Por Salvador Schavelzon
El intento de golpe de Estado del Gral. Juan José Zúñiga revive el debate sobre la inestabilidad y fragilidad institucional sudamericana, a partir de una crisis política en Bolivia que viene desarrollándose al tiempo en que se acercan las elecciones presidenciales de agosto de 2025. Es a partir de estos acontecimientos que nos preguntamos y buscamos responder, en este texto, cuáles son las fuerzas que prevalecen hoy en el capitalismo de la región.
Una tentativa de golpe de Estado que “murió en la playa” y fue controlada rápidamente por el gobierno de Luis Arce Catacora, sin fuerzas militares acudiendo al llamado de un general, permiten que se exponga, como en una radiografía, la situación política que vive el país. Más allá de reconocer la fuerza del argumento más simple, que explica estos actos como una aventura individual de un militar que hace un golpe porque se le ordenaba la dimisión, y que descarta, así, otras explicaciones como la teoría del autogolpe de Arce y la de las tentativas de intervención norteamericana en procura del control del litio boliviano, el episodio quijotesco permite vislumbrar:
- Un contexto político: el gobierno progresista debilitado.
Después de casi 20 años en el gobierno y 30 desde su fundación, el MAS presenta una crisis relacionada con la gestión del poder, la falta de proyecto y la distancia con los movimientos sociales y luchas que le dieron origen. Con la crisis de sucesión de fondo, el gobierno aparece sin respuestas frente a una crisis económica donde la escasez de dólares y de combustibles interrumpe la estabilidad anterior y abre el camino a una profundización del discurso del cansancio con el sistema político. La situación ha dado espacio a discursos populistas de derecha, que vienen ganando espacio en el país, la región y el mundo. Esta crisis deriva en la explicación que da primeramente el propio Zúñiga, cuando percibe que su movimiento no terminaría bien: fue un pedido del presidente para mejorar su imagen[1].
2. Sucesión indefinida dentro del MAS.
Vemos el conflicto candente en torno a la posibilidad de una nueva candidatura de Evo Morales en la elección de 2025. Además de la oposición de parte de la ciudadanía a una nueva reelección, que ya fue rechazada en el referendo de 2016 y que detonó el levantamiento popular de 2019, la candidatura enfrenta hoy la oposición del actual presidente, su sucesor y ex ministro de hacienda por varios años[2]. Luis Arce fue elegido para el cargo por el mismo Evo Morales, contradiciendo la decisión de las bases del MAS, que votaron a favor del actual vicepresidente, David Choquehuanca, también ex ministro de Morales, y posible candidato. Sólo estos elementos dan cuenta de formas de construir liderazgo y poder estatal que alimentan disputas encarnizadas. La disputa por los cargos y la centralización del poder no permiten la renovación y revitalizar un partido que nació como partido-movimiento y que hoy sostiene una guerra interna, entre dos facciones: evistas y arcistas[3].
Las candidaturas de Evo, como lo fueron las de Lula, Maduro y Cristina Kirchner, se ha tornado una plataforma para el crecimiento y organización de las fuerzas de oposición. El progresismo está atrapado en la disyuntiva entre el respeto y la lealtad al líder y a la dificultad de lidiar con formas personalistas de poder que empobrecen los procesos y apartan el poder de las bases sociales. Al mismo tiempo, la volatilidad política, se impone, cuando, ni las encuestas, ni la experiencia de 2019, transforman a Evo en el candidato natural, imprescindible, para mantener el poder con el progresismo, como se pensaba antes de 2016. Al mismo tiempo, el MAS aún es la principal fuerza política y recuperó apoyo popular en el gobierno de Jeanine Áñez. Si no fuese por la disputa de facciones, podría permanecer en el gobierno. Trágicamente para el MAS, sin embargo, esta lucha se encuentra en un punto de no retorno. Tanto Arce como Morales van a luchar hasta el fin para que el otro no sea candidato, y un tercero no alineado, por ahora, no aparece como posibilidad.
3) Fuerzas armadas descontentas y buscando participar en las decisiones.
