Por Omar Vázquez Heredia
En el 2024, Nicolás Maduro tiene un importante reto para su continuidad en el poder estatal de Venezuela: la elección presidencial por el fin de su segundo mandato gubernamental. En ese sentido, Maduro ha concretado un conjunto de acuerdos con el gobierno de Estados Unidos y alianzas de facto con sectores empresariales e iglesias evangélicas para intentar contrarrestar el impacto negativo de su deteriorado apoyo político y electoral en el resultado de dicha elección presidencial.
Así, Maduro intenta recuperar una cantidad relativa de votos, pero sobre todo busca disminuir las sanciones internacionales y críticas nacionales ante su imposición de una elección presidencial con candidatos opositores inhabilitados, partidos políticos opositores proscriptos, restricciones a la inscripción en el registro electoral de nuevos votantes y al voto de las venezolanas y venezolanos en el exterior, y una campaña electoral caracterizada por la intimidación de los electores opositores y la falta de cobertura comunicacional y ataques violentos a las actividades proselitistas de las opciones electorales opositoras.
Escenario electoral
El actual gobierno autoritario de Venezuela enfrenta la elección presidencial de 2024 en medio de un desplome de su apoyo político y electoral, que comenzó hace una década. En octubre de 2012, Hugo Chávez ganó su última elección presidencial con 8.191.132 votos. En abril de 2013, también en una elección presidencial Maduro obtuvo 7.587.579 votos. Después, en diciembre de 2015, en unas elecciones parlamentarias nacionales, la alianza chavista alcanzó 5.625.248 votos. En abril de 2018, en su segunda elección presidencial Maduro solo logró 6.245.862 votos. En las elecciones parlamentarias nacionales de 2020, la alianza chavista solo llegó a 4.321.975 votos. Por último, en las elecciones regionales la alianza chavista cayó a 3.595.490 votos. Entonces, estimamos que Maduro podría obtener en las elecciones presidenciales de 2024 entre 4.5 a 5.5 millones de votos, que serían entre el 20 o 25% del registro electoral.
En ese contexto, Maduro se prepara para la elección presidencial de 2024 promoviendo la abstención y división del voto mayoritario que controla la oposición de derecha y proscribiendo cualquier posibilidad de una candidatura del chavismo crítico y la oposición de izquierda, que le podría arrebatar cierta cantidad de votos provenientes de su base electoral tradicional.
Concretamente, el gobierno chavista en agosto de este 2023 eligió a una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) presidida por un reconocido dirigente chavista, el antiguo diputado y Contralor, Elvis Amoroso. También, el gobierno instiga las candidaturas presidenciales de independientes como Benjamín Rausseo y Antonio Ecarri, así como de Luis Eduardo Martínez en representación del sector que controla la tarjeta electoral del partido Acción Democrática, después de su intervención por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en junio de 2020. Además, en agosto de este 2023, el gobierno usando nuevamente al TSJ le ha quitado la personalidad jurídica y tarjeta electoral a la dirección legítima del Partido Comunista de Venezuela, que se proponía presentar una candidatura en oposición a Maduro, a partir de una alianza de sectores del chavismo crítico y la izquierda anticapitalista, que han creado el llamado Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo.
Por último, el gobierno mantiene inhabilitada a la candidatura presidencial de la neoliberal María Corina Machado, que es la principal líder opositora después de que el 22 de octubre ganó las primarias de la llamada Plataforma Unitaria con más del 90% de los votos. Seguramente, María Corina Machado va a canalizar el apoyo electoral de la gran mayoría de la base opositora, entonces lo más seguro es que Maduro mantenga la inhabilitación de su candidatura, y ella debe decidir si elige a una candidata o candidato suplente o hace un llamado a abstenerse en las elecciones presidenciales de 2024.
Maduro y acuerdos con el gobierno de EEUU
El gobierno injerencista de EEUU ha aceptado que es preferible flexibilizar y suspender sus repudiables sanciones económicas contra el Estado venezolano ante su incapacidad de lograr una división de los principales líderes del bloque gubernamental chavista ante el dilema de defender la continuidad o no de Nicolás Maduro. En ese sentido, Biden sabe que el único interlocutor del gobierno chavista es su líder actual, Maduro. Entonces, el presidente estadounidense ha priorizado sus intereses nacionales al acordar con Maduro primero la flexibilización y después la suspensión de las sanciones económicas, porque busca un aumento de la oferta de petróleo venezolano en el mercado estadounidense, una disminución del flujo migratorio venezolano a EEUU, un puente aéreo entre EEUU y Venezuela para la deportación de migrantes pobres venezolanos, y el pago a capitales estadounidenses de deudas contraídas por el Estado venezolano. Por supuesto, estos acuerdos Biden los decora con demandas democráticas a Maduro como la liberación de presos políticos y garantías para la elección presidencial de 2024.
