabalhos anteriores de García Linera) como forma política que busca se aproximar do pluralismo social, da sociedade abigarrada [mesclada, misturada]. Na teoria do Estado e da Revolução do García Linera, no entanto, a luta das nacionalidades indígenas por autogoverno e descolonização se transforma num processo estatal[2].

Essa luta no campo social e da cultura é prévia e mais importante do que a tomada de assalto para a conquista de um Estado decadente que, para García Linera, quando a onda revolucionária se levanta, já estaria morto. Bourdieu é um autor com o qual García Linera pensa esses problemas, a partir do destaque dado aos aspectos simbólicos do poder e da definição do lugar social de grupos representados por um novo Estado. No livro também há menções ao sociólogo Erving Goffman, sobre a interiorização da lei nas sociedades “ocidentais”, e a Durkheim, sobre a necessidade de alterar as estruturas mentais morais e lógicas da sociedade – parte da fase “gramsciana” da luta pelo poder. Mas a proposta teórica aponta a necessidade de complementar esse pensamento sociológico e gramsciano, útil para entender especialmente a fase prévia ao controle do poder, com o pensamento do Lênin, necessário para entender a conquista do poder político e a imprescindível centralização estatal.

Na argumentação de García Linera, a guerra de posições e a consolidação de condições culturais hegemônicas na Rússia teriam ocorrido de forma muito acelerada, num percurso que, depois, foi completado pelos bolcheviques no plano da direção política, dentro de um momento jacobino ou ponto de bifurcação da revolução. Este momento leninista teria sido uma tarefa separada e posterior à fase de luta pela hegemonia, e também não teria como objetivo o controle das instituições, mas especialmente uma luta pelo poder político e de definição do projeto de poder. É depois da revolução, na dupla vitória cultural e política, gramsciana e leninista, quando se estabelece uma nova “direção geral da sociedade para todo um longo ciclo estatal”. Podemos dizer que, nesse ponto, García Linera enxerga um congelamento político que abre passo para que os jacobinos – sejam eles socialistas, republicanos ou progressistas – passem a se concentrar na administração do poder político aparentemente, agora sim, de forma “oriental”, despótica.

No livro, García Linera rapidamente abandona o Lênin do assalto ao poder, de Outubro, e também da disputa hegemônica prévia, gramsciana. O que interessa a García Linera é o Lênin do Estado, depois da revolução. Não é também o Lênin do Estado e a Revolução, escrito em 1917, nem o do Imperialismo, fase superior do capitalismo. É o Lênin do Estado sem revolução, e de uma política focada no Estado-nação, que contrasta com o olhar internacionalista, intercalando-se com posições mais comuns em tradições políticas nacionalistas, bonapartistas e populistas.

O título da edição boliviana do livro é “O que é uma Revolução?”, mas o conteúdo se refere a uma leitura em que a mesma se situa fora do alcance do revolucionário, numa visão que lembra muito o etapismo e o mecanicismo do marxismo ortodoxo, na medida em que o Estado é o lugar prioritário de intervenção política, mas especialmente porque este lugar aparece como tempo de espera resignada, de asilo para o revolucionário, que não teria em seu alcance influir no retorno de uma nova onda revolucionária, ou de uma revolução mundial.

A revolução permanece como possibilidade adormecida ou referência às lutas do passado. Fora dos momentos de explosão e movimento, é preciso um poder unificado que se expressa no Estado. Toda luta que ocorra fora desses momentos fundacionais, mitologizados, distantes, tratar-se-á de lutas locais, incompletas, não universais, e que se não forem controladas pelo Estado, sob o comando revolucionário, jacobino, progressista, deverão cessar. Assim, depois da revolução é preciso estabelecer uma autoridade, que tenderá a buscar um controle monopólico do território e o poder.

Um momento estatal, de consolidação do poder, resulta da combinação entre o momento jacobino leninista e o momento gramsciano hegemônico que lhe serve de base. Assim se define o monopólio territorial da coerção e o monopólio nacional da legitimidade, diz García Linera, “para todo um longo ciclo estatal”. Esse momento se define na Revolução Russa com a adopção da NEP, superando a tentativa ilusória de abolir as relações de mercado, além da escala salarial, no comunismo de guerra. Só a NEP encontra um desfecho para a disputa com as antigas classes dominantes. Em termos de teoria revolucionária, cabe assinalar, com a ideia do monopólio nacional da coerção e da legitimidade, García Linera se aproxima da tendência que se conheceu como Socialismo em um País Só no processo soviético, e também de processos caudilhistas similares em outros países.

Sem capacidade para intervir num processo que necessariamente se produz fora do Estado, diz García Linera, o revolucionário deve consolidar o poder político evitando o retorno das antigas classes dominantes. Entre o passado funesto, interrompido por uma revolução, e o futuro onde ela poderá ser continuada, se impõe um presente desencantado de administração do possível. Um presente morto, em termos de política revolucionária (ou revolução passiva), que conjura o futuro no mesmo gesto em que a ele tudo delega. Se em outro lugar García Linera (2016) acusa aqueles que chegaram a constatar um final de ciclo para o progressismo latino-americano, como se estivessem emulando o fim da história do Fukuyama, aqui é García Linera que, para justificar a administração do Estado burguês sem interferências na economia de mercado, propõe a espera, a esperança no futuro, o imobilismo no presente. Encontra-se longe de entender a história como luta de classes, urgência em encontrar caminhos de mudança dos têm a vida empenhada pelo capital, ou enxergam os limites da civilização e do capitalismo para viver bem.

A importância do livro de García Linera reside, assim, na explicitação do pensamento de uma esquerda estatal, hoje em retirada dos governos latino-americanos, onde tanto a busca por formas políticas não centralizadas como por alternativas ao capitalismo e sua lógica mercantil, em todo lugar, são canceladas.

García Linera compara o momento da adopção da NEP na Rússia com a resistência à invasão na Baía dos Porcos, na revolução cubana; a greve da PDVSA e golpe de 2002, na Venezuela, e, na Bolívia, com a vitória contra o “golpe de Estado cívico-prefectural” (dos comitês cívicos e governos estaduais), em setembro de 2008. Nesse momento, quando a resolução do processo constituinte boliviano ainda estava em aberto, o MAS de Evo Morales consegue vencer definitivamente o que tinha sido uma importante resistência ao novo governo. Com apoio social na Meia Lua, e chegando a declarar a autonomia política de fato, a oposição desafiava o monopólio estatal com realização de referendos massivos e ocupação de instituições. O MAS retomava a iniciativa política que mesmo uma vitória eleitoral de 67% num referendo revocatório recente parecia não ter garantido. Só depois de reconhecer a autonomia regional em mesas de negociação com a oposição, e permitir a revisão do projeto de constituição no congresso nacional, o processo que se encaminharia para a aprovação da nova Constituição e um novo ciclo de poder estatal se iniciava (cf. Schavelzon 2012).

Uma NEP na Bolívia?

O livro de García Linera tem o claro sentido de tentar justificar o rumo tomado pelo processo boliviano, considerado aqui como caminho que avança na mesma direção que o da adoção da NEP. Como demonstra a inclusão no livro de frases textuais de outras intervenções dedicadas originalmente a discutir com os críticos do progressismo, a defesa do Estado como espaço de interrupção não deixa de ser uma crítica aos que pedem mais do processo boliviano, aos que criticam um desvio do rumo inicial ou consideram chegado o fim de um processo de descolonização e mudança. É para essas críticas que García Linera responde dizendo que é preciso esperar, e que para os revolucionários só cabe a tarefa de controlar o poder da forma mais consolidada possível, a qualquer custo.

A definição da permanência no comando do governo como prioridade, inclusive acompanhada de um relaxamento das tensões com o poder econômico, serve para entender também a conjuntura boliviana, com frequentes manifestações contrárias ao governo, incluindo setores indígenas, cocaleros, moradores de antigos bastiões de apoio, com um retrocesso eleitoral no país inteiro. Nesse contexto, foi aprovada a possibilidade de “repostulação” do Evo Morales para uma nova reeleição, a partir de uma polêmica sentença no Tribunal Constitucional, controlado pelo governo, contradizendo uma definição expressa na Constituição impulsionada pelo MAS, e também a vitória do “Não” num referendo que consultava a possibilidade de que Evo Morales e García Linera disputassem uma nova reeleição[3]. A permanência no controle do Estado se mostra como prioritária, a qualquer custo.

Em diferentes intervenções fora da Bolívia, García Linera postula uma visão matizada do afirmado neste livro, onde a centralização estatal complementaria de modo paradoxal as formas que democratizam o poder. O Estado Plurinacional da Bolívia seria exemplo disso, com movimentos sociais no poder (García Linera, 2015)[4]. Mas a importância desse livro é que o efeito do elogio da adopção da NEP na Rússia permite que discutamos com um García Linera mais honesto. Sem necessidade de se referir por extenso ao processo boliviano, onde a centralização política teve como consequência o afastamento dos movimentos sociais da base do MAS da dinâmica do governo, García Linera está livre para destacar o que vê realmente como política necessária num processo político: a centralização, monopólio estatal da ação e repressão do conflito dissidente ou fora do controle. É verdade que na Bolívia as dinâmicas comunitárias e de participação políticas estão vivas. Mas é contra elas que a política adotada pelo MAS vem se desenvolvendo.