Influenciados por los discursos antisistema de la derecha populista, los militares se encuentran hoy ganando espacio en la política, tanto en los discursos “intervención militar”, comunes en la base del bolsonarismo, o también vestidos de demócratas y con opiniones de jerarcas castrenses en las redes sociales. Fortalece este posicionamiento la tendencia en la población a seguir discursos de mano dura en la línea de Bukele, así como el de la crítica a la “casta política”, al modo de Milei, Vox, Trump y otras derechas. Esta tendencia se encuentra con el contexto boliviano, donde los acuartelamientos y tensiones entre poder político, militares y policiales han ocurrido con cierta frecuencia. En febrero de 2003 hubo enfrentamientos con militares y policías por cuestiones gremiales y salariales; militares y policías interferirían como grupo de presión en la redacción de la nueva constitución en 2007; rechazarían actuar contra la movilización autonomista de la Media Luna en 2008; y desobedecerán también al gobierno de Morales en 2019, en rechazo a la represión contra los movilizados.
A pesar de los intentos, en los primeros años del gobierno del MAS, para reformar las fuerzas armadas, que incluso comenzaron a gritar como parte del protocolo las consignas del Che Guevara: “Patria o Muerte, Venceremos”, siempre han mantenido una tendencia a posicionarse de manera antidemocrática. En América Latina, se posicionan como un grupo de poder que obtiene beneficios presupuestarios e influencia en la gestión pública, con inserción en sectores mando político, como fue el caso de los 10 mil militares en el anterior gobierno brasileño, muchos aún en funciones. La vicepresidenta de Milei fue escogida por su proximidad al sector militar más reaccionario, negacionista del terrorismo de Estado del mismo modo que lo es Jair Bolsonaro.
4) La explicación geopolítica.
El intento de golpe trae nuevamente la discusión de los intereses transnacionales, por los recursos naturales y el litio, siempre presente en el imaginario de la izquierda y del nacionalismo. Es necesario aclarar, en las interpretaciones de la izquierda cuál ha sido la política del MAS con relación a este tema y también la de los Estados Unidos y otras potencias, que parecen lejos de buscar una solución mediante una acción improvisada y torpe, como fue la de Zuñiga el 24 de junio, por más antipático que les resulte el MAS, que en el pasado ya expulsó embajadores, a la DEA y a la Agencia de Cooperación y Desarrollo norteamericana, USAID.
Como en Ecuador, que en los últimos años pasó de escenarios de movilización social indígena y urbana, con un alto protagonismo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, a una agenda de seguridad pública y respuestas a la derecha, Bolivia hoy parece estar lejos de la época en que el cuestionamiento del orden venía de la fuerza de la comunidad andina y de los movimientos sociales. Ni la fuerza sindical de los trabajadores del campo y de la minería, ni las comunidades indígenas, que dieron lugar a la plurinacionalidad, aparecen hoy con fuerza, después de un ciclo político de casi 20 años, que se inició como un movimiento de las calles, pero se constituyó como un proyecto de Estado, con un discurso orientado a la clase media urbana, asumiendo el contexto neoliberal, y con las rentas estatales para los más pobres a modo de programa electoral y enfocado en el estímulo del consumo.
Entonces, si el progresismo del MAS está en crisis y dividido, también es verdad que ni la Media Luna, ni la derecha tradicional o republicana tienen respuestas para la crisis y tampoco tienen un buen candidato para oponerse al MAS. La extrema derecha racista, religiosa y violenta, que apareció en Bolivia con una década de antelación en relación con países como Brasil y Argentina, tampoco está controlando la situación política. Grupos políticos representados por nombres como Tuto Quiroga, ex vicepresidente del dictador Hugo Banzer − electo en democracia− y Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz preso por los acontecimientos de 2019, representante de la línea dura de la Media Luna fracasaron en el gobierno de Jeanine Añez. Nadie apuesta mucho por las candidaturas de la derecha liberal republicana, como Carlos Mesa y Doria Medina, actores políticos desprestigiados y asociados a “la casta” tanto por el MAS como por las nuevas derechas. El empresario y pastor evangélico, de origen sud coreano, Chi Hyun Chung, que quedó tercero en 2019 y fue denominado el Bolsonaro de Bolivia, tampoco tiene presencia ni capacidad de seducción electoral.
Nuevas y viejas modalidades de golpe en América del Sur
La izquierda latinoamericana discutió hasta el cansancio sobre los golpes de estado y el avance de la derecha en los últimos años en la región. Después de los casos del Paraguay, con Fernando Lugo, en 2012, y el de Manuel Zelaya en Honduras, en 2009. Al mismo tiempo, la democracia prevalece en toda la región, inclusive el intento de evitar la dimisión de Zúñiga se realizó con vociferaciones en defensa de la democracia, aunque esto se hiciese con tanques frente al Palacio de Gobierno.
