Por Justicia 11J
Varios incidentes reportados entre abril y mayo de 2024 indican que la represión en Cuba no ha disminuido. Por el contrario, la respuesta estatal al creciente descontento social, que se expresa en acciones de protesta pública, ha escalado en un escenario peligroso para quienes ejercen sus derechos humanos.
A Justicia 11J le preocupan, particularmente, las denuncias del uso de armas de fuego por agentes del Estado para amenazar a ciudadanos críticos o en contextos de protesta.
Uno de los eventos donde se reportaron incidentes de este tipo, fue la manifestación por los prolongados apagones eléctricos, ocurrida el 28 de mayo en la localidad de Juraguá, cercana a las ruinas de la central electronuclear que no llegó a concluirse, en la provincia de Cienfuegos.
Fuentes de la zona dijeron que fuerzas policiales hicieron disparos para disuadir a los manifestantes. También, durante la protesta y en días posteriores, fueron detenidos o citados para ser interrogados y amenazados, al menos una docena de pobladores, según confirmaron familiares y activistas de derechos humanos.
Este, y otros reportes, son preocupantes sobre todo en un contexto de contestación ciudadana a un régimen que no garantiza condiciones básicas de vida, mientras coarta libertades fundamentales. La crisis económica y social de Cuba está lejos de aliviarse, por lo que se teme que futuras protestas sean enfrentadas con más violencia estatal.
Recordamos que durante las históricas manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021 (11J), fuerzas del Ministerio del Interior (Minint), con la colaboración de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y grupos paraestatales conocidos como Brigadas de Respuesta Rápida, también emplearon la violencia armada contra los ciudadanos. Resultó muerto entonces Diubis Laurencio Tejeda, y cerca de una decena de personas resultaron heridas.