En ese sentido, en noviembre de 2022, Biden acordó con Maduro la entrega de una licencia a Chevron para que extraiga petróleo venezolano y lo exporte a EEUU con el objetivo de cobrarse la deuda espuria que tiene el Estado venezolano con dicha transnacional estadounidense. Ya en mayo de 2023, Chevron se había cobrado 220 millones de dólares y en el transcurso de este mismo año esperaba cobrarse 750 millones de dólares. Maduro aceptó ese acuerdo a pesar de la necesidad de ingresos en divisas que lo podrían ayudar a aumentar la capacidad de compra de los salarios de la clase trabajadora venezolana.
Ahora, a principios de octubre de este 2023, Biden acordó con Maduro el envío de aviones a Venezuela con migrantes pobres deportados de EEUU, la suspensión del embargo a la industria petrolera y gasífera venezolana y de las sanciones financieras al Banco Central de Venezuela y Banco Venezuela, y el levantamiento de la sanción a la empresa estatal de procesamiento de oro Minerven. Como ya dijimos, el gobierno de EEUU con la mira en la elección presidencial estadounidense de 2024 busca incrementar la oferta petrolera a su mercado, abrir la posibilidad de que el Estado venezolano retome el pago de su deuda externa, reducir el flujo migratorio a su territorio y disminuir las críticas por la presencia de migrantes pobres venezolanos en Estados como Arizona, Texas, Florida y Nueva York.
Estos objetivos nacionales son decorados por la administración Biden con una retórica democrática, sin embargo hasta ahora lo único que en ese sentido ha concedido Maduro es la liberación de cinco presos políticos cuando existen cerca de 300 en las cárceles de su gobierno dictatorial, entre ellos varios dirigentes y activistas sindicales como Néstor Astudillo, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Alcides Bracho, Robert Franco, Johanna González y Guillermo Zarraga.
En el caso de Maduro conseguir la suspensión de dichas sanciones económicas implica un incremento inmediato de los ingresos petroleros, al poder exportar petróleo sin descuentos y con fletes menos costosos. Así, el gobierno puede seguir demostrando que es una buena opción para el capital transnacional al priorizar el pago de la deuda externa, y en menor medida usar esos nuevos ingresos petroleros para financiar la campaña presidencial de 2024 y algunas políticas sociales compensatorias como bolsas de alimentos y transferencias directa de dinero para conservar o recuperar una cierta parte de su base electoral.
Maduro y su alianza de facto con iglesias evangélicas
Desde hace varios años, el gobierno chavista ha aplicado un conjunto de políticas estatales para financiar y apoyar a las iglesias evangélicas, con el objetivo de intentar la canalización de esos votos reaccionarios a la candidatura presidencial de Maduro. Esto viola el carácter laico del Estado venezolano y ha generado un incremento de la movilización ultraconservadora de organizaciones cristianas evangélicas.
Por ejemplo, en diciembre de 2019, en un encuentro con el llamado Movimiento Cristiano Evangélico de Venezuela, Maduro ordenó la aprobación de recursos para la creación de la Universidad Teológica Evangélica de Venezuela. En ese mismo acto, Maduro decretó al 15 de enero como el Día Nacional del Pastor Evangélico. Después, en diciembre de 2022, el gobierno chavista comenzó a pagar todos los meses a los pastores y feligreses evangélicos una transferencia directa de dinero, el denominado bono “El buen pastor”. También, en enero de este 2023, Maduro creó el llamado Plan “Mi Iglesia Bien Equipada” para financiar con recursos estatales el mobiliario y las instalaciones de lugares de culto evangélico.
Por otra parte, dirigentes chavistas como el Jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahúm Fernández, han liderado movilizaciones evangélicas como la ocurrida en Caracas en julio de este 2023, en la que introdujeron en la Asamblea Nacional un documento que cuestiona la posibilidad de la aprobación del matrimonio igualitario, la despenalización del aborto, la educación sexual integral, y la libre elección de la identidad de género. Además, los gobernadores chavistas de los Estados Aragua y Mérida, Karina Carpio y Jehyson Guzmán, han declarado a la denominada “Marcha para Jesús”, que celebran la comunidad evangélica cada 12 de octubre, como patrimonio cultural de sus dos entidades regionales.
