Por Omar Vázquez Heredia
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A finales de 2022, el gobierno nacional parecía totalmente consolidado y con las condiciones para concretar su amenaza de adelanto de las elecciones presidenciales de 2024, que con ciertas concesiones democráticas terminaría en una legitimación de Maduro como presidente con reconocimiento interno y externo.
La consolidación de Maduro se daba en el marco de cuatro hechos: 1) Los acuerdos en la mesa de negociación de México, que permitieron por un lado la creación de un fondo estatal con recursos confiscados al Estado venezolano, administrado conjuntamente entre gobierno y oposición de derecha, y en el otro lado que el gobierno injerencista de Joe Biden le haya otorgado una licencia a Chevron para exportar petróleo venezolano a EEUU. 2) La división y debilidad de la oposición de derecha, que culminó en la disolución en enero de 2023 del intento de gobierno paralelo de Juan Guaidó. 3) La reducción de las protestas laborales en el último cuatrimestre del año. 4) La recuperación de cierta estabilidad del tipo de cambio y del índice de inflación.
No obstante, en los últimos días de 2022, comenzó una cotidiana depreciación del bolívar ante el dólar, que provocó una aceleración del aumento de los precios de los alimentos y bienes de higiene personal. Por supuesto, esto ocasionó un mayor deterioro de la capacidad de compra de los salarios y pensiones.
En ese marco, ante el reinicio de las actividades escolares después de las fiestas decembrinas, el 9 de enero las trabajadoras y trabajadores del sector educación convocaron a través de las redes sociales a protestas en las diferentes sedes del Ministerio de Educación. De manera inesperada, las manifestaciones fueron muy concurridas en la mayoría de las regiones de Venezuela y tenían como principal consigna: un paro nacional docente. Además, en Guayana, el mismo 9 de enero, los trabajadores de las empresas básicas también realizaron una protesta que paralizó a la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
Las referidas protestas laborales han recibido como respuesta gubernamental la represión y criminalización. En Guayana, fueron detenidos nueve trabajadores entre el 11 y 12 de enero, que solo fueron liberados cuando acordaron la desmovilización de la toma del portón 4 de Sidor. Por otra parte, han arreciado las amenazas de los supervisores del Ministerio de Educación en los centros educativos para amedrentar a las y los docentes.
No obstante, las trabajadoras y trabajadores de la educación ya tienen un mes movilizados, a pesar de que la burocracia sindical del sector negociador de la oposición de derecha ha evitado la conformación de los comités de conflicto y la convocatoria de paro nacional docente. Y los obreros de Sidor, han vuelto a realizar una paralización de la empresa estatal para exigir el cumplimiento de lo acordado con el gobernador Ángel Marcano el 14 de enero.
A pesar de las masivas protestas, el gobierno de Maduro sigue con su política antiobrera de reducción de la inversión pública en salarios y pensiones y de bonificación salarial en las empresas privadas; que para complementar los ingresos laborales de sus trabajadoras y trabajadores pagan bonos en dólares pero sin ninguna incidencia en el cálculo de vacaciones, utilidades y prestaciones sociales.
Entonces, hoy en día, el salario mínimo y la pensión mensual solo son 130 bolívares, 5.67 dólares; porque el tipo de cambio oficial esta en 22.90 bolívares por cada dólar. Muy lejos de la canasta básica que se calcula en cerca de 600 dólares al mes.
En ese sentido, Maduro rechazó decretar un aumento del salario mínimo y las pensiones en la reunión del llamado diálogo social, efectuada entre finales de enero y comienzos de febrero de este año 2023, con la mediación de la OIT y la participación de la burocracia sindical oficialista y del sector negociador de la oposición de derecha y la cámara empresarial, Fedecámaras.
Sin embargo, las protestas laborales siguen a principios de febrero, reclamando un salario igual a la canasta básica y cumplimiento de los contratos colectivos. Además, han cambiado la agenda política de Maduro, que ha cuestionado el diálogo en México por la falta de entrega de los recursos del nuevo fondo estatal y afirmado que la convocatoria de las elecciones presidenciales podría depender del levantamiento de las sanciones económicas de EEUU, porque según sus palabras no se pueden realizar mientras persista una situación de agresión internacional contra el país.
Los sectores de la oposición de izquierda como el PSL, nos hemos sumado a las protestas laborales con las cuales comenzó el 2023, exigiendo un salario igual a la canasta básica, contratos colectivos, derogación del memorando 2792 y las tablas de la Onapre, libertad para las trabajadoras y trabajadores presos y levantamiento de las sanciones económicas extranjeras. Mientras proponemos la organización de comités de conflicto y la necesidad de organizar un paro nacional docente de 48 horas, que escale en caso no haber respuesta del gobierno. Pero, la burocracia sindical del sector negociador de la oposición de derecha se niega a convocar el paro nacional docente, y sigue desgastando la fuerza de las y los docentes en la calle.
En la pinza conformada por la política antiobrera y la represión de Maduro y la estrategia conciliadora de la burocracia sindical del sector negociador de la oposición de derecha, se encuentran atrapados las trabajadoras y trabajadores de la educación y demás sectores de la administración estatal.
As obras que ilustram o artigo são de Jesús Rafael Soto.