La idea del golpe fue el marco que el PT le confirió al impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, a pesar de que el gobierno de Temer, en los hechos, no fue considerado ni tratado por el partido de Lula da Silva como una dictadura. Se trataría de un golpe, porque las pedaleadas fiscales no configuran un delito de responsabilidad, como la constitución exige en la norma relativa a destitución presidencial. Pero Dilma fue destituida del cargo por no contar con los votos para impedirlo en el Congreso Nacional, frente al avance electoral de las fuerzas opositoras, del mismo modo que Collor de Melo en 1992. Del mismo modo, Pedro Castillo sería seguramente destituido, en Perú, cuando hizo un discurso para cerrar el Congreso y convocar a una Asamblea Constituyente, lo que derivó en su detención acusado de intentar realizar un autogolpe, con el sombrío antecedente de Fujimori, también en 1992.
Dina Boluarte, la vicepresidenta que sucedió a Castillo en diciembre de 2022 no convocó a elecciones, como debería haber hecho, y se atrincheró en el poder, con el apoyo del sector conservador del parlamento, que quiso se mantuviera el mandato −corporativamente− y de las fuerzas armadas. Su gobierno es sí, de hecho, considerado dictatorial por la oposición, pero como en otros casos, es importante notar que no hubo un gobierno de reformas importantes que pudiesen explicar la caída de Castillo como una contrarrevolución, o resistencia a las reformas progresistas favorables a un pueblo movilizado o con demandas satisfechas.
La respuesta de Chávez al golpe de 2002, cuando volvió al poder, luego de un golpe de Estado efectivamente consumado y con apoyo explícito de USA, gracias a la movilización popular y de militares leales que lo repuso en el poder, no fue posible ni para el PT en 2016, ni para el MAS en 2019. En junio de 2024 no hubo un golpe consumado, ni fue necesaria la movilización que tanto Evo Morales, como la CUT y las juntas vecinales habían rápidamente convocado y no fue necesaria porque Luis Arce se mantuvo firme en el poder. El ejemplo de Venezuela es importante como referencia para entender la fragilidad política que llevó a las caídas de Dilma, en 2016, y Evo, en 2019, pero mantuvo aislada los movimientos irregulares de Zúñiga.
La discusión continúa, hasta hoy, alrededor de la caída de Evo Morales en Bolivia, noviembre de 2019, y vuelve ahora con la sublevación de Zúñiga. Hubo dudas sobre la aplicabilidad del concepto de “golpe”, porque Evo Morales y Álvaro García Linera dejaban el poder, superados por las manifestaciones callejeras, de amplio espectro, contra la reelección y no solo asociadas con la derecha conservadora. En muchos sentidos, la movilización de Zúñiga se parecía más a un golpe de estado tradicional que a las recomendaciones de Kalimán para que Evo Morales renunciara. En 2019, desde la cumbre del MAS hubo un llamado a abandonar cargos y posiciones parlamentarias, que no fue atendido, pero que dejó al país sin gobierno, tal vez esperando una fuerte movilización que no se concretó.
A favor de la tesis de golpe se mencionaba justamente el hecho de que los militares recomendaran la renuncia y el retiro de la colaboración de las fuerzas armadas, que se negaban a continuar reprimiendo sin garantías que no serían responsabilizadas legalmente, como lo fueron en 2003. Hubo, sin embargo, fuerzas sociales relevantes, como la Central Obrera de Bolivia, que también apoyaron la destitución o la celebración de nuevas elecciones. También podemos hablar de golpe de estado si consideramos la formación de un gobierno ilegítimo que no convocó elecciones de inmediato. Los detalles son importantes para evitar explicaciones incompletas que aparecen desde la distancia y ven erróneamente a Evo o Dilma en una situación como la de Salvador Allende o, por el contrario, definen a Evo como un dictador.
Es importante entender las diferencias esenciales de las situaciones que derrocan, o no, un gobierno, así como el sentido político actual de la disputa entre sectores que buscan el control del Estado. ¿Cuál es el proyecto y objetivo de quien busca gobernar? ¿Son golpes que sólo disputan el poder entre grupos políticos? ¿O como décadas atrás, existe una disputa geopolítica y local entre proyectos alternativos de sociedad?
En octubre de 2019, Evo Morales, se vio obligado a abandonar el gobierno después de una elección polémica, que desafiaba el referéndum de 2016 − donde venció el voto popular contrario a la reforma de la Constitución para dar lugar a la reelección indefinida− y el conteo de votos, en vivo, por televisión fue interrumpido, cuando el MAS no podía aún lograr la mayoría de diez puntos necesaria para evitar una segunda vuelta con Carlos Mesa. Esa interrupción no fue totalmente explicada, de modo que las sospechas de fraude dieron lugar a las jornadas de movilizaciones que, después de varios días de represión en las calles, mostraron la fragilidad en el control de los poderes establecidos del Estado, y la situación que escapó del control político del MAS.
