Por Raúl Zibechi
El régimen Ortega-Murillo aplica una política de venganza contra los opositores, en particular contra aquellos que pertenecieron al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). No parece importarles que algunos de ellos se jugaron la vida para liberar de la prisión a Ortega durante el proceso revolucionario, sino que revela también hasta dónde puede llegar el odio de los dictadures.
El caso de la ex comandante Dora María Téllez, la presa más emblemática durante 605 días, es una muestra del odio. En su celda en la cárcel El Chipote, la oscuridad era casi absoluta, apenas un resplandor “que no dejaba ver bien la mano”; ni siquiera les permitían saber la hora, no podía tener libros, papeles ni lápices según relató en su primera entrevista (El País, 10-II-23).
Dormían sobre colchonetas sobre el suelo frío, no tenían toallas, y se secaban con su ropa. Téllez recuerda que acabó perdiendo la voz porque apenas hablaba un minuto al día con los guardia. Asegura que las mujeres tenían un trato diferente, más cruel y riguroso. Durante los tres primeros meses no recibió visitas y luego eran irregulares, sin saber nunca cuándo las recibiría, lo que aumentaba la incertidumbre de los prisioneros. Dice que los varones nunca estuvieron en régimen de aislamiento más de dos meses, pero las mujeres lo estuvieron durante todo el tiempo, lo que a su juicio es una muestra del “odio visceral” hacia las mujeres y en particular hacia las feministas.
Control social
El tipo de control ha sido muy distinto de las dictaduras que conocimos en el Cono Sur de América Latina y se intensificó luego de la revuelta de 2018. Uno de los dirigentes de la oposición, el politólogo Guillermo Incer Medina miembro de la opositora Unidad Azul y Blanco, señala que durante meses vivió un mes de asedio ininterrumpido en su casa por parte de la Policía Nacional. “Entre seis y ocho policías, a veces de civil y a veces de uniforme, llegan todos los días desde las seis de la mañana hasta el medio día o hasta el final de la tarde. La orden es no dejarme salir de la casa, interrogar a todo el que llega e informar de mis movimientos”, relata (Revista Envío Nº 470, mayo de 2021).
La modalidad “casa por cárcel”, situación que atraviesan cientos de personas, implica confinar a la persona en su vivienda con vigilancia policial y de vecinos identificados con la dictadura, que pueden paramilitares o militantes del FSLN. Este tipo de asedio genera un fuerte daño al tejido social. , ya que hace emerger las diferencias entre vecinos. Según Medina, “los simpatizantes del régimen se aseguran de estigmatizarte como ´golpista y terrorista´, se encargan de hacer notar que quienes ´arruinaron la paz´ están ahora controlados y que no permitirán nuevamente otro relajo provocado por el imperio y la derecha”.
Los que siguen apoyando al sandinismo, que se estiman en menos del 20 por ciento de la población según los institutos de opinión pública, “colaboran con los policías llevándoles comida, bebidas y prestándoles el baño frente a ojo y paciencia de los demás vecinos”. El relato de Medina eleva la cifra de afectados de forma vertical, ya que considera que el asedio a una familia afecta a toda una cuadra. Concluye señalando que en Nicaragua puede haber hasta 60 mil personas afectadas indirectamente por el asedio policial a los opositores, ya que en torno a cada vivienda y familia asedias, se mueven patrullas y perros policía y que las niñas y niños no pueden salir a jugar a la calle y toda la vida del entorno se ve afectada.
Burguesía emergente
Cuando retornó al gobierno en 2007, Ortega se dedicó a construir “una alianza estratégica con el gran capital privado y el Ejército, y poner en marcha un entramado de dispositivos de vigilancia y control social para contener cualquier expresión de descontento” (Nueva Sociedad Nº 300, julio-agosto 2022). Pero esa alianza fue lubricada con los fondos provenientes de la cooperación venezolana y se estima que cerca de 80% de los más de 3.400 millones de dólares “fueron privatizados en un periodo de ocho años a través de un holding de empresas denominado Alba de Nicaragua (Albanisa), manejado directamente por familiares y personas de confianza de Ortega y Murillo, su esposa, primera dama y vocera gubernamental”.
La excomandante Mónica Baltodano, estima que el grupo en torno a Ortega y Murillo se reduce a unos 200 fieles, pero tienen mucho poder ya que “están con el gran capital porque ahora ellos son un grupo capitalista importante y el gobierno representa esa comunidad de intereses que tiene hoy la nueva oligarquía sandinista junto con la oligarquía tradicional y el gran capital transnacional” (Envío Nº 382, enero de 2014).
Ese grupo de fieles (una nueva burguesía de hecho) consiguió controlar con apoyo del Estado, la distribución de combustibles, la generación y distribución de la energía eléctrica, la exportación de café, carne, leche, azúcar, madera y otros productos, estratégicos para la economía nicaragüense. Los militares, por su parte, participan en estos negocios a través del Instituto de Previsión Social Militar en la construcción y la exportación de madera y carne, con anuencia del gobierno Ortega-Murillo.
Según las investigaciones de diversos medios, la fortuna de Ortega supera los 2.500 millones de dólares por su participación en Bancorp y Albanisa (Alba de Nicaragua SA), que conformaba un grupo de empresas con negocios en la importación de petróleo venezolano (Confidencial, 9 de abril de 2016). La que se considera como la mayor estafa en la historia del país, consistió en la apropiación de los fondos de la cooperación venezolana, a través de ambas empresas.