Longe de destacar a democratização que os bolcheviques impulsionaram na escolha dos sovietes como espaço que deveria controlar o poder, vemos que o que interessa a García Linera para pensar a revolução é o Estado, e a direção política do processo dentro do Palácio. Nesse processo, as bases mobilizadas deixam de controlar o poder e passam a ser controladas por ele, da mesma forma que os setores de poder destituídos, sujeitos todos de um novo poder transcendente que se postula como universal. Numa crítica que também cabe aos bolcheviques, quando é postulado o controle estatal em termos unificados e monopólicos, dificilmente isso pode ser conciliado com sujeitos sociais não estatais no comando do processo político. É esse o sentido do processo que García Linera está discutindo, independentemente de que qualquer Estado, e ele mesmo, declarem que as ações do governo respondem à vontade geral, aos movimentos sociais, ou a de alguns dos seus membros que se tornam quadros administrativos.

Sem recursos políticos para intervir nas forças econômicas que se mostram inatingíveis, que apenas um processo revolucionário emergente na sociedade, além de internacional, poderia alterar, para García Linera cabe ao revolucionário apenas melhorar as condições de vida da população através de políticas do Estado. Numa frase dirigida aos críticos de esquerda, García Linera diz no livro: “a gente gostaria de fazer muitas coisas, mas apenas conseguimos fazer algumas” (2017, p. 61). Assim, em diálogo com a Revolução Russa, vemos que o revolucionário ideal de García Linera deixa de ser o agente que se organiza para criar um poder paralelo, de baixo, e destruir o Estado burguês, para se tornar seu administrador.

Assim, a revolução russa que García Linera resgata não é a dos bolcheviques que negam colaborar com o governo provisional progressista ou de tendência republicana de Kerensky. A identificação com o Lênin é na sua dimensão jacobina, de vanguarda de mando, e não da democratização do poder, ao serviço da classe trabalhadora na construção de novas instituições e na interrupção do controle econômico da burguesia. Depois da conquista do poder político, assim, será possível apenas colher os frutos do que uma luta cultural prévia fizera possível. Não haverá espaço para a tantas vezes evocada “participação”, nem para disputas internas pelo destino do processo político. Uma paz controlada que não permite resolver os antagonismos sociais nem reabrir uma disputa pelo poder político quando seus novos ocupantes viram às costas ao processo iniciado pelos de baixo.

O verdadeiro aspecto heroico e romântico da revolução, para García Linera, se situa nessa fase pós-conflito, ou que nega o conflito, de pouca épica e problemas de governo. A tentativa do livro é reconhecer positivamente o curso que o processo político tomaria na Rússia e na Bolívia, começando com a fusão dos sovietes com o partido e o Estado; para depois avançar na proibição do conflito e dissidência interna; e finalmente consolidar uma burocracia autoritária que terminaria se constituindo na própria derrota da revolução.

Para García Linera a tomada do poder pode ser violenta ou não, justificando a luta armada para situações em que a definição do poder esteja em aberto, num momento jacobino que exija isso, mesmo que não a considere como único caminho possível. Mas o curso posterior da revolução é, para ele, um processo que precisa da mão firme reitora. Esse poder em poucas mãos, cada vez mais longe, ocorre na Rússia depois de 1921 e na Bolívia depois de 2009, embora estejamos falando, num caso, de um processo que respeita as instituições anteriores e, em outro, de um que as demole. Independentemente dos caminhos e também das medidas que são feitas ou não em cada caso, é nesse momento-chave que se situa o cerne de um processo, com centralização e verticalização que se realiza, diz García Linera, como paradoxo e “contra a revolução” (2017, p. 52).

A revolução deve avançar contra a revolução, a democracia e a descentralização do poder dos sovietes de camponeses, soldados e operários que, no momento jacobino de ruptura da ordem antiga, se tornaram espaços de democracia direta. Na Bolívia, podemos fazer um paralelo com o avanço do processo de mudança contra a autonomia das organizações indígenas históricas que propuseram o Estado Plurinacional na Assembleia Constituinte, com as quais o governo do MAS rompe depois de 2009. É necessário que o Estado imponha ordem em escala nacional, diz García Linera, contra a fragmentação dos trabalhadores e o assédio da contrarrevolução. A democracia comunitária, a representação direta das nacionalidades indígenas e a descolonização do Estado ficariam como frases decorativas da Constituição, com o governo do MAS operando para que elas se mantenham à margem das novas instituições, sob risco de questionar a unicidade e concentração do poder monopólico almejado.

Não é difícil imaginar o lugar do García Linera na repressão que a partir de 1921 o Estado Soviético orientaria contra opositores de esquerda, sovietes rebeldes, o exército de camponeses revolucionários da Ucrânia e, depois, os próprios membros do partido bolchevique que não aderiram à linha dominante. Mesmo não tendo sido desencadeado um processo repressivo em grande escala, houve criminalização de protestos e de ONGs críticas; intervenção governamental em organizações sociais; difamação de adversários na mídia, marcando um caminho que acompanha o favorecimento do “bom clima de negócios”. Ao mesmo tempo o governo se aproximou de uma nova burguesia local; priorizou a estabilidade econômica, em aliança com setores poderosos da economia antes resistentes ao novo governo. Depois de um momento inicial com atritos e medidas fortes, o poder governamental se consolidou nas mãos do partido de governo, com a economia marcando o rumo enquanto se buscava garantir investimentos e liberdade para os atores econômicos dominantes.

García Linera menciona o episódio de Kronstadt, em que Lênin e Trotsky comandam uma repressão violenta contra marinheiros que eram heróis da recente revolução. Trata-se para o autor de um “produto da arriscada modificação da correlação de forças ao interior do bloco popular” (2018, p. 90). Isso ocorria junto com a discussão sobre a NEP no congresso do Partido, quando também se constataria uma virada a respeito de liberdades de expressão e organização política no País. García Linera não menciona esse processo que acompanhou a adopção da NEP, mas entende-a como efeito necessário, seguido do reforço do controle político vertical, de modo a evitar o estabelecimento de um jogo de correlação de forças políticas no interior do bloco popular.

Além do início da censura em grande escala praticada pelos bolcheviques, deixando para trás o momento em que eles a sofriam, junto com a NEP se proibia a dissidência interna no partido, mesmo que não se organizasse como tendência ou facção, que anteriormente já não era permitida. Simultaneamente, milhares de mencheviques foram presos, exiliados ou tiveram pena de morte decretada, embora não executada (Fitzpatrick, 2005), e os bolcheviques substituíam membros de outras organizações no interior dos sovietes (Machajski, 2018).

García Linera define a prática revolucionária com base em algumas definições como “referentes universais que revelam a natureza social de um processo revolucionário em curso” (2017, p. 66). Esses referentes são o modo como a sociedade se constitui (como classe), se organiza (na ação política coletiva, com participação) e se projeta (como objetivos do processo político). Com as classes plebeias mobilizadas, nesta definição, existem possibilidades de luta anticapitalista. Também se supera a democracia representativa, assim como, no plano material da economia, os objetivos da luta buscam abrir espaços à lógica do valor de troca como ordem planetária, a partir do valor de uso, num regime de relação entre as pessoas e as coisas não mediado pela relação capitalista (2017, p. 66-7).

No entanto, agora, a bonita definição, radical na medida em que define uma verdadeira revolução a partir da alteração efetiva do Estado burguês e da economia capitalista a partir de um sujeito político de baixo, fica suspensa, por longos períodos, quando uma incidência política efetiva nesses planos fica definida, por García Linera, como não possível. Nesse ponto, uma nova definição se impõe, onde, de forma cínica, o que acabou de ser caracterizado como rasgos de uma revolução fica descartado. A tarefa do revolucionário não envolve formas democráticas e coletivas, se impõe como governo de poucos, embora se diga em nome da classe ou do grupo de fusão dos pobres e plebe subsumida à acumulação ampliada do capital. Em lugar disso, aparece uma elite jacobina que também não alterará a lei do valor mas, antes, criará condições para que o capitalismo se expanda, fazendo sua praça do espaço politicamente controlado por anticapitalistas.

É nesse ponto, com um governo que administra o estado e economia capitalista e decreta que o momento do conflito acabou, que aparecem dois aspectos identificáveis como a essência do novo momento: espera e controle. Não sendo possível uma revolução socialista, a energia do processo se apaga ou se volta para dentro, descuidando justamente de algo que os bolcheviques ensinaram: uma revolução realizada onde a teoria não a considerava possível, nas posições do Lênin em 1917 contra o próprio partido. Destacando os caracteres táticos e situados da ação e pensamento leninista, hoje nos perguntamos por caminhos concretos para uma revolução que não passará necessariamente pela aceitação do existente, nem pela promessa de um controle político que posterga o mundo novo para bem longe e além do presente.

