Chile después de la Constituyente: Cuando se vacían las grandes alamedas

Por Raúl Zibechi

“Finalmente nada ha cambiado”, tuitea Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y miembro del oficialista Partido Comunista de Chile, al comentar las imágenes de la represión del 18 de octubre, cuando los manifestantes conmemoraban los tres años de la revuelta en Plaza Dignidad. “¿Cómo se explica ministra Carolina Toha que usen las mismas prácticas de Piñera?”, concluye el tuit [1].

El gobierno desplegó ese día más de 25.000 efectivos en las calles para “controlar el orden público”. Las movilizaciones terminaron con 195 detenidos, 42 heridos y el saqueo a 15 locales comerciales. Boirc elogió la labor de Carabineros: “Quiero ser muy claro y explícito, tienen no solamente todo nuestro respeto, sino todo nuestro respaldo para el resguardo del orden público y para el combate frontal a la delincuencia”.

Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile denunció que en el tercer aniversario de la revuelta “tan solo el 0,1% de las denuncias por violación a los derechos humanos han terminado en sentencia condenatoria”. De las más de 10 mil denuncias desde el comienzo de la revuelta, tan solo 16 de esas causas penales han terminado en sentencia condenatoria [2].

El indulto a las personas que fueron privadas de libertad por la represión policial había sido una de las prioridades de Boric antes de alcanzar la Presidencia. Sin embargo, a tres años, muchos de ellos siguen detenidos. Según Radio Universidad de Chile, al 11 de marzo de 2022, día de la asunción de Boric, eran 211 las personas presas por causas relacionadas con las manifestaciones ocurridas entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2021. De ellas, 144 se encuentran en prisión preventiva y otras 67 tienen sentencias firmes.

Las preguntas se amontonan cuando aliados muy cercanos del gobierno de Boric presentan críticas tan contundentes, nada menos que en un aspecto tan delicado como la represión y los presos políticos. La observación de Jadue podría extenderse al mundo mapuche, donde el gobierno Boric ha incrementado la militarización, con mayor presencia de uniformados que la que hubo bajo el gobierno de Piñera. No fueron liberados los presos de la revuelta y se restableció el estado de excepción en Wall Mapu, mostrando una clara continuidad con gobiernos anteriores.

Ante la detención de su vocero, Héctor Llaitul, la Coordinadora Aruco Malleco (CAM) aseguró que no va dialogar con el gobierno “si no es por territorio y autonomía”, que seguirán recuperando tierras y que seguirán luchando contra el Estado colonial y su política de integración forzada. “O luchamos de verdad por la reconstrucción nacional mapuche o sólo es discurso y presión para recibir migajas que ofrece el Estado” [3].

La CAM denuncia lo que considera un gobierno de continuidad con lo que fue la Concertación neoliberal, que “pone una vez más su administración al servicio de las oligarquías y conglomerados económicos que tienen sus intereses puestos en nuestro territorio ancestral mapuche”. Por ese motivo, rechaza “el diálogo integracionista y plurinacional que requiere, para ser posible, dejar intactos los intereses del gran capital en nuestro territorio” y destacan que trabajan en la profundización de su proyecto histórico que gira en torno a la recuperación de territorios.

¿Derrota o repliegue?

Desde la contundente derrota en el referendo constitucional del 4 de setiembre, los movimientos sociales parecen desconcertados, casi tanto como la conservadora clase política de izquierdas. El Rechazo obtuvo el 62%, ganó en todas las regiones, con una diferencia de 3 a 1 en la Araucanía y por sólo diez puntos en la Región Metropolitana de Santiago y en Valparaíso.

El historiador Sergio Grez, que siempre fue muy critico del proceso constituyente, analizó entre las causas de la derrota del Apruebo, “el voto de castigo al gobierno Boric y sus políticas de continuismo neoliberal; el repudio al desempeño de la Convención Constitucional y de algunos convencionales en particular; una reacción de tipo conservadora (mas no necesariamente de “derecha”) de vastas franjas de la población, especialmente de los sectores populares, ante propuestas del proyecto de Constitución como la plurinacionalidad, el derecho al aborto aparentemente sin límite alguno (…) y el lenguaje inclusivo´ empleado, ajeno al de la inmensa mayoría de la población” [4].

Considera que los temas “identitarios” (ambientalismo, feminismo, plurinacionalidad, regionalismo y territorios) “no generaron adhesión más allá de los nichos respectivos” y le parece probable que “la forma como se tradujeron las reivindicaciones de estos movimientos en el proyecto constitucional haya generado más rechazo que adhesión”.

En los hechos, el Rechazo ganó por amplio margen en los distritos populares, en las llamadas “zonas de sacrificio” medioambiental, entre la población indígena, en las regiones mineras y en las cárceles, puesto que “las normas constitucionales propuestas y presentadas como las más avanzadas del planeta, que se suponía los beneficiarían, no cambiaban absolutamente en nada las condiciones reales de vida de estos y otros sectores de la población”, insiste Grez.

