Por Colectivo Vamos Hacia la Vida
La Revuelta del 18 de octubre
La revuelta de octubre de 2019 en la región chilena no es un episodio aislado de la lucha de clases, se enmarca en un ciclo internacional de levantamientos proletarios que se estaban produciendo en diversos lugares del mundo: Hong Kong, el Líbano, Ecuador, Sudán, etc. La actual crisis de valorización del capital que padece la humanidad a escala global y que profundiza la precarización de la vida, amenazando a la propia especie humana y que provoca daños ecológicos catastróficos bajo la lógica de producir más dinero a partir del dinero, en Chile se manifiesta en diversos conflictos medioambientales en las regiones y pueblos -zonas de sacrificio, en donde el extractivismo devasta todo a su paso-, un sistema de pensiones privado (AFP) que entrega jubilaciones que en su mayoría no superaban los 1.300 reales -el salario mínimo era de 1.700 reales, y hoy de 2.500 reales-, destrucción de empleo (el 30% de las personas trabaja ya en el sector informal), endeudamiento generalizado de la población, salud privatizada, etc.: esto hace que Chile sea uno de los países más desiguales del mundo producto de la contrarrevolución neoliberal implementada en Dictadura.
En este contexto un sector del “proletariado juvenil” proveniente de las escuelas secundarias de la ciudad de Santiago, que ya llevaba varios años enfrentándose al Estado de manera violenta, por fuera y contra las estructuras y los partidos de izquierda, concentrando sus ataques contra la policía y contra la implementación de la ley “Aula segura” que los expulsaba sin derecho a defensa y permitía que la policía antidisturbios entrará a sus salas de clases con total impunidad. Fue el fenómeno denominado por la prensa como “los overoles blancos” y l@s encapuchad@s de negro, que salían con cocteles molotovs a enfrentarse cotidianamente a las fuerzas del orden, sin pedir ni reivindicar nada al Estado y negando en actos este mundo. Con el paso del tiempo la represión aisló a estos “antiestudiantes”, pero el alza del pasaje del metro en $30, les dio la oportunidad de cambiar la táctica, la que se tradujo en las evasiones colectivas del pago del boleto del metro, lo que generó simpatía en el proletariado y que, sumado a la violenta represión que sufrieron -que incluyó disparos de escopetas antimotines al interior de las estaciones y trenes, y lanzamiento de granadas lacrimógenas-, el cierre del metro en Santiago y el retiro de todos los buses el día viernes 18 de octubre generó el clima propicio para que estallará la rabia generalizada por toda la ciudad, al quedar millones de personas que volvían de sus lugares de explotación sin ninguna posibilidad de llegar a sus hogares.
El día sábado 19 la revuelta se había extendido espontáneamente a todo el país, a pesar del toque de queda, estado de excepción y la salida de los milicos a la calle. La rabia se materializó en la destrucción y ataques a infraestructura estatal y privada (buses, estaciones de metro, bancos, locales de AFP, grandes cadenas de farmacias, cajeros automáticos, etc.), el saqueo de grandes multitiendas y cadenas de supermercados, en donde en general, se distribuyeron colectivamente los alimentos y víveres, se quemó lo demás (televisores, electrodomésticos, mercancías de lujo, etc.), se hostigó por horas, de manera masiva y difusa a las fuerzas del orden -carabineros y militares- y comisarías. En síntesis, se suspendió el tiempo histórico afectando el normal funcionamiento de la sociedad capitalista, generando una grieta difícil de olvidar, al menos para 4.000.000 de personas que participaron de la revuelta -según datos policiales-: la fiesta se tomó la calle, y la gente se reconoció en el otr@ por primera vez en mucho tiempo.
Rápidamente en los barrios del centro y de la periferia proletaria (“poblaciones”) se levantaron “Asambleas Territoriales” de vecinas y vecinos, que autoorganizamente, intentaron llevar adelante la revuelta fuera del centro de las ciudades y dotarla además de un contenido positivo. Llegaron a ser más de 1000 en todo el país, pero fueron incapaces de coordinarse efectiva y duraderamente a nivel nacional, aunque hubo algunos esfuerzos en lograr este objetivo: la canalización democrática de la revuelta y las elecciones, el activismo de los partidos de izquierda y de extrema izquierda, dividieron finalmente al movimiento. Otro punto importante fue la creación de brigadas autónomas de primeros auxilios que atendían herid@s en todas las ciudades y las coordinadoras de personas solidarias, amig@s y familiares que apoyaban la lucha por la libertad de l@s pres@s que iban siendo secuestrad@s por el Estado día tras día.
