El gobierno de Maduro: reacomodo institucional del Estado y política en beneficio del capital

Por Omar Vázquez Heredia

La coyuntura actual de Venezuela, se encuentra caracterizada por una consolidación relativa del gobierno de Nicolás Maduro, que surge de un reflujo de la movilización obrera y popular y de la división y desorientación de la oposición de derecha. Esa consolidación del gobierno de Maduro es relativa, porque persiste un enorme rechazo antigubernamental y la profunda depauperación de las condiciones de vida y salariales del pueblo trabajador, entonces sigue abierta la posibilidad de una recomposición y ascenso de la protesta de la clase trabajadora y sectores populares.

Ese reflujo de la movilización obrera y popular, tiene entre sus causas la pandemia por el miedo a contagiarse en un país con un sistema público de salud destruido y precios impagables para recibir atención médica privada y comprar medicinas. Así como, la respuesta autoritaria del gobierno de Maduro ante la pandemia, que ha implicado un reforzamiento de la presencia del aparato militar, policial y parapolicial en las calles. En ese sentido, ante la falta de atención médica y un ritmo lento de vacunación, el gobierno de Maduro apuesta por el cumplimiento represivo de la cuarentena y el aislamiento del país, porque la contención de la cifra de contagiados lo entienden como un problema de seguridad del Estado

Además, otras causas del reflujo de la movilización obrera y popular, es la extrema precariedad económica y la falta de acceso a servicios públicos esenciales como agua, energía eléctrica y gas doméstico; que obliga al pueblo trabajador a invertir su tiempo y esfuerzos en sobrevivir. Y, también, la criminalización de las trabajadoras y trabajadores que luchan y denuncian actos de corrupción, con la detención de decenas de dirigentes sindicales y miembros de la clase trabajadora. Solo del sector petrolero están presos: Eudis Girot, Aryenis Torrealba, Alfredo Chirinos, Luis Cárdenas, Guillermo Zarraga, Marco Sabariego, Gil Mujica, Bartolo Guerra, en otros.

Por otra parte, la oposición de derecha se mantiene dividida y desorientada, como consecuencia de la derrota de Trump, con el comienzo de la administración estadounidense de Biden, y por el fracaso de la estrategia política encarnada en el liderazgo de Juan Guaidó desde de 2019; que desestimuló la movilización popular, y buscó una fractura del bloque gubernamental chavista civil y militar, para lograr un golpe de Estado y una transición ordenada y negociada, con la salida de Maduro.

Así, el conjunto de la oposición de derecha, promovió la injerencia de potencias como EEUU y la Unión Europea, con sanciones económicas y amenazas de intervención militar; ofreció una amnistía para civiles y militares que rompieran con Maduro, aunque estuviesen implicados en violaciones de derechos humanos y actos de corrupción; presentó un programa gubernamental acorde a las necesidades del capital transnacional y local con el Plan País; y le garantizó el pago de las deudas a China y Rusia, potencias extranjeras aliadas de Maduro.

Entonces, el gobierno de Maduro aprovecha y desea fortalecer su consolidación relativa, para presentarse ante el capital transnacional y local como su mejor aliado gubernamental, con una política que incluye la continuidad de medidas antiobreras y entreguistas como: la bonificación salarial, la suspensión de los contratos colectivos con el memorándum 2792 y un salario mínimo de menos de dos dólares al mes; la privatización de empresas y activos estatales a través de la llamada ley antibloqueo; la proliferación de áreas geográficas con beneficios tributarios y arancelarios para el capital mediante la ley de zonas económicas especiales; la prioridad del pago de la deuda externa; y la entrega de la mayoría del paquete accionario de las empresas mixtas de la industria petrolera al capital transnacional con una nueva ley de hidrocarburos.

Los altos jerarcas chavistas del gobierno de Maduro con la aplicación de esas políticas en favor del capital transnacional y local, se erigen en beneficiados directos, porque ya son la fracción emergente de la burguesía venezolana. A su vez, intentan convencer a las potencias occidentales que pueden ser sus socios en el saqueo compartido del Estado, la economía y naturaleza de Venezuela. Así, en reiteradas oportunidades, insisten en negociar con el gobierno de EEUU y las autoridades de la UE. Maduro fue claro cuando en una reciente entrevista con Bloomberg dijo: “Venezuela se va a convertir en la tierra de oportunidades”, por eso “invito a los inversionistas estadounidenses, no se queden atrás”.

Como respuesta, hace unos días EEUU, la UE y Canadá, expresaron su disposición a suspender las repudiables sanciones económicas extranjeras, pero piden unas llamadas concesiones democráticas. En consecuencia, abriría la posibilidad de una negociación entre Maduro y EEUU y la UE, que conduzca a la mayoría de la oposición de derecha a la participación electoral. Esto, profundizaría el reacomodo institucional del Estado, que promueve el gobierno de Maduro, con cambios en la Asamblea Nacional, Consejo Nacional Electoral y gobernaciones y alcaldías; para darle cierto ropaje legal y democrático al saqueo compartido del Estado, la economía y naturaleza de Venezuela.

En ese contexto adverso, el Partido Socialismo y Libertad (PSL), donde milito, sigue insistiendo en la necesidad de la movilización obrera y popular para recuperar libertades y derechos democráticos y mejorar las condiciones de vida del pueblo trabajador. Por ello, propone como eje de esa movilización y protesta a demandas concretas: salario igual a la canasta básica, libertad para las trabajadoras y trabajadores presos, atención médica para todas y todos, plan nacional de vacunación, fondo social de emergencia, inversión estatal para combatir los femicidios, fin de la impunidad ante el asesinato de mujeres, eliminación de los aparatos represivos estatales y paraestatales, y elecciones generales democráticas.

Pero, esas demandas concretas se entienden englobadas en la lucha por un plan económico alternativo, que incluye: la eliminación de los contratos de las empresas mixtas en el sector petrolero y estatización de toda la industria petrolera; una reforma tributaria progresiva; revocación inmediata de las sanciones económicas extranjeras y reposición de los activos estatales embargados; confiscación y repatriación de los bienes robados y fugados por los corruptos; no pago de la deuda externa; y la eliminación del gasto represivo, militar y suntuario del Estado.

Ilustra este artigo a obra A última ceia, de Marisol Escobar (1930-).