Maduro y alianza con sectores empresariales
Entre 2013 y 2018, el gobierno de Maduro contrajo el monto de las divisas asignadas a las importaciones para destinar esos recursos al pago de la deuda externa. Dicha contracción de los bienes de consumo final e insumos productivos importados redujo la oferta de mercancías, entonces se desencadenó un acentuado incremento de los índices de inflación y escasez, lo que afectó considerablemente la capacidad de compra de los salarios de la clase trabajadora venezolana. En ese sentido, en esos cinco años, el gobierno aplicó un ajuste inflacionario, que empezó a imponer principalmente a las trabajadoras y trabajadores los costos de la crisis económica que comenzó en Venezuela en el año 2014.
En cambio, desde 2018 hasta este noviembre de 2023, el gobierno de Maduro ha aplicado un ajuste macroeconómico que empezó con la ejecución en agosto de 2018 del llamado Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. Dicho plan económico incluyó un conjunto de medidas como la eliminación del control de cambio y precios, el establecimiento de un tipo de cambio flotante administrado, la derogación de la ley de ilícitos cambiarios, la exoneración de aranceles a las importaciones y del impuesto sobre la renta a la industria petrolera y minera, la contracción paulatina de la emisión monetaria, y a través del memorando 2792 del Ministerio del Trabajo la definición del salario mínimo oficial como principal referencia salarial para los contratos laborales.
En términos laborales, el establecimiento del salario mínimo oficial como referencia salarial, acompañado de la eliminación de la penalización del uso del dólar, permitió que los empresarios privados hayan empezado desde 2018 a remunerar a sus trabajadoras y trabajadores con un salario en bolívares, que es complementado con un bono pagado directamente en dólares o calculado en base a un monto en dólares que es multiplicado por el tipo de cambio oficial. No obstante, el monto de dichos bonos no es sumado al salario de cada trabajadora o trabajador como estipula el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, entonces no tiene ningún tipo de incidencia en el cálculo de vacaciones, prestaciones sociales y utilidades. Por lo tanto, el pago de bonos implica un ahorro para los empresarios privados en pasivos y costos laborales. En consecuencia, el uso de los bonos ha proliferado en el sector privado, y según la encuesta de coyuntura económica de Venamcham de 2023 el 90,17% de las empresas pagan ese tipo de bonificación laboral. Por ello, representantes gremiales del empresariado como Jorge Roig han propuesto un anteproyecto de Ley de Emergencia Laboral para otorgarle legalidad al uso de los bonos.
Además, desde este 2023, el propio gobierno de Maduro ha empezado a pagar bonos sin incidencia salarial a las trabajadoras y trabajadores activos y jubilados del Estado a través de la creación del ingreso mínimo vital, que incluye el salario y pensión mínima y el bono de guerra económica y el bono de alimentación. Por supuesto, estos bonos también implican un ahorro para el Estado en el pago de vacaciones, utilidades y prestaciones sociales. Pero, estos bonos afectan las condiciones salariales y derechos laborales del conjunto de la clase trabajadora venezolana, que sigue pagando el costo de la crisis y la falta de una recuperación económica sostenible.
También, el gobierno de Maduro ha retomado en 2023 la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE), que son territorios donde el capital transnacional y local obtiene preferencias tributarias, arancelarias y administrativas. En agosto de este 2023, el gobierno reactivó o creó cinco ZEE, que están ubicadas en La Guaira, Margarita, Paraguaná, Isla La Tortuga y Puerto Cabello-Morón. La aplicación de políticas estatales en beneficio del empresariado, se ha escenificado en la participación de la vicepresidente chavista Delcy Rodríguez en las asambleas anuales de las dos principales organizaciones gremiales tradicionales de los empresarios, Fedecamaras y Conindustria.
Pero, también existen otras demandas del sector empresarial que hasta ahora han sido desoídas por el gobierno. Por ejemplo, los empresarios han solicitado la derogación del impuesto a las grandes transacciones financieras y la posibilidad de que el sistema financiero nacional otorgue créditos en dólares. A pesar de estas diferencias puntuales, Maduro con sus políticas laborales y de atracción de la inversión se presenta como una opción política factible para el capital. Así, Maduro conmina a las empresas transnacionales occidentales y empresarios locales tradicionales a defender más sus intereses económicos, que sus posibles preferencias políticas por la candidatura de María Corina Machado.