García Linera postula um paralelo entre o Estado, como espaço do universal, e o dinheiro. Nos dois espaços se encontra um limite que exige entender que o movimento revolucionário cessou. A partir daí é contra os interesses da revolução, isto é, da sua permanência, modificar impositivamente as leis do mercado, e também questionar a nova autoridade estatal. Assim, junto com o controle político, há uma abertura econômica, com efeitos na política internacional, num processo que podemos ver caminhar na direção do enterramento de todo possível novo foco revolucionário, por caminhos diferentes aos que, por exemplo, Che Guevara seguiu a partir de premissas e situações políticas comparáveis (Sztulwark, 2017).

Ao mesmo tempo em que a NEP era apresentada no congresso do Partido, e a repressão política avançava, a Rússia dos bolcheviques também reabria relações comerciais com a Inglaterra e assinava acordos secretos com a Alemanha para hospedar fábricas de armas alemãs, proibidas de funcionar naquele país por causa do tratado de Versalhes (Carr, 2017). Longe da época em que os bolcheviques ordenaram a publicação dos tratados ocultos do Czar, o governo soviético governava agora um país com interesses que podiam não ser os do processo revolucionário, nem contrários ao objetivo de acabar com o capitalismo e democratizar o poder. E é exatamente isso que identifica a García Linera com esse momento.

A ocasião e o tema do livro servem a García Linera para generalizar uma análise que costuma aplicar ao entendimento do processo boliviano: como Marx analisaria o 1848 na Europa, as revoluções na história acontecem como sucessão de ondas. Constatação retrospectiva, na argumentação de García Linera, as ondas funcionam como esperança futura, celebração das rebeliões do passado, mas presente morto. A revolução é um instante efêmero que nos preenche de ilusão, mas que devemos entender como bem diferente do tempo do refluxo, quando o Estado toma conta da situação e as lutas necessariamente desaparecem.

García Linera entende o estado fluido da sociedade como produto de lutas, mas elas ficam circunscritas a uma fase inicial, seguida necessariamente de um momento em que a forma estatal regula a sociedade por décadas, como estrutura de poder produto dessas lutas anteriores. O Estado Soviético, e já não um poder soviético contra o Estado, e o Estado Plurinacional, na Bolívia, são uma fortaleza onde, antes de qualquer objetivo da revolução – ou dos princípios básicos da esquerda –, a prioridade é garantir a permanência do comando político considerado revolucionário. O Estado Revolucionário é o passado das lutas fortificado e consolidado como autoridade centralizadora e autônoma de qualquer lealdade com os movimentos dos que é resultado.

Para García Linera, as revoluções se “esfriam”, “solidificam” quando as lutas se institucionalizam e deixam espaço para estruturas estatais e econômicas que “regerão e regulamentarão a sociedade sob a forma de relações de poder e dominação durante as seguintes décadas, até um novo estalo” (2017, p. 17). Numa palestra em Buenos Aires, destinada a refutar a ideia de que a Bolívia e os governos progressistas da região se encontrariam num fim do ciclo, García Linera conecta explicitamente os objetivos do governo da Bolívia com os que seriam dos bolcheviques depois do “comunismo de guerra”, que derrotou a direita, mas teve sete milhões de pessoas mortas de fome. Os objetivos seriam “cuidar da economia, ampliar os processos de redistribuição, aumentar o crescimento”. O que Lênin fez, diz García Linera, é “priorizar a economia […] reestabelecer a confiança dos setores populares, operários e camponeses, no seu governo, a partir da gestão econômica, do desenvolvimento da produção […] respeitando iniciativas autônomas de camponeses, operários e pequenos empresários – inclusive empresários – para garantir uma base econômica com estabilidade e bem-estar para a população”. (García Linera, 2016).

Na hora em que o Lênin de García Linera começa a parecer com um líder europeu de pós-guerra, um defensor do empreendedorismo ou um ministro da Bachelet ou Rafael Correa, talvez seja preciso refletir se o paralelismo que García Linera propõe pode ser levado adiante.

Independentemente do justeza da avaliação da NEP para a Rússia, como medida necessária para a consolidação da revolução, ou que dinamizaria a situação política, revitalizando um processo que encontrava uma queda no ímpeto das novas instituições e energia dos revolucionários, o que estava em jogo na Bolívia parece ser bem diferente. A Bolívia passaria por um processo de centralização do comando, encerrando uma das experiências mais avançadas de partido-movimento, onde o “mandar obedecendo” e a decisão política nas mãos das bases eram elementos fundamental, e foram eliminados. Esse processo, que García Linera justifica, embora não possa ser considerado responsável, como ator secundário na organização do novo poder da Bolívia, ocorreu num momento de condições econômicas excepcionais, com preços altos de commodities, estabilidade econômica e receita estatal mais alta da história.

A Bolívia contou com condições políticas positivas a partir de 2009, com controle absoluto dos três poderes de governo e com a oposição perdida e em dispersão. Trata-se de uma situação oposta às condições em que a NEP é decidida, com dor para os revolucionários, na Rússia de 1921. Além do ciclo positivo de bonança econômica regional, teve decisões políticas na Bolívia que explicam a capacidade de reduzir a pobreza e fazer políticas “de inclusão”, mas também de não afetar a distribuição do poder econômico, e que propõe um modelo de desenvolvimento que não difere do adotado pelos países vizinhos sem administração progressista ou de esquerda.

García Linera destaca o exemplo da decisão dos bolcheviques em abrir a exploração de recursos naturais para empresas estrangeiras, com condições privilegiadas que as empresas nacionais não tinham. Tratava-se de uma necessidade prioritária, por causa da falta de energia para a indústria. Muito diferente da situação boliviana, embora a decisão dos bolcheviques apareça no texto de García Linera com claro sentido justificador, na adopção de um modelo extrativista de tipo neocolonial, favorecedor de empresas estrangeiras, em contradição com o espírito de outubro de 2003, quando as ruas da Bolívia abriram um momento com possibilidades revolucionárias, se opondo à privatização do gás, e que no início do governo de Morales seria, sim, respeitado no aumento de impostos para as empresas estrangeiras que exploravam hidrocarbonetos no País, a chamada nacionalização de 2006.

Até que ponto o caráter revolucionário do novo Estado Russo, que justificaria a centralização autoritária do poder, pode ser evocado para pensar o governo do MAS é uma questão que nos leva a avaliação do processo russo, à teoria da revolução não democrática e aprisionadora do García Linera, mas também da possível leitura equivocada de processos políticos pontuais. A escolha da NEP, que na Rússia resultou de fortes pressões vindas de fora, e a falta de acompanhamento internacional da Revolução, com o fracasso da esperada revolução alemã; na Bolívia consistiu na escolha de um caminho político que, na argumentação do García Linera, não aparece como uma escolha difícil, sacrificada, de renúncia dos objetivos e metas almejadas. Isso leva a pensar que, ao contrário da Rússia, foram internas ao processo de mudança, e não externas, as limitações políticas e pressões que resultaram na interrupção de uma possível busca anticapitalista, procurada de fato na Rússia, mas não na Bolívia.

Na Bolívia, um processo de mobilização, produto de uma construção de décadas, derivou num processo que teve possibilidades de alcance revolucionário mas foram abortadas desde dentro, e não por uma derrota frente a forças externas. A pergunta que se abre, na Bolívia, é se, depois de mais de uma década de governo do MAS, de fato as mudanças no sistema político e a incorporação de membros de organizações sociais na administração do Estado e o poder institucional significaram a destituição do antigo poder. Para além do simbolismo de um presidente camponês, sindicalista e indígena, e da aprovação de uma Constituição que estabelece mudanças na concepção do Estado, até que ponto houve uma ruptura com a institucionalidade republicana e liberal anterior.

Por outro lado, mesmo assumindo que num contexto como o boliviano possam ser colocados problemas semelhantes aos da Revolução Russa, nos últimos 100 anos o pensamento de esquerda tem questionado a ideia de progresso, o lugar do Estado como motor do desenvolvimento, o modelo econômico que um processo revolucionário deve impulsionar e as formas políticas adequadas para um capitalismo contemporâneo que não pode ser comparado com o da Rússia de 1917 ou 1921. O trabalho, o sujeito político, a organização revolucionária e as formas institucionais são assim rediscutidas. O salto temporal e político de García Linera, dos bolcheviques aos progressistas dos governos da América do Sul no começo da década, parece permanecer no mesmo lugar em que a esquerda pensava o poder naquela época, sem entender como este mesmo poder produz, circula, e não aparece de forma centralizada como objeto a ser possuído e controlado por um grupo pequeno de iluminados.