La revuelta duró con diversos niveles de intensidad, cerca de 6 meses, siendo debilitada por dos factores combinados: la firma del “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” (que contó con la aprobación de todo el sistema de partidos para salvar la democracia, a excepción del Partido Comunista, que astutamente se abstuvo) y la llegada del Covid-19, con la resultante administración terrorista de la pandemia por parte del Estado. Durante la propagación del Covid-19 el Estado impuso duras medidas de cuarentena, prohibió las manifestaciones y el desempleo oficial llegó al 20%, que sumado al 30% de personas que ejercen el comercio informal minorista, que estaban impedidas de trabajar, llegaba a cerca del 50%, en un Estado como el chileno en donde no existe prácticamente ningún derecho social o ayuda estatal. Esto fue derechamente criminal, ya que el Estado abandonó a su suerte a la mayoría de las personas. Estallaron “revueltas del hambre” con saqueos de alimentos y mercancías de primera necesidad. Gracias a la autoorganización de base en los barrios, las asambleas, las cooperativas y las ollas comunes se frenó el hambre que amenazaba con expandirse peligrosamente. Además, hubo movilizaciones por la exigencia del retiro del 10% de los fondos de pensiones para poder hacer frente a la falta de empleo -se llegaron a realizar finalmente 3 retiros- y también disturbios y enfrentamientos en las jornadas de conmemoración tradicionales de la extrema izquierda -11 de septiembre, día del golpe de Estado, 29 de marzo, día del joven combatiente, etc.-. Con la pandemia si bien la conflictividad social bajó, la autoorganización continuó en base a la satisfacción de las necesidades más urgentes de la gente y de manera más subterránea. Además, gracias a la amenaza de un nuevo “estallido social”, el Estado finalmente desembolsó dinero y creó a fines de 2020 el Ingreso Familiar de Emergencia-IFE, un bono, especie de renta básica universal, que se pagaba el tiempo que duraban las cuarentenas totales.
Sin duda, la revuelta tuvo límites, el más claro, es que no se constituyó una alternativa al Estado y la democracia, ya que es muy difícil en los tiempos actuales ver una salida fuera de los márgenes del sistema existente. Con mucha dificultad, finalmente el partido del orden logró canalizar la potencia revolucionaria del movimiento encauzándolo en la ilusoria refundación del Estado mediante la “Convención Constituyente” y las elecciones, sobre todo, apelando al miedo al “fascismo” y a la ultraderechización de la derecha tradicional. Aún existe en el horizonte la idea de que el problema es la falta de democracia en el país. Por otra parte, la violencia callejera se mistificó en la “primera línea”, que empezó a especializarse en el ejercicio de la autodefensa y la violencia ofensiva contra los aparatos represivos, cayendo en el terreno que conoce el enemigo. Se perdió la generalización de la violencia, que en un principio fue difusa y descentralizada, y logro efectivamente neutralizar a los aparatos represivos en las primeras semanas. Esto había generado un pánico en la clase dominante, que explica la brutalidad con que actuó: más de 300 personas con daños oculares, 3.000 denuncias por torturas, violencia sexual y violaciones a los derechos humanos, 30.000 detenid@s (en su clímax cerca de 2.500 de ell@s tras las rejas en “prisión preventiva”), y cerca de 40 personas asesinadas.
A pesar de lo anterior, la experiencia vivida, demostró que la vida sí puede ser diferente, y sin dudas, para muchas y muchos de nosotros fueron los mejores momentos que hemos vivido de manera colectiva. Paulatinamente se ha ido rearticulando y creciendo un movimiento de carácter autónomo, que se encontraba fragmentando y descoordinado, en donde destacamos, el crecimiento exponencial del movimiento mapuche autónomo cuya influencia social se ha vuelto hegemónica en las comunidades -y cuyas expresiones orgánicas se han multiplicado-, y que ha ido expropiando mediante la acción directa de masas territorio a los grandes latifundistas, empresas forestales, y realizado innumerables sabotajes a proyectos capitalistas en el Wallmapu con el accionar de sus órganos de combate. Aquí, la defensa de su forma de vida choca frontalmente con la lógica de acumulación capitalista y el Estado, lo que produce que el conflicto sea irrecuperable institucionalmente.
