Por Justicia 11J
Durante este enero, algunos procesos penales contra disidentes y manifestantes tuvieron relativa solución. Finalmente, se celebró el juicio a participantes en las protestas de Nuevitas ocurridas en agosto de 2022; se entregaron las peticiones fiscales a los manifestantes de Caimanera del 6 de mayo de 2023; y fue emitida la sentencia contra Aniette González García el pasado día 29.
Estos eventos tuvieron en común la dilación del proceso penal: el juicio a los manifestantes de Nuevitas ocurrió a más de un año de los sucesos, las peticiones fiscales a los de Caimanera se hicieron a más de medio año de las protestas y la sentencia de Aniette fue entregada luego de tres meses después de realizado su juicio.
La nueva Ley 143/2021 “Del proceso penal” cubano, en vigor desde el 1 de enero de 2022, establece plazos prolongados (artículo 165.1 Sobre el expediente investigativo), incluso no limitados (artículo 564 Sobre la firma de sentencias), para la culminación o el avance de los procedimientos. Si bien esto resulta legal de acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional, viola las garantías constitucionales del proceso penal. Lo anterior hace más vulnerables ante la ley a las personas detenidas por motivos políticos, periodistas independientes y defensores de derechos humanos, o a toda persona que pueda ser de interés para la Seguridad del Estado, al existir la posibilidad de que pasen extensos períodos a la espera de un juicio o una sentencia que, también, pudiesen ser usados como mecanismos de presión.
Una vez más, las sanciones solicitadas por la Fiscalía ponen de relieve un patrón preocupante de uso de la legislación para reprimir la libre expresión y criminalizar el ejercicio legítimo del derecho a la protesta pública. Los delitos imputados a los ciudadanos son los históricamente utilizados por el régimen de La Habana, de manera arbitraria y desproporcionada, para silenciar a aquellos que disienten del Gobierno y alzan su voz en reclamo de sus derechos fundamentales.
Las sanciones pedidas por la Fiscalía del Tribunal Municipal de Camagüey para los seis jóvenes encarcelados tras las protestas en Caimanera fueron:
- Daniel Álvarez González: 9 años de privación de libertad (actualmente se encuentra en el Combinado de Caimanera).
- Luis Miguel Alarcón Martínez (encarcelado en el Combinado de Caimanera) y Freddy Saequiz González (se encontraba en libertad bajo fianza desde agosto de 2023): 6 años de privación de libertad para cada uno por el delito de desórdenes públicos.
- Rodolfo Álvarez González: 6 años de privación de libertad por el delito de desórdenes públicos (se encontraba en libertad bajo fianza desde agosto de 2023).
- Felipe Octavio Correa Martínez: 6 años de privación de libertad (se encontraba en libertad bajo fianza desde junio de 2023).
- Yandri Pelier Matos: 4 años de privación de libertad, por el delito de desórdenes públicos (se encontraba en libertad bajo fianza desde junio de 2023).
En el documento entregado por la Fiscalía a la madre de Yandri Pelier Matos, se afirma que Daniel Álvarez González y Luis Miguel Alarcón Martínez se encontraban “bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, puestos de previo acuerdo, con el propósito de sumar
personas para promover un caos en medio de la actual situación […] al mismo tiempo que instaron a los vecinos del lugar a que se sumaran […]”. Las únicas situaciones o “delitos” que se narran en la petición fiscal son las consignas de los jóvenes que protestaron y la propia participación en la manifestación. La petición no declara cuáles fueron los supuestos atentados concretos que cometieron los jóvenes que guiaron la protesta ni cuáles fueron los daños ocasionados. Los videos compartidos en tiempo real muestran a los ciudadanos coreando frases de “Libertad” y “No hay comida”, sin cometer ningún daño a la propiedad pública y sin intento de vandalización o de enfrentamiento contra las autoridades. La violencia se desplegó al llegar ls fuerzas militares que irrumpieron para socavar la protesta.