La caída de Evo Morales se produce luego de que esta autoridad dejara públicamente en manos de la OEA una auditoría de las elecciones, y el organismo interamericano determinara que las mismas debían realizarse nuevamente. La destitución autodeterminada de la línea sucesoria en manos del MAS dio paso a una toma de posesión ilegítima de la segunda vicepresidenta del Senado. Jeanine Áñez y otros dirigentes serían juzgados y detenidos cuando el MAS regresara a la presidencia con Luis Arce, en 2020.
La diferencia con la confusa tentativa de golpe o sublevación de Zúñiga está dada por la presencia de una fuerte movilización ciudadana en las calles, en 2019, que no existió el 24 de junio. Otros poderes, instituciones, gobiernos inclinaron la cancha contra Evo Morales en 2019 y no entraron en acción con Zúñiga. Si bien aún está en discusión como participaron en 2019 y seguramente se exagere sobre ese papel, podemos decir dos cosas sobre su ausencia en 2014: por un lado, la democracia en Bolivia mostró fortaleza; por otro, mostró debilidad. Basta que una movilización social, del transporte, instituciones (pensemos en la iglesia y fuerzas de seguridad) se alinean contra un gobierno para que este caiga, incluso contando -como el MAS en Bolivia- con mayoría parlamentaria.
Zúñiga fue un militar vinculado al gobierno y asiduo de movimientos sociales, que estuvo lejos de poder convocar a un levantamiento popular. Entre 2019 y 2024 existe la diferencia entre soldados que van con tanques a ocupar la sede del gobierno y soldados que deciden no usar sus armas, solidarizándose con la población contra el gobierno. El debate latinoamericano se ha volcado sobre explicaciones formalistas, sobre la caracterización de un golpe de estado, cuando lo que importa, más allá de las modalidades, es la fuerza política de un bando y del otro, el apoyo de un gobierno o un motín o rebelión golpista.
No sorprende que los militares no simpaticen con los gobiernos progresistas, cuyos orígenes son la izquierda o los movimientos sociales. Mucho dinero en bonos se destinó a los militares en los primeros gobiernos de Evo, para comprar disciplina y obediencia. Por lo tanto, la falta de colaboración, tras semanas de movilizaciones, no puede señalarse como un factor decisivo que un gobierno del MAS no estaba preparado para afrontar. La recomendación de dimisión fue sólo un elemento más para definir la caída de un Gobierno que había perdido la fuerza política real que le permitiera controlar, como en otros momentos, la situación desestabilizadora. En este sentido se cruzan los dos procesos de 2019 y 2024: las fuerzas armadas otorgándole el derecho de intervenir políticamente en las decisiones del país.
Para el gobierno del MAS, altamente atacado, desde la llegada al Palacio, lo que siempre fue determinante, para controlar la situación, fue la fuerza del voto. Es lo que sostuvo a Evo Morales en 2008, cuando obtuvo el 67,4% de aprobación, en un referéndum revocatorio, y lo que sustenta a Arce hoy, pero llevaron al derrocamiento del presidente y vicepresidente en 2019.
Las particularidades de estas coyunturas, de gobiernos depuestos en la región, llevaron a que la izquierda latinoamericana hable de una “nueva modalidad de golpe”. La situación política interna, las condiciones internacionales y también la dinámica de los acontecimientos han sido muy diferentes a las situaciones guardadas en la memoria política de la reciente historia latinoamericana, con golpes militares apoyados por la CIA seguidos de detenciones políticas, censura, exilio, muerte de militantes opositores al régimen, y que hoy los adolescentes estudian en la escuela.
Siguiendo el guion de la toma del Capitolio por los seguidores de Trump, cuando éste perdió las elecciones, los seguidores de Bolsonaro dieron un paso más en relación con golpes políticos suaves o de “nueva modalidad”, con elementos de las “viejas modalidades” golpistas. Los movimientos fuera de la institucionalidad aparecen hoy como una posibilidad en el repertorio político táctico de la derecha, pero siguen no siendo ni centrales ni necesarios en términos del poder geopolítico de las derechas que son capaces de imponerse mediante el voto y también imponer sus intereses ante gobiernos de cualquier signo político. El movimiento que no reconoció la victoria de Lula el 8 de enero de 2023 de hecho ocupó sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, con imágenes asociadas a la tradicional idea de golpe de Estado, pero sin poder avanzar en el camino de imponerse sobre el poder real, derivado de las elecciones de 2022.