El gobierno de Boric
El 19 de diciembre de 2021 el presidente electo, Gabriel Boric (quien proviene del movimiento estudiantil del 2011 en donde cumplió un rol de agente desmovilizador) se impuso con una gran diferencia sobre su adversario José Antonio Kast (figura de extrema derecha, anticomunista y pinochetista). Este logro fue celebrado como “el triunfo al fascismo en las urnas”, tanto por demócratas e izquierdistas, y también como un proceso de continuidad con el 18 de octubre y la Convención Constitucional. Esto fue muy diferente a lo experimentado en primera vuelta, en donde el ánimo de estos mismos sectores fue: una lluvia de lamentos, insultos al universo no votante, con frases como “le hacen el juego a la derecha” y “Chile no despertó”, frente al terror de la posibilidad de que Kast fuera electo como presidente. La reacción a este miedo fue lo que le permitió a Boric imponerse en segunda vuelta, para eso ambos tuvieron que volcar su discurso hacia el centro: Boric recurriendo a la vieja Concertación (Democracia Cristiana, Partido Socialista, etc.) mientras que Kast se enfocaba en la cuestión de la mujer para desprenderse de los elementos misóginos y reaccionarios extremos que generaban anticuerpos en su campaña. Esta “pseudo pugna” entre la izquierda y la derecha del Capital se resuelve incluyendo en la Campaña de Boric el “apoyo crítico” de comunidades LGTBIQ+, feministas institucionales, izquierdistas antifascistas y el voto antiKast. Es decir, este candidato logro movilizar a sus adversarios bajo la caricatura del fascismo sabiendo que su elección podría cerrar un ciclo y proyección revolucionaria de la experiencia de octubre o aplazarla por un periodo de tiempo considerable.
Lo primero que hay que señalar, es que los grupos de izquierda fueron agentes protagónicos en la desmovilización callejera -con la excusa de que no había que ensuciar la gestión estatal de Boric, el proceso constituyente, ni “hacerle el juego a la derecha”- y en la desaparición de los organismos autónomos de la clase, eliminando cualquier discusión que se escapase de la agenda electoral o del debate constitucional.
En general, la izquierda, incluso la que se define como revolucionaria, y un amplio espectro del anarquismo, sucumbió sin resistencia y de buena gana al entrampamiento democrático, que se mostraba transparentemente como lo que realmente era. En este sentido, la izquierda del capital sintetizó y aclaró su rol histórico como agente de conservación de las relaciones capitalistas. Se hizo evidente una pobreza teórica y la incapacidad de asimilar las lecciones históricas en un vasto sector de compañer@s.
La revuelta abrió un ciclo de luchas que hoy enfrenta una oleada contrarrevolucionaria pero que no ha sido totalmente cerrado, menos aun considerando el contexto de crisis generalizada y mundial, una de cuyas manifestaciones precisamente fue la imponente revuelta social de la región chilena.
Por su parte, el movimiento mapuche autónomo (Coordinadora Arauco Malleco-CAM, Resistencia Mapuche Lafkenche-RML, Weichan Auka Mapu-WAM, entre otras expresiones) continúa expropiando territorio y realizando sabotajes a maquinarias e infraestructuras capitalistas casi cotidianamente, a pesar del estado de excepción que se ha vuelto permanente en la denominada “macrozona sur”, lo que se traduce en la presencia militar que patrulla y realiza controles en carreteras y caminos, y protege “infraestructuras estratégicas”. La represión mantiene a un centenar de pres@s polític@s tras las rejas.