Entre o realismo pragmático, esquerdismo e ilusão

Uma crítica possível a García Linera seria a que se faz a partir de princípios e proximidade com o projeto da tradição de esquerda, contra um pragmatismo que Lênin ou qualquer outro revolucionário poderiam ter feito em determinado momento. É o lugar que García Linera queria assumir na discussão, como bom comunicador do progressismo hoje em retirada: o lugar do responsável homem de Estado que sabe até que ponto os desejos podem ser levados adiante, e até que ponto não. Assim, o vice-presidente da Bolívia reconhece que a revolução exige a centralização das decisões e o sacrifício do fluxo de criatividade do povo, como criticara Rosa Luxemburgo, e diz que “não devemos adequar a realidade às ilusões, mas ao contrário; temos que adequar as ilusões e as esperanças à realidade” (2018, p. 61).

De fato, podemos ver um García Linera que se convergiria com Lênin nas críticas à Rosa Luxemburgo, por exemplo, para quem as concessões da NEP para os kulaks, camponeses ricos, ou antes, a perda de democracia na hora de decidir, sem os sovietes, a tomada do poder, teriam um custo alto demais, com consequências futuras desastrosas, inclusive em termos de alcance da revolução. Aceitando o lugar do impossível, podemos preferir uma leitura da revolução russa que mostre como a história e o possível foi desafiado, assaltando o céu. Todo o poder para os sovietes e a possibilidade de criar um Estado proletário têm ainda um poder desafiador e revolucionário, que mostrou mudanças materiais, e capacidade de criar um mundo novo, transformando estruturas que pareciam fixas para sempre e contribuindo para o pulso da energia revolucionária no mundo todo.

No contexto de um livro que presta homenagem aos 100 anos da Revolução Russa, assim, podemos pensar como bastante fora de lugar o esforço do García Linera em levar a ideia de revolução justamente ao lugar onde ela se apaga. Se lembramos 1917, porque dificilmente vamos encontrar muitas homenagens à NEP em 2021, não é pela mesura, espera e capacidade de controle social dos bolcheviques que a revolução russa é evocada. O desespero do Lênin nas cartas ao partido para organizar de forma urgente a insurreição, ou inclusive críticas no final da sua vida direcionadas à burocracia, e o monstro que se desenhava, passam uma ideia contrária de desmesura e poder subjetivo para contribuir com o alinhamento de uma crise e mobilização numa revolução.

Lembramos dos bolcheviques por terem sido loucos, numa aposta sem precedentes, que a teoria indicava como impossível, e que apesar disso deu certo. Os bolcheviques foram inventivos, ousados, conectando auto-organização e disponibilidade para a luta dos de baixo, mas também avançando num salto para o vazio. Saltaram num lugar que antes deles não existia. A NEP foi voltar ao conhecido das relações capitalistas de comércio, incentivo à produção, propriedade e livre mercado.

O que é realmente admirável é como Lênin entendeu o movimento das forças políticas defendendo com determinação uma posição oposta à linha do próprio partido, e que abriu um tempo novo onde não parecia que fosse possível. É esse o núcleo da revolução, que na Bolívia provavelmente se aproxima mais da força camponesa e operária num devir indígena que se propôs descolonizar as instituições e pensar formas distribuídas de poder estatal, numa aposta para formas territoriais, recíprocas e comunitárias para além do Estado e conectada com indícios que permitem discutir com propriedade alternativas outras à civilização ocidental.

A NEP pode ter sido uma boa decisão de governo, ou não. E pode ter sido uma boa decisão de governo que, no entanto, não foi um bom movimento para continuar a revolução e expandi-la. Mas boas decisões de governo temos em todos os países e em todas as épocas… estadistas e bons estrategistas temos de qualquer lado do espectro ideológico. Não é isso que faz da revolução russa uma experiencia útil para pensar qualquer revolução ou processo de mudança. Não precisamos do Lênin nem do García Linera para pensar o problema da dificuldade de levar programas à sua execução, ou da esquerda que passa a governar da mesma forma àquilo que antes combatia, com objetivos de curto prazo e deixando para mais para frente os objetivos de transformação.

O MAS, junto com a oposição política ligada ao poder tradicional e empresarial, se ocupou de fortalecer e restaurar o poder republicano da Bolívia, com um pensamento que priorizava a busca pela estabilidade política, a consolidação do poder de mando, e o livre espaço para expansão capitalista, se encontrando com formas políticas que antes caudilhos ou governantes nacionalistas tentaram. Tem-se, então, uma crítica pertinente ao pragmatismo que encerra buscas políticas mais radicais e exigentes, que eram apresentadas como esquerdistas, infantis aliadas ao imperialismo por García Linera e outros construtores do relato progressista, enquanto o poder político se aliava ao poder econômico tradicional.

Longe da crítica ao pragmatismo governamental, no entanto, temos também outra crítica possível, que mostra até que ponto a leitura do García Linera é conservadora.

Na contramão da organização que o próprio García Linera faz da discussão política, contra os revolucionários de café, podemos ver no livro um alto grau de retórica revolucionária mistificadora e idealista, alheia às forças materiais que de fato orientam o processo boliviano. García Linera mantem um tom lírico na sua evocação da revolução, e da NEP, como momento de avanço e consolidação revolucionário. Nesse ponto a sua perspectiva contrasta com a forma com que os próprios bolcheviques se referiram ao novo plano econômico. Tanto Lênin como Trotsky (2008) a apresentaram como única alternativa, obrigados por condições muito desfavoráveis. Numa leitura não romântica mas realista do processo boliviano, urge nos afastar da ilusão de que a chegada ao Estado de um governo “progressista” possa ser sugerida como revolução homologável com a Revolução Russa, cujas fases e disputas possam ser pensadas em termos de efetivo assalto ao poder e vitória no campo da hegemonia.

O desencantamento frente às dificuldades reais de realizar mudanças estruturais nos distintos governos do progressismo latino-americano contrasta, em García Linera e tantos outros, com visões totalmente fantasiosas, mistificadoras e empolgadas sobre o que teria se tratado de uma autêntica revolução na região. García Linera, como boa parte da base de classe média intelectualizada do lulismo, do kirchnerismo, do correísmo, são de fato geradores de uma fundamentação com linguagem de esquerda revolucionária ou progressista, nacional-popular ou cidadanista, congelada na sua narrativa na época de oposição ao neoliberalismo contra governos da década de ’90, como se no fim do ciclo falassem ainda no começo do mesmo, sem ter alterado o lugar de fala depois de ter sido governo por mais de uma década. É nesse campo político, onde faz sentido a visão da Revolução Russa concentrada na abertura para as relações capitalistas, o recuo, a espera e o controle político dos focos de conflito e luta política autônomo.

A retórica carregada sobre poder indígena, soberania nacional e anti-imperialismo, de uma revolução concretada na Bolívia na redução da pobreza, expansão do consumo e políticas de transferência de renda para setores populares, com uma nova classe média que se torna principal sujeito político do novo País, se traduz no campo político polarizado com uma direita liberal ou conservadora, mas, no tocante ao modelo econômico, não apresenta uma impugnação ou divergência. Além da falta de horizonte socialista ou comunitário, uma disputa limitada ao plano de uma esfera política de discursos e símbolos, entendida como autônoma, dificilmente tem algo a ver com o processo revolucionário Russo.

O idealismo romântico de García Linera é o de chamar de governo revolucionário um processo que se sente no direito de fechar alianças com os inimigos das classes subalternas, os poderes econômicos tradicionais, cuja proximidade se constata no processo boliviano depois de encerrado o conflito pela aprovação da constituição. Entre mistificação, propaganda e defesa de privilégios, o cinismo e a ilusão, interesse e falta de autocrítica, todo poder estatal que se imponha como mediação que posterga o momento da implementação das mudanças deve ser questionado como distante da revolução e não símbolo que se apresenta em seu lugar, ocupando como poder estatal o lugar imaginário daquela, contra o fascismo, o neoliberalismo, o colonialismo ou qualquer outro antagonismo discursivo que o marketing político entenda conveniente.

Na falta de revolução, temos então uma teoria da revolução sem revolução. Na imagem do García Linera, pretender alcançar o socialismo a partir do Estado, como no “comunismo de guerra”, seria como andar com uma lanterna na noite escura. O controle estatal apenas funcionará onde conseguimos iluminar; além disso, será o mercado que se imporá (2018, p. 86). A impotência reconhecida nesta afirmação, e coincidente com uma atribuição do Estado apenas aparente e fraco nas sociedades periféricas, contrasta com o postulado da necessidade de um poder político férreo, mas apenas para deixar a economia agir livremente regida pela inevitável lógica de valoração capitalista. Assumindo que o papel estatal se desenvolve de forma mais eficiente como administração do capitalismo, García Linera pretende assim fazer da força do capitalismo uma virtude dos revolucionários.