En el mismo sentido debe entenderse el intento de golpe o levantamiento de Zúñiga, el 26 de junio en La Paz. El intento quedó aislado sin apoyo. A diferencia de otras situaciones, esta vez hubo tanques militares rodeando el poder político y un jefe del ejército amenazando con tomar la Casa Grande del Pueblo. Sin embargo, como en Brasil, el poder político estaba protegido. Las críticas de Estados Unidos, o de gobiernos de derecha de la región, fueron tímidas, pero eso no quiere decir que esa sea la táctica utilizada para garantizar contratos a empresas extranjeras o recuperar poder para gobiernos afines. Si ese fuera el caso, Nicolás Maduro, enfrentado fuertemente a los Estados Unidos más que cualquier otro gobierno, con fuerte oposición y crisis económica, ya no sería presidente de Venezuela.
Más allá de la psicología y la desesperación de Zúñiga, y de las especulaciones sobre elementos operando en una coyuntura política, podemos decir que la derecha movilizada por las redes sociales, los militares que se acercan al poder político y los discursos populistas de derecha que desautorizan las instituciones en el contexto de una crisis política real, son parte de un fenómeno político identificable en toda la región latinoamericana. La derecha de la Media Luna, Milei o Bolsonaro, no son una derecha republicana ni legalista. A pesar de declararse democrática, tiene objetivos políticos que utilizan las instituciones de manera instrumental y coyuntural, como también quiso hacerlo la izquierda, en algunos momentos de la historia. Como fuerzas insurgentes, las derechas hoy son fuerzas institucionales, aliadas al establishment político y que no apuntan a la movilización como estrategia política. En los márgenes o desde adentro de estos movimientos, sin embargo, hay repertorios que nos remiten a las dictaduras y ciertamente continuarán apareciendo en el escenario político.
Podemos hablar de una crisis de la república y de derechas que se rebelan, en las redes sociales o contra la institucionalidad, buscando formas de romper con el orden que, hoy, representa el progresismo. El MAS, como fuerza política dominante, ya movilizó elementos antirrepublicanos presentes en la política boliviana, por ejemplo, con la creación del Estado Plurinacional, en la constitución que, según declara en el preámbulo, busca la superación de la forma republicana y que, en los primeros años del gobierno de Evo Morales, representaba un voto a favor del cambio y en contra del orden.
El gobierno de Luis Arce no tiene la fuerza de la irrupción del MAS en 2005, aunque sea heredero de esa movilización, y siempre ha cultivado la imagen de un técnico responsable, un trabajador bancario que mantenía la economía en orden. Esto fue suficiente para mantener el poder, aun cuando fue cuestionado por Evo Morales y con el descontento de la población en general. Tenemos, al final, veinte años de construcción de poder institucional que requieren más que una corriente de opinión defendida por los tanques de un general desconocido para la mayoría. La pregunta sigue siendo si en 2025 el MAS será con Arce, el voto en defensa de la democracia y el orden, o si ante la eventual habilitación de Evo Morales podrá representar un voto antisistema y de cambio, aún, frente a una derecha que pueda rearticular el discurso ensayado por Zúñiga, ganando un espacio político actualmente inexistente.
Zúñiga, al final, no representó ninguna fuerza más allá de sí mismo, a pesar de su discurso anti-evista y del alto cargo que aún podía intentar ostentar. Hubo, como siempre, muchas llamadas telefónicas e incluso se habló de un plan de intervención elaborado por la inteligencia militar, como también la hubo en Brasil en enero de 2023. Pero Zúñiga actuó sin estrategia y coordinación, fuera de tiempo, apresurado por la inminente destitución, individualmente, junto a unos cientos de soldados que le obedecieron directamente pero que no dispararon ni avanzaron contra el gobierno de Arce.
La desesperación de Zúñiga
Sectores favorables a Luis Arce resaltaron que este enfrentó cara a cara el intento de golpe de Estado del general Zúñiga, en medio del levantamiento, mientras que Evo Morales y García Linera abandonaron el país en 2019. La comparación es injusta, porque en 2024 no había el nivel de conflicto y violencia política de 2019. No hubo ninguna amenaza a la vida de Arce, sobre todo porque políticamente no es en él en quien el MAS y el gobierno se apoya. Como Alberto Fernández en relación con Cristina Kirchner, es esta fragilidad la que también alimenta la disputa interna que busca el retorno de Evo a la presidencia. Lo que sale a la luz es la rivalidad entre el presidente y el líder histórico del partido detrás de la crisis. Hubo declaraciones de Zúñiga en televisión el 24 de junio amenazando con una intervención militar si Morales era elegido, lo que motivó el pedido de Luis Arce a la renuncia del comandante, provocando el intento de rebelión.