Victoria Martínez, madre de Alarcón Martínez y Correa Martínez, en relación a la sentencia, comentó a Martí Noticias: “Yo esperaba de Luis Miguel, porque Luis Miguel sí se manifestó pacíficamente. Sí lo hizo, y dice que no se va a arrepentir. El afirma que, simplemente, pidió libertad y comida para su familia y su pueblo. Pero Felipe Octavio Correa Martínez, es mentira lo que han puesto de él, porque el muchacho ni siquiera estuvo en la manifestación. La participación de Felipe fue cuando los abusadores, criminales aquellos, le partieron arriba a matar a su hermano, y él abrazó a su hermano. Felipe dice: ‘Mamá, yo no me arrepiento, porque yo amparé a mi hermanito para que no le dieran más golpes”.
Por otra parte, los días 16 y 17 de enero fue celebrado el juicio a 14 participantes de las protestas en Nuevitas, quienes, en su mayoría, desde agosto de 2022, se encontraban detenidos. A 13 de ellos, la Fiscalía les solicitó penas de entre 15 y 10 años de privación de libertad, imputándoles delitos políticos como “sedición”, “propaganda enemiga de carácter continuado” y “sabotaje”:
- Mayelín Rodríguez Prado, Ediolvis Marín Mora, Jimmy Jhonson Agosto y José Armando Torrente Muñoz: 15 años de privación de libertad.
- Lisdan Cabrera Batista: 11 años de privación de libertad.
- Yennis Artola del Sol, Daiver Leyva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Menkel de Jesús Menéndez Vargas, Frank Alberto Carrión Suárez, Frai Pascual Claro Valladares, Yanelis Valladares Jaime y Lázaro Alejandro Pérez Agosto: 10 años de privación de libertad.
- Wilker Álvarez Ramírez: 4 años de privación de libertad.
Recordamos que Justicia 11J hizo seguimiento en tiempo real de las protestas en Nuevitas. Durante esos días, reportamos la desaparición forzada de siete manifestantes, uno de ellos cercano a la tercera edad y con necesidad de cuidados especiales de salud, además de una madre de una niña de menos de 2 años de edad.
El 29 de enero, también en Camagüey, fue emitida la sentencia contra Aniette González García, detenida en marzo de 2023 por las autoridades de Camagüey tras sumarse a la campaña artística “La bandera es de todos”, en apoyo al artista preso político Luis Manuel Otero Alcántara. Luego de su juicio, le fue impuesta una condena de 3 años de privación de libertad por el delito de ultraje a los símbolos nacionales, en base a lo establecido por la Ley de Símbolos Nacionales y el Código Penal, que plantea en el artículo 269 que: “quien mancille o, con otros actos, muestre desprecio a la Bandera de la estrella solitaria, al Himno de Bayamo o al Escudo de la Palma Real, incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años o multa de quinientas a mil cuotas, o ambas”.
En el caso de Aniette, como en el de Luis Manuel Otero Alcántara, se manifiesta el uso de leyes con disposiciones vagas o ambiguas que permiten criminalizar un acto artístico e ideológico como el de Aniette González. Imponer cargos por un supuesto “desprecio” a un símbolo patrio a partir de una legislación contradice el ejercicio de la libertad de expresión.
Justicia 11J reclama un uso legítimo del poder público por parte de las instituciones judiciales cubanas y el cumplimiento de las garantías de un tribunal independiente e imparcial, como establece el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La utilización de la legislación para reprimir la protesta pacífica y castigar la disidencia en Cuba es una práctica preocupante que debe ser denunciada a nivel nacional e internacional. Es imperativo que se respeten y protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos, incluido el derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica, sin temor a represalias ni persecuciones arbitrarias por parte de las autoridades.
Luego de las protestas de julio de 2021, y la fallida marcha Cívica por el Cambio (15N), Justicia 11J ha documentado la celebración de 346 protestas públicas en Cuba. En el 2024 han sucedido 11 de ellas, dos en prisiones y nueve en el espacio público.
Publicado originalmente aqui.