Habría que agregar dos cuestiones: el voto obligatorio y la abrupta caída en la aprobación de Boric. En efecto, el instituto Cadem de opinión pública detectó una rápida erosión del presidente, al punto que en dos meses tenia más desaprobación que aprobación. En setiembre, mes del referendo, “promedia 37% de aprobación y 57% de desaprobación, siendo éste su peor mes desde que asumiera el 11 de marzo” [5]. Ya en octubre, sólo el 27% aprueba a Boric y el 65% lo rechaza.

El voto obligatorio, una obsesión de las izquierdas en varios países, jugó claramente en contra. La participación aumentó de menos del 50% en varias elecciones anteriores, al 86% en el referendo. Pero de los 5,4 millones de nuevos votos emitidos, el 96% optó por el rechazo. Es cierto que la derecha política y mediática jugaron un papel importante mintiendo sobre el “extremismo” de la nueva Constitución, que crearon un clima de confusión entre amplios sectores de a población [6].

Sin embargo, lo más grave es la evaluación de la población acerca de la represión y de los aparatos armados, a tres años de la revuelta: “En relación al uso de la fuerza de parte de Carabineros y las fuerzas armadas durante el estallido, 58% considera hoy que ésta fue proporcional dada la violencia que había en las calles, 31puntos más que en 2019 cuando 69% pensaba que había sido excesiva” [7].

Buena parte de los analistas considera que la Convención Constituyente se aisló de los movimientos y que éstos tampoco ejercieron presión y vigilancia sobre los convencionales. En consecuencia, sigue Grez, “en un clima de desmovilización y reflujo, el organismo encargado de redactar el proyecto de nueva Constitución se parlamentarizó, funcionó en base a lógicas parecidas a las del Congreso Nacional y se distanció de la base social, facilitando las campañas de desprestigio de los sectores conservadores”.

Interminable giro a la derecha

La reacción inicial de Boric fue remodelar parte de su gabinete. Cayeron loa ministra de Interior y Seguridad Pública, a Izkia Siches, y el Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, que eran parte del núcleo duro del presidente y fueron sustituidos por figuras de la Concertación. Interior pasó a Carolina Tohá, exministra de la Concentración, aumentando la ya significativa presencia de exponentes de la “vieja política”, contra la que se había iniciado la revuelta.

El giro derechista amenaza barrer la resistencia de los movimientos sociales que masivamente exigieron la no aprobación del tratado de libre comercio TPP11 (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico) integrado por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Al respecto Boric cambió de opinión: “Contradiciendo sus propios dichos acerca de los riesgos y perjuicios implicados en que Chile adscriba al acuerdo político y comercial TPP-11, el gobierno de Gabriel Boric ha resucitado el interés por ello, que parecía haber sido desahuciado con el fin del período de Sebastián Piñera” [8].

El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), sostiene que el tratado “es prioridad de los grandes grupos empresariales y corporaciones transnacionales” y denuncia los costos que tendrá para “para los territorios y sectores más vulnerables como l@s trabajadores, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas”. Agrega que “pondrá en riesgo conquistas laborales fundamentales, como el posnatal, o las vacaciones pagadas”, que los megaproyectos que incluye “nos aseguran más sequía y saqueo; agotando y contaminando las escasas fuentes de agua” y finaliza asegurando que “la crisis de democracia y de participación no se resuelve entre cuatro paredes cediendo ante la presión de los poderes fácticos y económicos” [9].

La creciente militarización de Chile es uno de los aspectos más problemáticos del actual gobierno, que va mucho más allá que los anteriores presientes neoliberales. Grez estima que “Boric intentó algo que ni siquiera el gobierno de derecha de Piñera se atrevió a hacer: impulsar un proyecto de ley para que las fuerzas armadas puedan vigilar la llamada “infraestructura crítica”, sin necesidad de pedir la autorización del Estado de Emergencia por parte del Parlamento; esto es un nivel de militarización soñado pero no logrado por la derecha clásica”.

Se apagan las llamaradas

El papel de Boric durante la revuelta consistió en aniquilarla, empeño que le rindió frutos ya que la derecha permitió que se convirtiera en presidente y los movimientos no pudieron apreciar en su momento la hondura de su propósito. En noviembre de 2019, semanas después de comenzada la mayor revuelta en la historia del país, decidió dar los pasos necesarios para debilitar la protesta que recién comenzaba.

En vez de alentar que la movilización popular enterrara el régimen pos-pinochetista y terminara por deslegitimar a sus representantes, Boric decidió salvarlos y aislar a quienes seguían movilizados. Para eso firmó un acuerdo con la derecha y el progresismo por una “nueva Constitución”, sin consultar a su partido que consideró expulsarlo [10]. De ahí en más, la suerte de la revuelta estaba echada. La agenda política mutó radicalmente: de la demanda por la renuncia del presidente derechista Sebastián Piñera, se pasó a debatir la convocatoria de la asamblea constituyente.

La pregunta que nos hacemos es porqué el amplio movimiento social chileno aceptó integrarse al proceso constituyente, diluyendo sus poderes y capacidades de acción colectiva que tan buenos resultados le venía dando. En efecto, la con excepción notable de los colectivos mapuche autonomistas y de la ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios), el grueso del movimiento aceptó trasladar la disputa al terreno legal y electoral, aceptando de hecho el organigrama ideado por las instituciones y la derecha.