Meses atrás, Evo Morales había denunciado operaciones de inteligencia relacionadas con el grupo Pachajcho, organizado desde el comando del ejército de Zúñiga. Morales advirtió que podrían aparecer pruebas en su contra y que podría ser eliminado físicamente. En un contexto de guerra fría con Arce, las declaraciones responsabilizaron indirectamente al actual presidente, que consideraba a Zúñiga un soldado leal, y lo había mantenido en el cargo durante la última renovación del mando de las Fuerzas Armadas. Las declaraciones contra Evo de Zúñiga en la televisión habían conducido, efectivamente, a la decisión de su destitución por parte de Arce, quien claramente no tenía ningún interés en escalar de esta manera el conflicto con Morales, prefiriendo buscar descalificar a Evo Morales a través de congresos partidarios, justicia electoral u otros medios políticos, fortalecido por la idea de que mide mejor que el líder histórico en las encuestas.
La inminente destitución que, planeó el gobierno, puede leerse como una victoria de Evo Morales y también una muestra de civilización no fratricida por parte de Arce. Quizás, de hecho, las operaciones contra Morales, en el Chapare, avanzaban por un camino que el gobierno del MAS no aprobaría ni autorizaría internamente, ni consideraba que los beneficiara. Esto nos lleva a pensar en el desenlace y la reacción de Zúñiga, ligada a especulaciones sobre el papel de las operaciones de inteligencia utilizadas en política. En este lugar hay que leer la reacción final de impotencia, con movimientos que no tienen claro si estaban en contra de la posible candidatura de Evo Morales, aún no confirmada, o también iban dirigidos contra Arce, esperando el apoyo de la población y sectores militares que no llegaron.
El día 26, en Plaza Murillo, Zúñiga pronunció un discurso contra la clase política pidiendo la liberación de los “presos políticos” de 2019, mencionando a los militares que se encuentran en prisión, Jeanine Áñez y Fernando Camacho. En medio del levantamiento, dijo en un momento que sólo buscaba el reemplazo de algunos ministros, aparentemente tratando de salvar a Arce quien, de hecho, no parecía ser el objetivo de toda la operación. Sin embargo, dijo a la prensa en el lugar, que entraría y ocuparía el Palacio. Con el intento golpista fracasado, acusó al propio Arce de planear un autogolpe, idea luego reproducida por sectores evistas y también por voces de la extrema derecha latinoamericana, adepta, como es sabido, a las versiones conspirativas[4].
Si la fuerza del gobierno de Arce aparece en el resultado de un intento de golpe incompleto, también es la fuerza de Evo Morales la que aparece detrás de los acontecimientos. Si el plan de Zúñiga parece preocupantemente posible en la América Latina actual, la falta de reacciones favorables es tranquilizadora. Incluso Jeanine Áñez y Fernando Camacho han criticado el movimiento de Zúñiga desde la prisión. La fuerza del MAS, además de Arce y Evo Morales, todavía parece controlar una situación de caos institucional y descontento que permitió el exabrupto de Zúñiga. Podemos decir que después de este episodio y de la presidencia de Jeanine Áñez, será necesario otro tipo de enfoque para superar la fuerza del MAS, todavía considerado la principal fuerza política del país, de manera más contundente que los partidos que apoyan a los gobiernos progresistas de Chile, Brasil y también que el kirchnerismo.
El golpe por el litio boliviano
La versión de que venían por el litio de Bolivia no tardó en aparecer en el imaginario político de la izquierda latinoamericana, que escuchó a la generala Laura Richardson, jefa del Comando sur del ejército norteamericano, decir en grupos de WhatsApp que América Latina es importante por su petróleo, el litio y el agua dulce que puede proporcionar.
También está el tuit de Elon Musk, posteriormente borrado, donde daba a entender que los gobiernos podrían ser derrocados cuando fuera necesario, en respuesta a alguien que acusaba a Estados Unidos de dar un golpe de estado contra Evo Morales para obtener litio para Musk. En el inconsciente colectivo latinoamericano quedó la idea, que hoy es rumiada, con el levantamiento de Zúñiga, de que a Evo lo derrocaron para que Estados Unidos tuviera el litio boliviano. Pero en la política boliviana el orden de los factores no es ese.
