Por Justicia 11J
La Fiscalía General publicó en la noche del 9 de noviembre una nota en la que confirma lo que Justicia 11J y otras organizaciones venía alertando en las últimas semanas: está en marcha una nueva ola represiva contra manifestantes, con personas detenidas y procesos penales abiertos.
El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha cumplido su amenaza del pasado 20 de octubre, cuando advirtió que usaría el sistema judicial para castigar a quienes participen en protestas en el contexto de la crisis energética en el país.
Hasta el momento de enviar este boletín hemos verificado al menos 70 manifestaciones públicas de descontento ocurridas en la Isla desde que colapsara casi completamente el sistema eléctrico nacional el pasado 18 de octubre.
Luego del paso del huracán Rafael el día 6 de noviembre, se han producido 14 de estas protestas y al menos 17 detenciones arbitrarias.
Según las autoridades, se tramitan procesos penales por la supuesta comisión de los delitos de atentado, desórdenes públicos y daños en La Habana, Mayabeque y Ciego de Ávila. A los imputados se les ha impuesto medida cautelar de prisión provisional.
Por otra parte, este equipo ha verificado protestas en las provincias de Artemisa, Ciego de Ávila, Camagüey, Granma, Guantánamo, Holguín, La Habana, Mayabeque, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba y Villa Clara.
Asimismo, se ha logrado aunar información sobre al menos 25 personas que aún están detenidas en Ciego de Ávila, Camagüey, Santiago de Cuba y Villa Clara, en relación con su (supuesta) participación en protestas registradas desde mediados de octubre. Nos consta que al menos tres de ellas están siendo acusadas de cometer desórdenes públicos.
En Justicia 11J estamos profundamente preocupados por todas las personas detenidas de las que no tenemos información. De igual manera, nos preocupa que la Fiscalía no menciona a las personas actualmente en detención de la provincia de Villa Clara —arrestadas desde el inicio de la nueva ola de protestas en octubre— que, de acuerdo con nuestro registro, ascienden a 19, de los municipios Manicaragua, Encrucijada y Camajuaní.
Alarma que se estén desarrollando en total opacidad procesos penales contra manifestantes, pues las condenas de las personas detenidas en anteriores escenarios de protestas desde el 2021, en algunos casos se han extendido hasta más de 20 años de privación de libertad.
Reiteramos nuestro rechazo a las detenciones contra ciudadanas y ciudadanos que defienden en las calles su legítimo derecho a una vida digna, y a que su bienestar sea prioridad del Estado, los órganos de gobierno y sus funcionarios.