La administración Boric no tardó mucho en mostrar una brutal continuidad con el gobierno anterior tanto en términos represivos, como en la implementación de políticas que favorecen una reestructuración capitalista en desmedro de nuestras ya precarias condiciones de vida. Y no puede ser de otra manera, ya que no hay que olvidar que Boric fue un actor clave en la gestión del contrarrevolucionario “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” firmado el 15 de noviembre de 2019 para canalizar la potencia de la revuelta en el marco de la institucionalidad e iniciar un proceso de restauración capitalista cuyo eje central era crear una nueva Constitución. La entrada en vigencia de la Ley Nain-Retamal que protege y refuerza aún más la función policial (carabineros, PDI y gendarmería) ha significado en la práctica la legalización del “gatillo fácil” el cual ya se ha cobrado varias víctimas fatales. La reciente aprobación a fines de noviembre de 2023 de la “Ley Antitomas” que modifica con penas de cárcel efectiva la “usurpación y la ocupación ilegal de inmuebles”, criminaliza la pobreza y el nulo acceso a viviendas en Chile, poniéndose del lado de la especulación inmobiliaria, la gentrificación y sacrosanto derecho de la propiedad privada: ya han sido desalojadas viviendas okupadas, centros sociales, campamentos de poblador@s y tierras recuperadas por el pueblo mapuche. Y, por si fuera poco, todo esto se suma a la defensa incondicional del General de Carabineros Ricardo Yáñez, respecto a la querella que tiene en su contra por su implicación en la violación de derechos humanos durante la revuelta.
Además, no se han derogado las medidas represivas como la “Ley antisaqueos y antibarricadas” (Ley 21.208) y se continúa aplicando selectivamente la Ley de Seguridad del Estado, tal y como ocurrió con el vocero de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco-CAM, Héctor Llaitul, así como muchos otros weichafe (guerreros) de la CAM y de otras organizaciones, que han sido detenidos durante el 2022-2023. La represión selectiva se ha llevado adelante también contra compañer@s del entorno anarquista; “Caso ataque explosivo a Dirección General de Gendarmería” y “Caso ataque incendiario a frigorífico de Carnes Susaron”, así como también, a manifestantes detenidos en contexto de lucha callejera. Un caso paradigmático que expresa el clima represivo que estamos viviendo, fueron las largas y ejemplificadoras condenas de cárcel que, en primera instancia, recibieron los anarquistas Francisco Solar (86 años) y Mónica Caballero (12 años), por ataques explosivos en que nadie resultó muerto.
Por otra parte, el discurso de “mano dura” contra el crimen y la migración “ilegal”, no tienen nada que envidiar a la ultraderecha más reaccionaria. ”O se regularizan o se van“, fue el ultimátum de Boric hacia las y los extranjeros que se encuentran en situación irregular en la región chilena, lo que se suma a la construcción de zanjas en la frontera con Bolivia para “contener la crisis migratoria”. ”Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia“, vociferó Boric, mientras el gobierno ya se encuentra estudiando la implementación de “estrategias mexicanas” -con todo lo que ello implica- para combatir la creciente criminalidad. A todo esto, se le agrega la irrisoria reforma de Carabineros, que se reduce al cambio del uniforme, y a una disminución en los requisitos de reclutamiento: ahora podrán ser policías personas de menor estatura, con tatuajes, pie plano o con caries. El apoyo a Carabineros por parte del gobierno ha sido incondicional, y en este sentido, cientos de casos de violencia policial ocurridos durante la revuelta, que incluyen torturas, abusos sexuales y asesinatos, han quedado totalmente impunes.
Las promesas de campaña, muchas de ellas reformas de carácter estructural, escasamente han sido implementadas y tampoco existe ningún indicio de que se hagan realidad en el futuro cercano, sobre todo, cuando su coalición apostó todo a “realizar las grandes transformaciones que Chile necesita” luego de una supuesta victoria electoral en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 (primer proceso), lo que como ya sabemos no solo no ocurrió, sino que fue un rotundo fracaso; los factores que determinaron este fracaso fueron muchos y muy complejos de sintetizar, pero destacan: lo poco concreto y abstracto del borrador, la gran inflación que existía en ese momento (12.8%), la imposición del voto obligatorio con la amenaza de una multa altísima (casi medio salario mínimo), la implementación de políticas de austeridad, negar los retiros de fondos de AFP, lo que en la práctica fue un voto de castigo en desaprobación a la gestión del gobierno. Quizás la única excepción fue el insuficiente indulto presidencial de finales del 2022 que benefició a 12 presos de la revuelta y a 1 ex militante del FPMR acusado sin pruebas de un asalto bancario.
