Por Omar Vázquez Heredia
Traduzido para o PORTUGUÊS.
Millones de venezolanas y venezolanos acudieron a ejercer su derecho al voto, el pasado domingo 28 de julio. Desde las primeras horas del día, los centros electorales se observaban largas filas de personas esperando su turno para votar, y en ese marco ya se previa una gran reducción de la abstención, que era uno de los factores en los cuales se sostenía cualquier posibilidad de victoria de Nicolás Maduro. Además, al menos en el centro electoral donde voté, las personas gritaban consignas que evidenciaban su respaldo al principal candidato opositor, Edmundo González. Allí, escuchamos “todo ed…mundo sabe por quién debe votar”, “todo ed…mundo vino a votar”, “todo ed…mundo quiere que se acabe este mierda”.
Al final de la tarde, se comenzaron a conocer los resultados de diferentes centros electorales que ya habían cerrado y que eran ampliamente favorables para Edmundo González. Por ejemplo, en la mesa donde voté, en un centro electoral ubicado en un sector popular, en el YMCA de El Cementerio, en Caracas, Edmundo González obtuvo 354 votos y Nicolás Maduro solo recibió 119 votos.
En ese sentido, a las afueras de los centros electorales, la mayoría opositora empezó a celebrar su victoria ante Nicolás Maduro. Sin embargo, el gobierno de Maduro comenzó a fraguar su fraude electoral. Primero, dejaron de entregar las actas de las diferentes mesas de los centros electorales para que fuese irrealizable el conteo de los votos por el comando opositor, liderado por la neoliberal María Corina Machado. Segundo, altos dirigentes chavistas como Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez convocaron al palacio gubernamental, en Miraflores, para celebrar su victoria. Tercero, salieron a ratificar su respaldo al futuro resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los tres principales cargos militares del país: el Ministro de la Defensa, el General en jefe Vladimir Padrino López, el Ministro de Interior y Justicia, el Almirante en jefe Remigio Ceballos, y el jefe del Comando Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), el General en jefe Domingo Hernández Lárez. Cuarto, el canciller, Iván Gil, emitió un comunicado para rechazar la injerencia en los asuntos electorales de Venezuela. Quinto, el presidente del CNE, el dirigente chavista y antiguo diputado por el PSUV, Elvis Amoroso, anunció como ganador de la elección presidencial a Nicolás Maduro.
La respuesta inmediata de María Corina Machado y Edmundo González fue rechazar los resultados anunciados por el CNE, y aseverar que tenían las actas electorales para demostrar el fraude. En Venezuela, el sistema electoral es automatizado, y en cada mesa electoral se vota en una máquina, que al terminar la jornada emite un acta, que refleja la distribución de los votos de las diferentes candidaturas y una copia oficial debe ser entregada a los distintos testigos. En ese sentido, los testigos opositores tenían en su poder una gran cantidad de actas, que han sido centralizadas por el comando de María Corina Machado, que las ha escaneado y digitalizado en una página WEB, donde hasta ahora se pueden ver el 80,85% de las actas; con las firmas de los testigos electorales, código QR, y número específico. La sumatoria de dichas actas electorales, dan como ganador a Edmundo González con 7.173.152 votos mientras Nicolás Maduro obtuvo solo 3.250.424 votos.
Al contrario, el CNE controlado por el gobierno, en un acto apresurado adjudicó la victoria a Nicolás Maduro, pero todavía no ha publicado las actas electorales y tampoco los resultados electorales que anunció pero manera desagregada a nivel nacional, estadal, municipal, centro y mesa electoral. En ese marco, desde el mismo lunes 29 de julio, se han desarrollado un conjunto de protestas de los sectores populares y pronunciamientos internacionales y nacionales que rechazan al fraude electoral de Maduro o al menos exigen el conteo verificado de las actas electorales. Por ejemplo, desde la oposición de izquierda y el chavismo crítico, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Partido Socialismo y Libertad (PSL) denuncian el fraude. También, organizaciones intergremiales e intersindicales como el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha (CNCTL).
Paralelamente, otros candidatos en las recientes elecciones presidenciales han exigido la aparición de las actas electorales y su conteo con verificación como Enrique Márquez, Antonio Ecarri, Luis Eduardo Martínez, Benjamín Rausseo, Claudio Fermín y Javier Bertucci. Igual, lo han hecho diferentes gobiernos de América Latina, incluso aliados históricos del chavismo como Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula Da Silva en una carta con Joe Biden y la cancillería mexicana de Andrés Manuel López Obrador. Por último, el Centro Carter, observador internacional autorizado por el propio CNE, sostuvo que “la elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”.
Las protestas populares ante el fraude fueron masivas el lunes 29 de julio pero empezaron a ser dispersadas a partir de una brutal represión del aparato militar y policial del Estado y de los colectivos parapoliciales del gobierno. Hasta ahora, según la organización de derechos humanos Foro Penal el resultado de la represión para imponer el fraude electoral ha implicado 11 personas asesinadas y 711 detenidas. Por otra parte, en los barrios populares, patrullan fuerzas policiales y parapoliciales para amedrentar incluso a aquellas y a aquellos que hacen sonar sus cacerolas en señal de rechazo al fraude. Además, en algunos lugares del país, han detenido a dirigentes de la oposición de derecha y a testigos electorales.
El plan represivo ejecutado por Maduro también incluye un conjunto de medidas acordadas en el llamado Consejo de Estado, que fueron anunciadas por el gobernador chavista del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Dichas medidas esencialmente son la persecución en las redes sociales y la implantación territorial de una política de seguridad ante las manifestaciones populares.
Al mismo tiempo, ante las críticas internacionales de incluso antiguos aliados del chavismo, Maduro ha realizado una maniobra política con su petición al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la verificación de los resultados electorales anunciados por el CNE. Sin embargo, el TSJ es una institución controlada por el gobierno chavista, y ya antes con sus sentencias ha apoyado el cierre de facto de la Asamblea Nacional elegida en 2015, la imposición de la inconsulta de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 y la intervención de diferentes partidos opositores.
En el otra lado, María Corina Machado evita convocar movilizaciones de protesta y apuesta por demostrar el fraude electoral, que lo ha hecho, para abrir una negociación con sectores del gobierno, a partir de la mediación y presión de los gobiernos de Brasil, Colombia y México. Más allá de esa vía, a pesar de la represión estatal y paraestatal, sobre todo en ciudades y pueblos del interior de Venezuela, siguen ocurriendo protestas espontáneas en contra el fraude de Maduro.
Desde nuestra perspectiva, solo una movilización democrática que se convierta en una rebelión podrá dividir al bloque gubernamental chavista y lograr que sectores militares y civiles del chavismo desconozcan la autoridad de la dictadura de Maduro.