“Albanisa se constituyó como un subterfugio fraudulento para privatizar, en favor de Ortega, los fondos de la cooperación petrolera venezolana”, señala el informe de Confidencial en base a datos del Banco Central. Los fondos se canalizaron a través de empresas privadas, a pesar de que tenían su origen en un convenio internacional ratificado por las asambleas legislativas de Nicaragua y Venezuela.
Albanisa tiene dos socios: Pdvsa, con un 51 por ciento, y Petronic, con el 49 por ciento. “El monto total de los créditos canalizados por Albanisa, a junio del 2018, se aproximan a 4.000 millones de dólares. En los tiempos de las vacas gordas promediaron 500 millones de dólares anuales, libres de polvo y paja. Un capital líquido que Ortega gestionó a su arbitrio, como capital privado” (Confidencial, 13 de febrero de 2019).
Gracias al apoyo del poder político, Albanisa incursionó en un amplio abanico de negocios: Albageneración, que prontamente se transformó en la principal empresa generadora de energía eléctrica. Albadepósitos, dedicada a la importación, almacenamiento y distribución de petróleo y derivados. Albaforestal, cuyo negocio es la madera. Albaequipos (Econsa), empresa de servicios y construcción. Según los especialistas, la joya de la corona orteguista es el Banco Corporativo, Bancorp, que se encarga de administrar el conjunto de “empresas Alba”.
Casi todos los hijos del matrimonio Ortega-Murillo participan en empresas. “Ocho de los nueve hijos de la pareja presidencial nicaragüense tienen rango de asesores, controlan el negocio de la distribución del petróleo y dirigen la mayoría de los canales de televisión y compañías de publicidad que son beneficiadas con contratos estatales” (El País, 18 de abril de 2021). Pero están sujetos a los dictados de Rosario Murillo, que ya excomulgó a la mayor, Zoilamérica, por que denunció a su padrastro por abuso sexual en 1998 y debió exiliarse en Costa Rica desde 2013, perseguida por su madre.
La ilusión del poder
Según la investigadora nicaragüense Elvira Cuadra Lira, la dictadura completa los acuerdos por arriba con empresarios con “un sistema de dispositivos para la represión, la vigilancia y el control social con el propósito de contener cualquier expresión de descontento entre la población” (Nueva Sociedad Nº 300). Además de utilizar a la Policía y al Ejército para esas tareas de control, se han creado colectivos paraestatales como los llamados grupos de choque -organizados con jóvenes simpatizantes que desde 2008 salieron a las calles a golpear y agredir a ciudadanos que protestaban-, los Consejos del Poder Ciudadano y los Comités de Liderazgo Sandinista, organizados en barrios e instituciones públicas para vigilar a las personas desafectas al gobierno”.
Hasta la revuelta juvenil y popular de 2018 Ortega mantuvo la estabilidad del país y gozó incluso de amplias simpatías internacionales, tanto de las izquierdas del continente como de la Casa Blanca. Destaca el apoyo contundente del FMI a la dictadura, que se mantiene y renueva hasta el día de hoy. Como concluye Cuadra Lira, la dictadura era funcional ya que “permitía mantener la estabilidad y el crecimiento económico, además de la formalidad democrática institucional”.
Pero en abril de 2018 todo cambió, cuando el descontento ganó las calles contra el anuncio de reformas a la seguridad social que afectaban a jubilados, cotizantes y empleadores. La represión se cobró más de 300 muertos, 1.200 heridos y cientos de detenidos. El control social se volvió asfixiante al punto que más de cien mil personas se han exiliado y 300 mil han salido del país desde 2018. Al menos 120 periodistas nicaragüenses se marcharon al exilio y decenas de religiosos huyeron o fueron desterrados. Finalmente el Vaticano rompió con Ortega y éste suspendió las relaciones.
Por otro lado, la ruptura con el empresariado, a raíz de la crisis pos 2018, podría ser la antesala de la llegada de capitales chinos que pueden ocupar un lugar de privilegio en Nicaragua. Debe recordarse que el aislamiento interno es casi total, a tal punto que en las últimas elecciones presidenciales el 80% se abstuvo de acudir a las urnas pese a las amenazas y presiones, con lo que el apoyo de grandes potencias como China o Rusia puede ser decisiva para el futuro del régimen.
Aunque algunos piensan que Ortega está completamente aislado y a punto de caer, no deben subestimarse los respaldos que aún mantiene. En particular entre una parte de los gobiernos de izquierda (Venezuela, Cuba y Bolivia), pero también entre movimientos y partidos que prefieren el silencio antes que la condena. No son pocos, pero ya no se atreven a defender directamente a la dictadura ni apoyar las evidentes violaciones a los derechos humanos, sino escudarse en que no conocen bien la situación, o que el imperialismo puede beneficiarse de las críticas a Ortega y Murillo.
Una ética de “mirar hacia otro” lado, que le está haciendo un enorme daño al pueblo nica, pero que también está hundiendo la credibilidad de esa izquierda estatista que, un siglo después, está dispuesta a recorrer el mismo camino de Stalin en la Unión Soviética.
Traduzido para o português AQUI.
Las obras que ilustran el artículo son de June Beer (1935-1986)