Es un hecho que la historia de las venas abiertas de América Latina es la de los poderes políticos locales bailando al son de los intereses de explotación, y comerciales, de los poderosos países del norte. En uno de los capítulos del libro de Eduardo Galeano, que Hugo Chávez regaló en su día a Barack Obama, el escritor uruguayo narra los detalles de cómo Estados Unidos garantizó el suministro de hierro barato al país del norte, obteniendo el 49% de la empresa estatal Companhia Vale do Rio Doce, para los capitales estadounidenses, en una trama que se vincula con el golpe de Estado de 1964 en Brasil.
Pero este imaginario, que emerge inmediatamente ante cualquier situación interpretada como un golpe de Estado, necesita adaptarse a la realidad de los actuales gobiernos progresistas que no interfieren en los negocios de las empresas capitalistas extranjeras. Dilma Rousseff entregó todo lo solicitado por los sectores políticos que luego la derrocarían, incluidos los derechos laborales y las concesiones de explotación petrolera, mientras el propio poder político se debilitaba. Asimismo, Evo Morales no tuvo una política contra la explotación del litio por parte de empresas privadas, lo que puede ayudar a eliminar esta interpretación sobre las motivaciones para derrocar al MAS, ahora o en 2019.
Es cierto que la disputa por las materias primas bolivianas hoy puede involucrar intereses chinos, en disputa, con empresas norteamericanas, rusas, indias y europeas occidentales. También es importante recordar que una de las medidas más importantes del primer gobierno de Evo Morales, en 2006, fue aumentar los impuestos a las empresas productoras de hidrocarburos, en el decreto denominado nacionalización, que, sin embargo, permitió a las empresas continuar funcionando, nacionalizando sólo la distribución. Estos impuestos ya habían aumentado de algo así como el 30% al 51% en 2005, durante la presidencia de Carlos Mesa, quien asumió después de la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada, y con Evo llegaron al 81%. El movimiento que llevó a Evo Morales al gobierno fue una revuelta popular, en 2003, contra Sánchez de Lozada, cuando intentó exportar gas boliviano a Estados Unidos.
Pero hoy, a diferencia de otros líderes latinoamericanos, como Petro en Colombia, ningún dirigente del MAS cuestiona el modelo extractivista con inversión de empresas extranjeras. Esto no significa que el mundo empresarial no interfiera en la política interna y en la diplomacia, y que eventualmente pueden alinearse con la oposición al MAS. Pero Evo Morales no enfrentó los intereses de los grupos de poder, especialmente después de poner fin a la disputa con la oposición de la Media Luna y aprobar la Constitución en 2009, cediendo en casi todos los puntos que podrían generar conflictos e inestabilidad, como las concesiones mineras, la reforma agraria y, también la reelección, que se limitaba a un mandato sucesivo.
Así como la US Steel poseía en 1964 el 49% de las acciones de Vale y el acceso al yacimiento de hierro en la Serra dos Carajás do Pará, argumentando que Brasil no tenía capital para hacerlo, Evo Morales firmó en 2019 un contrato con una empresa alemana que se llevaría el 49% de la producción boliviana de litio[5]. La resistencia del pueblo potosino contra la firma de este contrato acabo consiguiendo revertir la decisión y fue parte importante en el nacimiento del caldo social de organizaciones que se movilizaran contra la reelección de Evo Morales y García Linera.
Lo más importante para entender la crisis actual de Bolivia, parece estar relacionada con el fin de los buenos tiempos que trajo al Estado boliviano la aparición de reservas de gas a principios de los años 2000, lo que, unido a los altos precios y las ventas garantizadas, vía gasoducto, a los países vecinos, garantizaban una cierta bonanza de algunos años, en un Estado que poco antes sólo cerró sus cuentas con la ayuda de la cooperación internacional. En cualquier caso, aunque la nueva promesa son las reservas de litio, esto no está en juego en la actual crisis política[6].
La Crisis Política que Continúa Abierta
En 2019, la fuerza del movimiento contra la reelección de Evo logró derrocar al presidente. En 2024, el discurso de un militar que intentaba sumarse a este mismo movimiento no fue suficiente para dar un golpe de Estado. Es difícil imaginar otro resultado, cuando aún no se ha confirmado la candidatura de Evo Morales para las elecciones que tendrán lugar en agosto de 2025. Nadie hace un movimiento armado preventivo contra una candidatura no confirmada y con más de un año de antelación, arriesgándose a una detención que los militares de alto rango, como muestra la historia reciente de Bolivia en diferentes crisis, no logran evitar.