Perguntamo-nos pelos efeitos subjetivos e de neutralização de energias revolucionárias desse tipo de visão política. O efeito de pensar a política com o espírito da NEP, parece resultar em passividade, ao se atribuir a si mesmo um papel de direção e controle estatal, mais em acordo com forças políticas do que como militantes revolucionários se dirigem a votantes de classe média (nova ou velha) em mensagens televisivas que substituem o que em outro momento foi um processo político levado adiante pela mobilização. Das ruas à Assembleia Constituinte com mobilizações e finalmente o Estado, nos perguntamos até que ponto a espera das ondas futuras da revolução não se constitui num muro que evita e obstaculiza a emergência de experiências que encontrem outro caminho.

A posição do García Linera não parece distante da de quem se atribui o papel de coordenar a revolução dos outros, lugar conhecido na organização do poder das repúblicas coloniais. Trata-se de uma elite política que se sente no direito, ou na responsabilidade, de assumir esse papel. Um jacobinismo que, sem capacidade de conduzir um processo de transformações, gerencia e arbitra entre setores velhos e novos da burguesia que se reparte o poder (Prada, 2013). Não é estranho que, junto a esse isolamento dos processos que deram origem ao novo momento estatal, se coloque a culpa na passividade dos de baixo, que não teriam preparo ou capacidade para exercer um autogoverno, justificando o lugar da nova casta burocrática, condutores de um processo que se sustenta com propaganda e imaginário revolucionário, mas que congela o conflito social num presente eterno de controle e resignação.

Um Lênin para uma revolução comunitária?

Slavoj Žižek menciona uma desconhecida preocupação mantida por Lênin que permite chamar atenção para possibilidades comunitárias do processo boliviano que foram descuidadas, enquanto um sonho desenvolvimentista e de clausura estatal impedia o processo político ir na direção que buscavam as forças políticas fundamentais na fase prévia à chegada de Evo Morales. Em termos da análise do García Linera, se poderia dizer que o lugar adquirido não apenas pelos indígenas mas pelas suas formas de justiça, democracia e economia obtiveram um vitória cultural, mas foram sepultadas depois do ponto de bifurcação em que a consolidação do poder estatal jacobino tomou uma via que os negava, que trabalhou na sua neutralização, como sempre o fez o poder político da Bolívia.

Num texto sobre Lênin, Žižek interpreta o lugar do revolucionário russo como um gesto de “excisão sectária”, recuperando o lugar dos bolcheviques para pensar, nos tempos atuais, uma necessária fuga da Europa, do seu legado e seu corpo decadente. Esse seria o lugar onde o gesto leninista poderia ser recuperado, diz Žižek, pensando uma necessária ruptura com a modernização econômica e os sagrados fetiches liberais e democráticos, onde nada deveria ser intocável (nem as relações econômicas de mercado, por sinal), num possível novo começo. E cita uma história referida ao mesmo momento em que Lênin defendia a NEP, e concretava o fechamento centralizador e repressor da dissidência na Rússia (2010, p. 97).

No verão de 1921, relata Žižek, Lênin convoca a formação de um grupo para discutir o fortalecimento do vínculo entre os camponeses e o governo soviético. Proporiam entregar terras para antigas seitas cristãs “protocomunistas”, que naquela época contavam entre três e quatro milhões de membros. Em 5 de outubro, uma proclamação se dirigiu à Seita dos Velhos Crentes (perseguidos pelo regime czarista desde o século XVII) convidando-os a se instalar em terras abandonadas e viver ali de acordo com seus costumes. Citava uma frase dos Apóstolos: “Ninguém deveria dizer que o que possui lhe pertence somente a ele, e deveria se manter em comum […]”.

O objetivo de Lênin não era apenas prático, de produzir mais alimentos; pretendia também explorar os potenciais comunistas das formas pré-capitalistas de propriedade comunal (que já Marx, na correspondência com Vera Zassulitch, assinala como base potencial para a produção comunista). De fato, a seita de velhos crentes fundaria uma fazenda estatal (sovkhoz) perto de Moscou, cuja atividade foi acompanhada muito de perto pelo Lênin. Žižek conclui o comentário considerando que a esquerda deveria mostrar essa mesma abertura atualmente, mesmo em relação com fundamentalistas mais “sectários”[5] .

É provável que, se em algum lugar do ocidente recente o processo político abriu possibilidades para pensar comunidades ancestrais como possibilidade do presente, esse lugar é a Bolívia, a partir do trabalho das organizações indígenas que se mobilizaram abrindo um ciclo político novo, com presença crucial na Assembleia Constituinte, propondo conceitos de ruptura, e em 2008-2009 se afastaram definitivamente do MAS. A vigência de relações comunitárias no país andino, presentes nas grandes cidades, nos sindicatos do campo, na tradição política do indianismo katarista, é uma presença contínua da política boliviana.

Nada disso é alheio a García Linera. Muito pelo contrário. Foi justamente na luta política de ayllus e das comunidades onde García Linera se formou politicamente, ao se somar ao processo político nos anos ‘80. Estudou o interesse de Marx nas formações comunais (nas cartas com Vera Zassulitch e os Cadernos Kovalevsky), e dedicou justamente a isso vários trabalhos, incluindo seu livro de maior fôlego, escrito quando estava preso por participar do Exército Guerilheiro Tupaq Katari[6] .

No livro Forma Valor e Forma Comunidade, de 1995, García Linera desenvolve um ponto retomado no texto sobre a Revolução Russa. É no plano da lei do Valor onde uma revolução se mede. Justamente essa dificuldade é que leva a colocação de que é o Estado onde se espera, entre as ondas revolucionárias que passaram e virão. Mas nesse livro ainda lemos uma crítica aos manuais marxistas que apresentam como necessária a modernização progressivista contrária à comunidade. Destaca, ainda, as “potencialidades contemporâneas destas formas de sociedade comunal, para se converter em ‘ponto de partida’ e força direta para a supressão do sistema capitalista mundial e a reconstrução, com novas e superiores; da comunidade primária ancestral convertida agora em uma de caráter universal” (2009, p. 239). Mas isso deve ser reconsiderado como mera literatura panfletária, se atentamos que o García Linera de hoje considera que o horizonte comunitário e da autonomia consistia apenas num programa para o tempo de resistência e luta pelo poder, não para sua efetuação na construção de uma sociedade nova[7].

Em lugar disso, García Linera lê a revolução possível de hoje como um processo estatal e nacional desenvolvimentista, com foco na classe média. Ou melhor, considera que isso é o que resta, enquanto uma nova onda de mobilização planetária não compareça. Perguntamo-nos novamente se esse destino, que é o da sociedade capitalista e industrial, não pode ser questionado após cem anos da Revolução Russa. Rosa Luxemburgo e toda uma tradição de marxismo autonomista ou crítico questionariam a falta de democracia do regime soviético e o afastamento do horizonte socialista. Bukharim seria derrotado num importante debate onde Lênin, Trotsky e Preobrajenski se imporiam com o modelo de industrialização acelerada, que posteriormente Stalin implementaria, levando a centralização, a burocratização e o autoritarismo ao extremo. Nesses debates, o poder do coletivo e do soviete proletário, base da Revolução, aparecia associado à tradição comunitária rural, que o sesgo de um marxismo-leninismo de corte moderno e jacobino negaria.

Coincidindo com García Linera na ideia de revolução e de Estado como forças que não se encontram e até se repelem, o desafio de hoje talvez seja pensar contra García Linera, por um caminho político onde o que fazemos politicamente não esteja tão distante do que desejamos e entendemos como objetivo para avançar na construção de uma nova sociedade ou vida melhor. Nessa direção hoje resulta difícil pensar um processo que proponha uma ideia de poder concentrado em lugar de distribuído; controle social e não estatal; desarticulação ou desconexão em lugar de administração do sistema. Contra a estabilização com políticas públicas num cemitério estatal das lutas, re-encontrar, estimular e estar aberto a visualizar as ondas em lugar de esperar por elas ou impedi-las quando vêm contra um poder que antes as surfou, e agora foge delas. Na leitura da Revolução Russa, também, evidentemente a centralização e a abertura não levaram a ondas de mobilização que permitam superar o alcançado inicialmente. Quando apareceram, o poder estatal se voltou contra elas sem poder evitar um inexorável colapso.