La aprobación del Acuerdo Transpacífico-TPP11, al que se oponen diversas organizaciones sociales -y al que el mismo Boric se oponía hace algunos años- debido a que profundiza el devastador modelo de acumulación extractivista, privatiza el uso de semillas, y deja en suspenso la legislación laboral -entre otras nefastas consecuencias-; y el proyecto de “reforma previsional”, que no cuestiona en nada los fundamentos del agotado sistema de pensiones representado por las AFP, que entrega pensiones de hambre, mantiene el financiamiento por medio de las cotizaciones de l@s trabajador@s a los grandes grupos económicos, y que ni siquiera se acerca a algo parecido a un “sistema de seguridad social” existente en los países centrales, son solo dos ejemplos más de la línea que se ha trazado el gobierno de Boric.
En marzo de 2023 el Gobierno de Boric presentó al congreso su proyecto de creación de la Empresa Nacional del Litio (“ENL”), que buscaría ”aportar al proceso de producción de productos y desarrollar métodos de extracción más sustentables“. Sin embargo, el proyecto original de una explotación y beneficio estatal del mineral dio un paso a su privatización encubierta al incorporar un acuerdo entre CODELCO (51%) y la empresa privada SQM (cuyo dueño es Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet y quien estuvo involucrado en casos de corrupción, escándalos financieros y financiamiento ilegal de la política). La incorporación de privados constituye una privatización encubierta de un recurso que en la actual constitución está nacionalizado, lo que se contradice con la promesa de campaña de crear una empresa 100% estatal.
Finalmente, en el último plebiscito, el proceso constituyente cerró su ciclo; sigue vigente la Constitución de Pinochet-Guzmán, la izquierda en la práctica llamó a votar por conservarla, frente al último proyecto de borrador presentado que fue hegemonizado por los Republicanos y la derecha más dura. Todo esto implica un fracaso rotundo del reformismo, aún no capitalizado del todo por la derecha, ya que su propuesta también fracasó y se encuentra dividida internamente. En síntesis, hoy existe una deslegitimación aún mayor de la política, hastío de los eventos electorales y del voto obligatorio.
Proyecciones
En medio de este panorama, creemos que las minorías revolucionarias tienen varias tareas urgentes que realizar. La primera, y más obvia, es promover la necesidad de profundizar teóricamente el tiempo que nos ha tocado vivir, fomentando la discusión y el debate fraterno entre diversos grupos y colectivos del entorno radical, pero también llevando esas discusiones hacia fuera. Por otra parte, y ligado a lo anterior, resulta vital dotarse de un espíritu de movimiento, que incentive la creación de iniciativas de asociatividad y redes proletarias que interactúen permanentemente entre sí, que paulatinamente comiencen a superar la fragmentación y el sectarismo al que estamos lamentablemente habituados.
Por otra parte, las minorías activas deben funcionar como vasos comunicantes entre las distintas luchas que emergerán, manteniendo férreamente posiciones antagónicas en los espacios que ayuden a ir superando las separaciones propias de las relaciones capitalistas y que sean capaces de ir promoviendo el horizonte comunista como única posibilidad realista de futuro. También consideramos que, en medio de un escenario de crisis multidimensional, se debe fomentar y participar en aquellas instancias de autoorganización proletaria vinculadas a la subsistencia y la supervivencia (ollas comunes, huertos comunitarios, organizaciones de salud, cuidado comunitario, etc.), que ligadas a la reproducción social, pueden convertirse en embriones de potencialidad comunista.
Por último, pensamos que se ha vuelto necesario retomar el debate sobre la “toma de los medios de producción” y su comunización, en el seno de nuestra clase. Tomando en cuenta en que vivimos en un mundo con una división del trabajo complejo, creemos que aún existen posibilidades de sostener procesos de comunización en aquellos sectores estratégicos imprescindibles para mantener la reproducción social (alimentación, energía, telecomunicaciones, salud y vivienda) que puedan ir desarrollándose a nivel local/regional durante un proceso más largo de lucha internacional.
Traducido del original en español por Passa Palavra (véase aquí la traducción al portugués). Las obras que ilustran el texto son de Alfredo Jaar (1956-).