“El proceso constituyente nace a raíz de un acuerdo de partidos políticos para intentar restablecer el orden durante la revuelta”, explica Antonia Rolland de la ACES [11]. La organización estudiantil nunca aceptó el camino constitucional como sustituto de la lucha callejera, aunque apoyó los nuevos derechos contemplados en el texto y llamaron al Apruebo, sabiendo que con ellos no se modifica el modelo neoliberal.

Esto nos indica que quienes no confiaron en el proceso constituyente y seguirán en la lucha, son básicamente los dos sectores que venían luchando intensamente desde antes de la revuelta de 2019: el sector autonomista del pueblo mapuche y los secundarios organizados que siguieron en la calle desde el Mochilazo de 2001. Hay muchos más por ciento: infinidad de grupos a lo largo d Chile que vienen organizándose en sus barrios contra el saqueo de las mineras, la defensa del medio ambiente, contra el patriarcado y la violencia policial, por derechos en salud y educación, por rescatar las pensiones secuestradas por el mercado financiero. Y más.

Pero han sido esos dos colectivos (mapuche y secundarios) los que han encarnado desafíos de larga duración al Estado y al capital. Durante la revuelta se incorporaron cientos de miles, quizá millones, a las marchas y manifestaciones durante mucho más tiempo del esperado y del esperable. Pero cuando a esos millones se les abrieron caminos menos costosos (miles de heridos y detenidos, más de 30 muertos, 400 ojos estallados), optaron por tomar el atajo que era lo que les indicaba el sentido común a quienes recién se incorporaban a la pelea.

La segunda cuestión, complementaria con la anterior, es la que apunta el historiador Eric Hobsbawm cuando compara el sindicalismo británico y el francés: “Los movimientos sindicales débiles suelen volcarse hacia el activismo político en busca de fuerza adicional; mientras que los fuertes no tienen que preocuparse en tal sentido” [12].

Es probable que la revuelta haya encontrado límites, como lucha callejera de acción directa, al resistirse Piñera a renunciar y lanzar al aparato represivo contra la población. Lo cierto es que en muy poco tiempo la demanda central del movimiento pasó de la renuncia del presidente a encaminarse a la redacción de una nueva Constitución que sustituyera a la heredada de la dictadura de Pinochet. Como tantos atajos, no condujo a ningún lugar interesante, sino que terminó por reforzar al régimen contra el que se habían levantado.

Lejos de apostar a un nuevo proceso constituyente, los mapuche están empeñados en seguir recuperando tierras para convertirlas en territorios en resistencia; y los estudiantes enfocan sus energías en el trabajo organizativo en los barrios periféricos. Es posible, y deseable, que del actual repliegue surjan aprendizajes nuevos, se fortalezcan las autonomías y se profundice la resistencia al extractivismo y ala clase política progresista.

Notas

[1] “Chile: aliados cuestionan a Boric por reprimir manifestaciones en el aniversario del estallido social” en https://www.tvpublica.com.ar/post/chile-aliados-cuestionan-a-boric-por-reprimir-manifestaciones-en-el-aniversario-del-estallido-social

[2] El Mostrador, 17 de octubre en https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/10/17/rodrigo-bustos-director-ejecutivo-de-amnistia-internacional-chile-y-tercer-aniversario-del-estallido-social-tan-solo-el-001-de-las-denuncias-por-violacion-a-derechos-humanos-ha-terminado-en-sente/

[3] CAM responde, 9 de agosto de 2022 en https://cctt.cl/2022/08/09/46236/

[4] Entrevista a Sergio Grez, El Ciudadano, 18 de octubre de 2022 en https://www.elciudadano.com/chile/el-adn-del-acuerdo-del-15-de-noviembre-de-2019-sigue-mas-presente-que-nunca-en-el-proceso-permanente-de-reforma-constitucional-que-vive-chile/10/18/

[5] Cadem.cl, 2 de octubre de 2022.

[6] Camila Vergara, “El rechazo de Chile”, El Salto, 11 de setiembre de 2022, en https://www.elsaltodiario.com/chile/new-left-review-rechazo-constitucion-boric

[7] Cadem.cl, 16 de octubre de 2022.

[8] Manuel Acuña, “Obituario para un gobierno que no pudo ser”, Rebelion, 11 de octubre de 2022 en https://rebelion.org/obituario-para-un-gobierno-que-no-pudo-ser/#_edn3

[9] OLCA, 13 de setiembre de 2022 en https://olca.cl/articulo/nota.php?id=109640

[10] CNN, 15 de noviembre de 2019, en https://www.cnnchile.com/pais/boric-firmo-acuerdo-nueva-constitucion-sin-venia-partido_20191115/

[11] Entrevista con Antonia Rollando, en https://desinformemonos.org/caminos-de-abya-yala-antonia-rolland/

[12] Eric Hobsbawm, “Tradiciones obreras” en Gente poco corriente, Barcelona, Crítica, 1999, p. 66.