As fotografias que ilustram o artigo são do soviético Víktor Akhlomov (1938-2017)

Notas

[1] Disponível em PDF em ¿Qué es Una Revolución? De la Revolución Rusa de 1917 a la revolución de nuestros tiempos.
[2] Sobre a questão do Estado, ver por exemplo essas duas conferências que trabalham temas próximos ao do libro (García Linera, 2013, 2016a). No discurso de janeiro de 2013, afirma-se: “El Estado Plurinacional es la irradiación de la conducción del Estado hacia todos los confines de la sociedad boliviana para organizar su autogobierno unificado y, es por eso, que la territorialidad estatal, que la topología del poder en el Estado Plurinacional, por primera vez, abarca 1.098.581 kilómetros cuadrados que tiene nuestra patria; por primera vez, no se detiene donde llega el interés de casta, clase ni persona. La territorialidad del Estado Plurinacional es homogénea y resulta de la fusión de las territorialidades de las naciones indígenas, de las comunidades campesinas, de las clases sociales, de las juntas vecinales, de las organizaciones juveniles, de las regiones y de todos .”. E na Universidade de Praga, em abril de 2015 “El Estado y la economía son, mitad, estructuras, recursos y medios; y mitad, ideas, y carencias. Si algo he aprendido, en ocho años en el gobierno, es eso, que el Estado es la estructura más idealista que conozco en el mundo, Hegel tenía razón más que Marx en este caso, el Estado es materia, instrumentos, medios, instituciones y coerción pero, también mitad son ideas fuerza e ideas movilizadoras. […] La función del dinero es material que simboliza recursos, pero es un símbolo, es idea, es creencia, la mitad de las cosas que pasan en la economía tienen que ver con las ideas, con las creencias, con los simbolismos, lo mismo pasa en el Estado.”.
[3] Pablo Solon, ex representante do governo do Evo Morales na ONU, o descreve assim: “O que foi feito do processo de mudança que há mais de quinze anos conquistou sua primeira vitória com a Guerra da Água em Cochabamba? Por que o conglomerado de movimentos que queriam mudar a Bolívia acabou preso num referendo para que suas pessoas pudessem se reeleger mais uma vez em 2019?” (Solon 2018:61). A citação é necessária para caracterizar rapidamente aqui um processo político que, independentemente de ter sido revolucionário ou não, caminhou no sentido da centralização, fortalecimento de um poder unitário com tendências monopolísticas, longe dos postulados sobre partido-movimento e democracia comunitária além de, nos últimos tempos, como processo que não se faz mais com o apoio plebiscitário do voto majoritário.
[4] Ver conferência na Universidade de Nova York, no 30 de abril de 2015: “Me atrevo a decir que es la única experiencia de un gobierno de organizaciones sociales, un gobierno de movimientos sociales, y es complicado porque un gobierno Estado es monopolio, es la definición de Weber, de Marx, de Elías, de Bourdieu, de quien sea. Movimientos sociales es democratización de decisiones. Entonces, es una paradoja, pero es una bella paradoja real, que funciona con tensiones, con complicaciones: si democratizas mucho, te paralizas; y si centralizas demasiado, eres un gobierno cualquiera, y no te diferencias de los demás. La clave está en esa tensión, en este equilibrio: centralizar – democratizar. Esta es la experiencia viva en Bolivia a partir de este esquema de gobierno de movimientos sociales que podrían cumplir, a su modo, al modo andino amazónico, la reflexión del profesor Habermas sobre la acción comunicativa, a partir de estos espacios de democratización de toma de decisiones.”
[5] Žižek cita como fonte do seu comentário o livro de Jean-Jacqes Marie, Lénine 1870-1924, París, Editions Ballano, 2004, pp. 392-93.
[6] Como registra Bruno Bosteels (2013), em trabalhos da década de 90, García Linera (com pseudônimo de Qhananchiri) escreve que a tarefa dos comunistas em relação ao parlamento é “¡Destruirlo!, ¡quemarlo!, ¡hacerlo desaparecer junto con el gobierno y todo el aparato estatal!”(Crítica de la nación y la nación crítica naciente, La Paz: Ofensiva Roja, 1990, 34). Bruno Bosteels (2013) mostra o percurso dos estudos das formas comunitárias feitas por García Linera – e abandonada ao entrar no governo – útil para um autor que não costuma revisar abertamente suas mudanças de posição. Ali lemos a seguinte citação: “En palabras de Marx, utilizadas para referirse al futuro posible de la comuna rural rusa, lo que se requiere para ‘salvar’ en la actualidad a la forma comunal allá donde ella se ha preservado en una escala nacional, es ‘desarrollarla’ convirtiéndola en ‘punto de partida directo’ de la construcción de un nuevo sistema de organización social fundada en la producción y la apropiación comunitaria-universal.” (104).
[7] Em entrevista de 2013, García Linera se refere ao abandono da agenda da descolonização e da autonomia, que defendeu até em termos de pensar um novo Estado aymara: “la autonomía surgió como una consigna para debilitar el Estado. Eso fue. Ahora el Estado se ha indianizado y la autonomía pierde su fuerza que tuvo antes […] eso es una agenda en resistencia, no es una agenda de mando”. Perguntado se era apenas um discurso estratégico ele disse que era só uma ”agenda de resistencia […] siempre ha sido planteado así. Es lo que ni el chato [Raúl Prada] ni la CONAMAQ entienden. Y esos debates se han hecho desde el año 2008 para la Constitución […]. Nos reclaman ‘¿por qué no la economía comunitaria?’, porque no es el Estado el que hace la economía comunitaria. Eso es estatismo. La producción comunitaria, o es comunitaria, o no va a ser nada. El Estado tiene que estar atento, ahí donde surge una iniciativa colectiva” (Schavelzon 2013, s/p).

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Os Comitês de Água da Bolívia defendem suas formas organizativas horizontais e participativas, frente a um Estado cada vez mais centralizado. Por Marcela Oliveira

A autonomia e a horizontalidade são parte das tradicionais formas organizativas dos bolivianos. Juntas constituem um modo real, prático, cotidiano de entender o público e de viver a democracia participativa sempre à margem do Estado e dos governos de turno.

Os comitês de água da zona sul da cidade de Cochabamba, a quarta maior cidade da Bolívia, são a síntese das formas autônomas e horizontais bolivianas. Esta rede, ainda ativa, voltou a ficar visível depois da “guerra da água” de 2000, quando uma mobilização popular de grande escala deteve as tentativas de privatizar o sistema público de água da cidade.

Enquanto muitos associam a guerra da água com a noção de verdadeira democracia, esta descrição poderia possuir uma contradição em si mesma: uma guerra – qualquer guerra – implica violência, perda de energia e recursos, mortes, desacordo, e a democracia (como a conhecemos no Ocidente) tem a função de precisamente evitar tudo aquilo. Mas o conflito não foi uma simples batalha pela defesa de um recurso. Um dos principais motivos de tal(is) conflito(s) foi precisamente a histórica e permanente luta das e dos bolivianos para defender seu direito a decidir de um modo horizontal e autônomo sobre suas próprias necessidades, isto é: sua imperiosa e sempre adiada necessidade de viver em verdadeira democracia.

Em Setembro de 1999, o Serviço Municipal de Água Potável e Esgoto de Cochambamba (Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba, SEMAPA) foi vendido ao consórcio Aguas del Tunari, uma empresa que tinha como sócio majoritário a corporação Bechtel. Este foi o corolário de um grande processo de ajustes estruturais orientados e patrocinados pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional desde meados dos anos 1980 nos países latino-americanos, incluindo a Bolívia. Depois da privatização, os cidadãos do vale boliviano começaram a enfrentar aumentos excessivos das tarifas, ao mesmo tempo em que as cooperativas e comitês de água se viram administrando serviços de água sem concessões estatais, o que significava que a Aguas del Tunari poderia processá-los por concorrência ilegal e poderia também se apropriar desses sistemas. Este panorama sinistro deu origem à Coordenadoria de Defesa da Água e da Vida (comumente chamada de Coordenadoria da Água). Depois de vários meses de negociações com o Estado e enfrentamentos com as forças armadas, a Coordenadoria conseguiu expulsar a companhia.

Muitas realidades se fizeram visíveis e claras pela primeira vez a partir da Guerra da Água do ano 2000, em Cochabamba. Por exemplo, um sem-fim de formas de organizações que não estão regidas pelas estruturas da democracia ocidental, e um dos casos é os dos Comitês de Água da cidade de Cochabamba, que foram centrais no agir da Coordenadoria de Água e que, a partir dos enfrentamentos de 2000 e junto aos demais setores que participaram ativamente daqueles acontecimentos, estabeleceram redes de contato entre si e inciaram processos de coordenação e cooperação mútua.

Os Comitês de Água de Cochabamba são particularmente tradicionais na zona Sul desta cidade, porém se encontram em toda a área periférica da cidade. A zona Sul é composta por seis distritos e tem a metade da população da cidade: falamos de mais de duzentos mil habitantes. Esta zona tem entre 100 e 120 Comitês de Água, que se somam aos 400 em toda a área metropolitana de Cochabamba, de acordo com Stefano Archidiacono, da ONG CeVI. Portanto, estamos falando de milhares de pessoas organizadas em torno – mas não apenas – da água.

Ainda que na Bolívia não existam dois serviços que operem do mesmo jeito, está claro que, no caso da água, as organizações do tipo dos Comitês mantêm a visão da água como um ser vivente, divino; como a base da reciprocidade e da complementariedade. Um ser que é de todos e de ninguém, um ser que é visto como uma expressão de flexibilidade e adaptabilidade, que ajuda a criar e transformar a vida, e permite a reprodução social. O desenvolvimento das assembleias destes Comitês de Água reflete esses usos e costumes da comunidade, estas organizações são uma maneira de criar comunidades na cidade similares às que existem nas zonas rurais.