Con una justicia débil y fácilmente manipulable por los sucesivos gobiernos, la candidatura de Evo Morales fue autorizada en 2015, a pesar de la prohibición expresa en la Constitución, con el argumento de que era un derecho humano de Evo Morales poder postularse. Del mismo modo, una sentencia del Tribunal Constitucional interpreta ahora que no se permiten dos mandatos sucesivos, sino dos mandatos en cualquier momento, dejando al expresidente en una virtual situación de inhabilitación.
Por eso es más plausible pensar que el General Zúñiga intentó revertir su suerte lanzando una carta con pocas posibilidades de prosperar, como una salida desesperada en un contexto de crisis y sin apoyo internacional, ni plan para que nadie se quede con el litio mediante ese camino. Para los intereses reales del capitalismo y la geopolítica del suministro de energía, es necesaria una solución estable que hoy no requiere recurrir al ejército, ni derrocar gobiernos, pero que sólo un golpe de Estado podría proporcionar en los años 60 o 70, cuando los ejemplos de Cuba, Allende e incluso los gobiernos nacionalistas burgueses amenazaron los intereses capitalistas y el control político de la región.
Al mismo tiempo vemos que hoy la democracia es fuerte y no está en riesgo, precisamente porque es débil. Respecto a esto, más allá de la fuerza de una respuesta en el Twitter de Elon Musk, de las fuerzas de derecha e izquierda que se organizan con mensajes en WhatsApp, y que también se manipula la justicia para que alguien sea candidato o no, la fuerza está en el sistema capitalista, en el modelo extractivo e intereses que ningún gobierno cuestiona.
La insubordinación de Zúñiga no demuestra la posibilidad de un gobierno militar, ni la fuerza de los intereses capitalistas sobre los recursos naturales bolivianos. Pero sí da cuenta de una crisis política en la que, ni la derecha republicana liberal, ni la derecha conservadora de la Media Luna, ni el MAS, parecen tener herramientas para solucionarla. Es natural que los acontecimientos del 26 de junio remonten a la época de las dictaduras, porque el discurso político de la extrema derecha prepara a la población para ello, pero también es común ver los intentos desestabilizadores hundirse, no siendo necesarias para las bases del poder actual estas intervenciones más allá de la disputa entre sectores y grupos políticos por el control del gobierno y el acceso a los recursos estatales.
El movimiento Zúñiga es parte de una crisis política sin fin, donde el progresismo y la derecha se turnan en disputas de gobierno que no modifican la estructura del poder. Aunque el negocio de la minería maneja siempre un alto nivel de violencia e ilegalidad, para el capitalismo de Elon Musk, Biden y las grandes empresas mineras, invitadas a invertir en la región, un contrato aprobado en un gobierno que caería rápidamente o enfrentaría una movilización popular sin ningún apoyo no sirve. Por eso también no hubo una fuerza internacional que garantizara estabilidad política y fortaleza económica a Jeanine Áñez, ahora en la prisión, donde pronto también estarán Zúñiga y los pocos que lo siguieron.
La incertidumbre en torno a las elecciones de 2025 también podría generar situaciones de tensión política. No sabemos quién encabezará el próximo gobierno, pero sí sabemos que el litio será explotado sin importar el impacto ambiental, ni el sector político que lo autorice. La democracia es suficiente para un modelo de desarrollo y de negocios que funcione de manera estable más allá de los señores de la guerra, los golpes militares, las crisis económicas y la inestabilidad gubernamental.
[1] Según Zúñiga el domingo 24 de junio: “El presidente me dijo: la situación está muy jodida, muy crítica. Es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. ‘¿Sacamos los blindados?’ – ‘Sacá’, Luis Arce habría dicho como respuesta.
[2] https://desinformemonos.org/sentidos-de-la-eleccion-boliviana/
[3] https://nuso.org/articulo/307-evistas-versus-arcistas/
[4] https://x.com/i/web/status/1808110552624832630 e https://www.bbc.com/mundo/articles/c4ngxn45y0yo
[5] https://passapalavra.info/2019/11/129004/
[6] https://nuso.org/articulo/las-arcenomics-no-escapan-a-la-maldicion-de-los-recursos-naturales/
Imagem de Aizar Raldes/AFP.
*Salvador Schavelzon, es profesor del Programa de Postgrado en Integración Latinoamericana (USP) y Universidad Federal de São Paulo-Osasco.
El original salió en portugués en https://passapalavra.info/2024/06/153394