Muitos têm registrado as origens das práticas autônomas adotadas pelos Comitês de Água desde o Império Inca, passando pela colônia, até nossos dias. Como resultado, os Comitês de água são frequentemente considerados expressões modernas de práticas comunais antigas. Em um artigo publicado no Bolpress, em 2001, e intitulado Estado e Autonomia na Bolívia, uma Interpretação Anarquista , Carlos Crespo explica que a autonomia na Bolívia “não é um ideal a alcançar, mas uma prática cotidiana dos povos, comunidades e grupos de afinidade”. Esses processos horizontais têm sido desde sempre a prática social e política do boliviano em relação ao Estado e ao poder imperante, desde o inca, passando pela colônia, pela república até o Estado plurinacional.

Como as lutas indígenas e a organização própria de suas sociedades, os Comitês de Água representam uma visão anti-estatal da autonomia, visto que surgem em bairros e zonas marginais da cidade, os chamados cinturões de pobreza: uma mescla de imigrantes camponeses – que chegaram a suas novas comunidades agora urbanas – com suas tradições andinas de trabalho solidário e por turnos, conhecidos como o “ayni”; e de mineiros relocalizados que, por sua parte, chegaram a estas comunidades esquecidas pelo Estado com toda a experiência organizativa adquirida nos sindicatos das minas.

Os Comitês de Água são o resultado da promoção e do reforço do poder e dos processos autônomos das pessoas. Estão baseados em práticas autônomas que não são reconhecidas – nem necessitam ser reconhecidas – pelo Estado e pela comunidade internacional. Aqui os membros da comunidade dividem e distribuem listas para que se responda à pergunta de como prover de água a vizinhança. Para isso, estão construindo redes que os permitem organizar-se e compartilhar estratégias sobre como ter acesso e se prover de água em suas comunidades. Não estão organizados contra os sistemas públicos de água, mas a favor da capacidade de decidir como e até onde devem conectar-se a esses sistemas de água. Claramente, são a expressão mais genuína de como fazer política de uma maneira autônoma.

Nos Comitês de Água, as preocupações sociais mais importantes têm que ser atendidas ao nível da comunidade e, por isso, se diferenciam da percepção estatal dos movimentos sociais como expressões pidonhas (ou de demandas) da comunidade para o Estado. Nos Comitês de água as pessoas se organizam para determinar e implementar as condições de sua própria vida, não para pedir favores aos governos de turno. Por isso, vão inclusive para além do tema da água porque, ainda que tenham sido criados em torno da ausência, escassez ou abundância do elemento líquido, os Comitês também se ocupam de muitos outros assuntos: o bem-estar dos membros, a segurança, festas, futebol etc.

Tal é o grau de independência de ação dos Comitês de Água, que têm sido chamados por alguns como “zonas liberadas do Estado”.

Vive-se um tempo confuso na Bolívia, e os desafios dos Comitês de água são numerosos. Passando pelas limitações técnicas e financeiras dos Comitês até às negociações com o Estado para o respeito de sua autonomia.

A questão técnica é transversal aos diferentes processos de formação e consolidação dos Comitês de Água em Cochabamba e, por isso, é uma limitação das que se tem consciência. Assim o mostra a participação de Gastón Zeballos, dirigente do Comitê San Miguel KM4, no Primeiro Intercâmbio Internacional de Experiências entre operadores de água do Uruguai, Colômbia e Bolívia, realizado em Montevidéu, em Outubro de 2013. Durante as jornadas do URCOLBOL, os participantes bolivianos mostraram mais interesse na área técnica da cloração, potabilidade e tratamento de águas distribuídas do que qualquer outro tema. Gastón Zeballos, participante do referido Comitê, disse: “nos interessa mais o técnico porque nós temos os indicadores sociais satisfeitos. Nos nossos Comitês há participação, controle social e rotatividade. Falta-nos a outra parte.”

Tão importante quanto a questão técnica é a limitação econômica. Especialmente quando falamos de projetos absolutamente necessários e definitivamente inalcançáveis com recursos próprios, como é o caso do sistema de esgoto da zona correspondente a cada Comitê, que, além do custo, deve, necessariamente, ser pensado como parte de um sistema mais amplo que englobe ou não todos os sistemas alternativos. Tais tipos de projetos indiscutivelmente necessitam de apoio e de intervenção estatal, um apoio que deveria se traduzir na vontade para respeitar a autonomia dos Comitês de Água, sua visão particular sobre suas necessidades e, ao mesmo tempo, fosse a contribuição efetiva de modo que a água e seu adequado manejo e distribuição sejam acessíveis a todos, mas que em tempos de eleições se veem empregados de forma clientelista.

Quando Evo Morales assumiu o poder, em 2006, havia a esperança de que em seu governo se ampliaria a autonomia e o autogoverno dos movimentos sociais. No entanto, tem ocorrido o contrário. O Estado iniciou um processo de expansão para novas áreas, sendo a água uma delas. Há uma crescente intervenção do Estado em assuntos tradicionalmente fora de seu alcance. Esta intervenção tem tomado um impulso muito centralista. A recente legislação sobre a água dá poder ao Estado para decidir e intervir sobre os sistemas comunitários e as práticas autônomas que até agora não reconhecia.

Através da Convenção sobre o Direito à Água, promovida pelo governo boliviano na ONU, e através da Declaração dos Direitos da Mãe Terra, o governo de Morales tem declarado que a natureza tem direitos, criando um quadro de “direitos” que transfere a responsabilidade e, portanto, o poder de administrar os recursos hídricos das pessoas para o Estado. Enquanto tais esforços têm sido celebrados internacionalmente e Morales considerado o líder em reformas ambientais, esta estratégia transfere a responsabilidade e o poder de administrar a água das pessoas ao Estado. Os modos tradicionais de uso da água se tornam nulos e sem sentido, e aqueles que buscam acesso à água devem recorrer ao Estado, às leis e às cortes.

Em seu caminho, os Comitês de água enfrentaram desafios técnicos e econômicos junto com os contínuos esforços de cooptação por parte do Estado. Mas seu êxito, sintetizado na guerra da água, tem demonstrado que, organizados horizontalmente, os bolivianos podem recuperar a capacidade de manejar seus bens comuns com autonomia, contra o poder estabelecido e as formas tradicionais de entender a “democracia”. As pessoas hoje em dia não estão se organizando para levar demandas ao Estado, mas para determinar e implementar as condições de suas próprias vidas.

Traduzido por Passa Palavra a partir do texto em espanhol publicado no site Autonomias.net, disponível aqui.

In Bolivia there have been at least seven important uprisings in the last decade, based on the struggle over the control of natural resources [1]. Among these it is worth mentioning the battle normally called the “Gas War” of September-October 2003, and the “Second Water War” in May-June 2005, both of them in the city of El Alto.

In this city, migrants from the countryside – who bring with them communitarian traditions of land cultiviation and everyday political life – and redundant ex-miners – who bring the experience of more than 30 years of decisive control over matters of state (1952-1985) – are brought together in an urban context. The co-existence of these two populations, as well as migrants from La Paz, students and an Aymara intelligentsia which has grown since the late 1960s, was expressed in a new multitude form in 2003 and 2005.

In these struggles in which working-class and peasant trade unionism co-existed with Andean communitarian practice [2], neighbourhood organisation outside of Bolivia’s bourgeois political parties resulted in mobilisations which brought down two successive presidents.

Although trade union federations were involved, among them the Central Obrera Boliviana in the struggle against the export of gas to California via Chile and the struggle against high water rates, the protagonists were the hundreds of Residents’ Associations in El Alto, which spoke for all the organisations in struggle, including those from other parts of the country. Although they were based on district organisation, these were in the last instance associations of extra-proletarianised workers, such as street-sellers, contracted labour, ex-miners and migrants from the country.

A brief history of El Alto

In the journey from the countryside to the city – taken by thousands of Bolivian migrants every day – the destination is almost always the city of El Alto, on the Bolivian altiplano. At 4,000 metres above sea level and with a population of over 1 million people (according to unofficial figures) El Alto has received migrants since the 1980s, or more precisely, 1985, when the Paz Estenssoro government promoted the “re-homing”[3] of miners with decree 21060 [4], broke up the working class. This meant that the locum of struggle then moved on to the coca planters of the valleys of Cochambamba and then, in the 21st century, the workers of El Alto organised in Residents’ Associations.

El Alto’s history of struggle is not only a matter of recent times. In 1781, in resistance to Spanish taxes, the Aymara leader Tupak Kataria and his comrade Bartolina Sisa formed indigenous armies which encircled the city of La Paz from March to July and August to October of that year. The ultimate objective was the expulsion of the Spanish by blockading food supplies and starving them out. In the end, Tupak Katari was condemned to death and quartered in public by four horses. His figure became a symbol of struggle not only for Aymara and Quechua peasants but for the workers’ movement itself and the urban proletariat of indigenous descent, including a small proportion of mestizos and whites.

More than a century later, during the so-called Federal War, under the leadership of the Aymara Pablo Zárate Willka, the constitutionalist troops of then president Fernández Alonzo were prevented from passing through El Alto en route to La Paz. The intention was to protect the liberals so that they might legislate in favour of the indigenous territories, which in fact did not happen. The indigenous people then organised independently and decreed a new form of indigenous government, calling for the destruction, seizing and burning of private properties and the physical elimination of the mestizo and white elite.

Then, in 1952 during the national revolution, in El Alto there were controls on the coming and going of troops from the mines, as well from the air force which still today is based in the city. It was the backdrop to the victory of the revolution.

In recent times the city served as the reference point for working-class struggles in Bolivia, such as had existed elsewhere decades before during miners’ struggles. Known as the “Poor people’s HQ” El Alto has been compared to the Siglo XX miners’ encampment north of Potosí, from which emerged the ideas and political direction followed by the proletariat in the 1952 revolution[5].

The city of El Alto only officially became a municipality independent of La Paz on 26th September 1988. It is geopolitically important not only because it is the main entry and exit route for La Paz – which is literally in a hole in the middle of the Andes – but also because it leads to the northern altiplano – where can be found the most combative peasant communities in Bolivia such as Achacachi, Warisata, Sorata, Huanuni and Copacabanda – and the southern altiplano – where can be found Caracollo and the mining centre of Oruro. It also serves as the pathway to the Amazon region for the departments of La Paz, Beni and Pando.

According to the 2001 census El Alto has 649,958 inhabitants, 28% of the La Paz department. But, as Ramírez (2005b) reminds us, on the day of the census innumerable families would have gone to their areas of origin to register. According to other sources the population had already surpassed the 1 million mark in 2000.

Given the size of its population growth, it is considered the first large city of indigenous people on the continent. However, Duran Chuquimia has presented some statistics on the living standards of most of the population. According to his dossier 77% of homes are clay and only 22% of its walls contain bricks, the majority without grouting; 47.9% have concrete floors, 28.1% wood and 21.8% earth; 60% of houses do not have a registered owner; 46% still lack basic sanitation and guttering for rain water, even though at times there can be torrential downpours. In 2005, El Alto counted some 66.8% of its urban population as in a state of poverty. In the rural area of the municipality the figure was 98.9%. Among this group, 17.1% live in destitution.

An important figure reflected in the socio-political scenario is that 85% of homes are built by their inhabitants, as well as the paving of the streets and the district environment itself. This allows for a sense of belonging to the district, which each worker can express in moments of confrontation and protest. It is a city in permanent construction.

The world of the El Alto worker

Consequently there has grown an informal sector: eight out of ten jobs created in Bolivia in recent years are in this sector. In the city of El Alto the family sector – that is to say, micro- and small businesses staffed by members of the same family – grew 1120% between 1989 and 1995.

Workers from El Alto are predominantly concentrated in trading and manufacturing. Trading, followed by industry, is the sector in which informal work has expanded to dizzy heights. At the same time, El Alto is the country’s second manufacturing city in absolute terms, after Santa Cruz de la Sierra, according to the 2001 census.

Using a different methodology, Rojas and Rossell point out that, while in 1992 64% of El Alto residents worked in the informal sector (family and/or petty employers), by 2000 the number had gone up to 69%: the main unit of capital reproduction in El Alto is the family.

Although these workers can administrate their working time with more autonomy, the realisation of capital takes place by means of self-exploitation or extraction of surplus value from the family itself. Abusive labour contracts and ones which generate surplus value from the family are covered by relations of parenthood or marriage.

In the current context, after the lay-offs of the 1980s and the decentralisation of industry, workers in the home and small workshops remain subordinate to the productive dynamics of big industry, since in no few cases these small workshops produce to meet its demands. Forms of work which are not totally capitalist, like in associations or family and/or community production are not eliminated but subsumed and become part of the general valorisation of capital.

The effects of Decree 21060 and its politico-theoretical implications

Recently the intellectual and activist milieu in Bolivia has discussed at some length the current configuration of the urban proletariat. If, in the context of the 1952 revolution, the centrality of mining workers was indisputable, today, after the mass lay-offs starting in 1985, the morphology of the workforce has certainly changed. Similarly, if it is true that manufacturing workers still represent a significant portion of the Bolivian working class, it would be dishonest to deny that the casualisation of work relations and informality have created a large majority of the working class facing unfavourable conditions for organising.

Besides massive lay-offs, the restructuring of Bolivian mining meant re-homing some 4,000 miners from private companies, another 60,000 from what remained of the state miner COMIBOL and more than 500 co-operatives and smaller mines spread across the country.

We agree with Antunes when he refuses to accept the substitution of work by science or value production by communications: in the contemporary world there is ever more interchange between productive and unproductive work, industrial work and informal or service-sector work.

What is new, however, is the combination of productive processes on a large scale with other minor and more flexible processes. Thus self-employed workers, traders, street-sellers and artisans, without being directly subsumed into a large capitalist enterprise, contribute to value realisation in the sense that they participate in the buying and selling of contraband goods and sell them below price to the working class, reducing the use value of labour power itself. This is an international phenomenon expressed by the growing numbers of an unorganised and atomised type of wage-worker.

However, the numerical reduction of the industrial working class does not mean we have to join the ranks of those who defend the idea of post-industrial societies, since the informal and service sectors are in general dependent on large-scale industrial production and its possibility – or not – of creating value.

The new shape of the world of work in El Alto is also present in other urban centres of Latin America: São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires and Santiago in the southern cone; and Lima, Quito, Bogotá or Caracas in the Andes; also suffering the same effects of neoliberalism. Understanding the dynamic of surplus-value appropriation in contemporary regional capitalism necessitates deepening the debate on informal economy. In terms of the Bolivian altiplano, the radicalism of its workers mixed with the oppressed condition of indigenous people – whether Aymara or Quechua – draws our attention to its historic potentialities.

Future perspectives

Beyond the factory floor and the workplace, in Bolivia it is clear that excess appropriation is taking place via overarching measures such as the privatisation of natural resources, in the last instance an obstacle to the redistribution of tax. Given that these mobilisations are in response to excessive underlying expropriation, led by multinational consortiums, they show new elements common to community struggles and working-class trade unionism, worthy of political articulation.

On the other hand, although clashing with the state and multinational capitalism and also giving political and social support to the first Evo Morales/MAS government, these movements of the multitude did not manage to force the completion of the “October agenda”[6]. From the MAS’s ascension to the Palacio Quemado in 2006 until today, the main organisations which mobilised people in previous years have been defending government decisions.

The governing party strategically negotiated with the Central Obrera Boliviana, Central Obrera Regional de El Alto, Federación de Juntas Vecinales-El Alto, and Federación de Gremiales, as well as being able to count on the support, from the start of its first campaign, of the Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, the partial support of the poweful Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia and the coca growers’ unions of the Chapare region. At the same time it negotiated with landowners’ representatives like the Comité Cívico de Santa Cruz and fascistic youth organisations like the blood-stained Unión Juvenil Cruceñista. In other words, MAS has functioned like a land-leveller, promoting alliances in search of national unity.

The last elections on 6th December were also an expression of an earlier point: in the La Paz department, in which El Alto was MAS’s greatest bastion, Evo Morales won 78% of votes, as against 11% for his opponent Manfred Reyes Villa. Nationally he won 63% of votes, 25 of 36 members of the senate and 85 of 130 MPs. For the next five years we can forecast a certain stability for the MAS government.

It has been made clear that the community mobilisation and the autonomy of the mobilisations of 2003 and 2005 instrumentalised the critique of the left, in its practical form, parliamentary democracy and democratic capitalism. It ripped off the mask of capital accumulation and electoral democracy as part of a power structure co-opted by capital.

However in doing so these mobilisations are, contradictorily, prevented from spreading into wider urban spaces and for longer periods of time. The bourgeoisie permit assemblies, face-to-face relations, the alternative use of time and control of authority only in small degree and as long as they are not confronted. In more ordinary times, the state will return to exercise its politico-juridical-military dominion over social relations.

Notes

[1] The insurrections began in 2000 with the “Gas War” in Cochabamba, followed by the communal-peasant blockades of April and September that year, and another in June 2001.
[2] Andean society revolves around the ayllu, the organisational set-up of poor Andeans. The essence of communal autonomy exists on a complex and varied system of elected authorities and direct democracy, accompanied by a system of communal justice.
[3] Euphemism used to designate mass lay-offs of miners
[4] Around 32,000 miners were sacked on the pretext of rehoming under the Paz Estenssoro government’s 1985 Decree 21060
[5] Huanuni, in the north of Oruro department, is another historic site of struggle for mining workers. It was the centre of the establishment of the FSTMB miners’ union in 1944 and the working-class base in the 1952 revolution and for decades after.
[6] A series of demands including the nationalisation of gas plants, the resignation of then president Gonzalo Sánchez de Lozada, rejection of the ALCA free trade deal, freedom for the Universidade Pública de El Alto and better conditions for agricultural workers.

Translated by The Commune. Original at http://passapalavra.info/2010/02/18339.